Latinoam�rica

 Sobrevivientes no se cruzan de brazos

El gobierno de Colombia insiste en que la actual desmovilizaci�n paramilitar constituye la primera acci�n de este tipo que toma en cuenta el reclamo de justicia. Pero v�ctimas de la violencia y activistas replican que en los �ltimos a�os no han esperado que justicia y verdad les cayeran del cielo.
      La Ley de Justicia y Paz, aprobada por el parlamento la semana pasada para reglamentar la entrega de armas y desmovilizaci�n de unos 10.000 paramilitares (agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), es considerada muy laxa por sus cr�ticos.
      V�ctimas de la violencia, opositores, agencias de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU) y grupos de derechos humanos no ven en ella mecanismos reales para recabar la verdad sobre los ataques a civiles perpetrados desde el surgimiento del paramilitarismo, en 1982, en el marco de la guerra civil colombiana de m�s de cuatro d�cadas.
      Ante la aprobaci�n de la ley, el presidente del Comit� Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el psiquiatra y escritor Jos� Guti�rrez, y el jurista Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo, presentaron este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe para que ese tribunal internacional juzgue los cr�menes paramilitares.
      "La lucha por la verdad y por la justicia en estas �ltimas d�cadas" ha sido sostenida por los sobrevivientes de atentados, torturas y desplazamiento, familias y comunidades de muertos y desparecidos, activistas y organizaciones sociales y pol�ticas, afirma el sacerdote jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos del Centro de Investigaci�n y Educaci�n Popular (Cinep).
      El informe "Colombia: deuda con la humanidad - Paramilitarismo de estado 1988-2003", publicado por el Banco de Datos en diciembre de 2004, lista 12.398 ejecuciones extrajudiciales, 2.121 desapariciones forzadas y 1.339 casos de tortura cometidos en 15 a�os por el paramilitarismo.
      Otras fuentes no gubernamentales calculan en 2.000 los asesinatos cometidos por paramilitares a partir del cese del fuego del 1 de diciembre de 2002, exigido por el gobierno del derechista �lvaro Uribe para negociar la desmovilizaci�n de las AUC.
      Las v�ctimas han promovido la firma y la ratificaci�n de algunos tratados internacionales que hoy sirven de apoyo a sus demandas, como la Convenci�n Interamericana sobre la Desaparici�n Forzada de Personas, ratificada por Colombia en abril de este a�o.
      Los sobrevivientes tambi�n anotan como logro que el pa�s sea parte del Estatuto de Roma, que estableci� la CPI en julio de 2002 para entender en cr�menes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
      Sobrevivientes y activistas creen que su labor determin� la presencia desde 1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
      Tambi�n se�alan los pronunciamientos anuales de la Comisi�n de Derechos Humanos de la ONU, de cuyo contenido dependen hoy millonarias donaciones de gobiernos extranjeros.
      A trav�s de la figura de la tutela, introducida en la Constituci�n de 1991, las v�ctimas han conseguido varios fallos que sentaron jurisprudencia, emitidos por la Corte Constitucional.
      La Corte ratific� garant�as para los desplazados por el conflicto, m�s de tres millones en este pa�s, estableci� el derecho de familiares de las v�ctimas y de otras personas no afectadas a constituirse en parte civil en procesos preliminares de investigaciones, y dictamin� sobre la responsabilidad directa de las autoridades, por omisi�n, en muchos cr�menes pol�ticos y de lesa humanidad.
      En 2004, la Corte Constitucional impuso restricciones a los ataques verbales de funcionarios contra defensores de derechos humanos y comunidades.
      En 2001, la Corte hab�a reconocido que el crimen de genocidio pod�a aplicarse al exterminio de organizaciones pol�ticas, aunque el derecho internacional lo restringe a la eliminaci�n sistem�tica de un "grupo nacional, �tnico, racial o religioso".
      El fallo se refiri� a los asesinatos de unos 4.000 miembros del Partido Comunista y de la izquierdista Uni�n Patri�tica, proceso en etapa de "soluci�n amistosa" entre el Estado y portavoces de las v�ctimas, por orden de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
      La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos "han dictado muchas resoluciones que nos ayudan, sobre todo medidas cautelares y provisionales que (...) han obligado al gobierno a crear espacios interinstitucionales internos para concertar" con los afectados, record� Giraldo en un encuentro nacional que culmin� el s�bado con la creaci�n del Movimiento de V�ctimas de Cr�menes de Estado.
      Ambas entidades dieron pie a comisiones locales de investigaci�n de cr�menes, que han fracasado, seg�n Giraldo, siempre que "se espera que sea la justicia interna la que d� la soluci�n y la que dicte las sanciones".
      El �nico avance parcial fue el de la Comisi�n de Investigaci�n de los Sucesos Violentos de Trujillo, por la matanza de unos 300 habitantes rurales del municipio de ese nombre en el occidental departamento del Valle del Cauca, entre 1988 y 1990.
      La Comisi�n Trujillo reuni� por tres meses de 1994 a delegados de 11 entidades gubernamentales y estatales y de siete no gubernamentales, a instancias de la CIDH.
      Por su car�cter extrajudicial, "rompi� el esquema de la verdad procesal y judicial (y logr�) analizar a fondo los expedientes que ya hab�an absuelto a todos los victimarios", llegando "a conclusiones completamente opuestas" a las que fundamentaron las absoluciones, seg�n Giraldo.
      La Comisi�n Trujillo responsabiliz� al Estado, cargo que el presidente Ernesto Samper (1994-1998) acept�, ordenando medidas de reparaci�n que se cumplieron parcialmente.
      Miembros de la Comisi�n promovieron una ley que dispuso la obligatoriedad de la reparaci�n estatal, cuando �sta fuera exigida por un tribunal.
      Se trat� de "un aporte m�s que todo a la verdad, pero no a la  justicia", pues los delitos siguen impunes, "a pesar de las recomendaciones de la Comisi�n, que se�al� caminos concretos para superarla", dijo Giraldo.
      Desde la presidencia de Andr�s Pastrana (1998-2002), las autoridades no volvieron a aceptar comisiones mixtas extrajudiciales nacionales.
      En cambio, existen los tribunales de opini�n, no vinculantes, como el Tribunal contra la Impunidad de Cr�menes de Lesa Humanidad, un proyecto de organizaciones de 12 pa�ses de Am�rica Latina que sesion� en 1989 y 1991.
      Se han realizado una decena de tribunales internacionales de opini�n sobre Colombia, que permiten escuchar "realmente" a los testigos, y recopilan y lanzan p�blicamente elementos probatorios, seg�n Giraldo.
      Un tribunal reunido en 2000 en la ciudad estadounidense de Chicago para tratar un bombardeo de la fuerza a�rea colombiana sobre el caser�o de Santo Domingo, en la nororiental frontera con Venezuela, incidi� en la destituci�n de oficiales responsables.
      En 1992, 10 organizaciones no gubernamentales europeas y la Federaci�n Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos reunieron en un tomo el registro "de m�s de 300 victimarios colombianos miembros del ej�rcito o de la polic�a nacional, con sus hojas de vida y los cr�menes en los que hab�an participado", rememor� Giraldo.
      "Muchas embajadas tomaron este libro como referente obligado para cuando el gobierno colombiano mandaba sus consultas sobre los agregados militares. Sabemos de muchos casos en que este libro sirvi� para que le fuera negado el agreement (venia diplom�tica) a estos represores", agreg�.
      �ltimamente, en comunidades declaradas en resistencia a la guerra surgi� la controvertida propuesta de no colaborar m�s con el aparato judicial.
      Esa fue la reacci�n de la Comunidad de Paz de San Jos� de Apartad�, luego que ante m�s de 500 cr�menes, "el aparato judicial ha respondido con formalismos que jam�s han llevado a un solo acto de justicia", dijo Giraldo.
      Para el sacerdote y jurista "no hay que esperar a que los estados, los mismos victimarios, conviertan la verdad en verdad oficial, la unjan y le den validez. D�mosle validez nosotros, salvemos esa verdad desde nosotros mismos", agreg� y propuso "maneras de sanci�n social, sanciones �ticas".
      La Ley de Verdad y Justicia que a�n no ha sancionado Uribe califica los cr�menes paramilitares como de origen pol�tico, aligera las penas notablemente y prev� una instancia ante los tribunales, donde cada acusado efectuar�a una confesi�n para acogerse a los beneficios. Tambi�n establece un fondo para reparar a las v�ctimas.
      Pero fija un plazo perentorio y muy breve (60 d�as) para que 20 fiscales investiguen delitos cometidos por miles de miembros de las AUC, y no contiene mecanismos ciertos para verificar que los mismos no vuelvan a sumarse a acciones armadas, afirman los cr�ticos.
      La ley nada establece acerca del esclarecimiento del origen del paramilitarismo, sus fuentes de financiamiento, sus v�nculos con el narcotr�fico, sectores econ�micos o fuerzas de seguridad, a�aden.
      Para Giraldo, es hora de buscar la salida m�s all� de los mecanismos establecidos de justicia. "La verdad sobre las v�ctimas solamente est� all� en las v�ctimas, no en otra parte", asegur�. (FIN/2005)
 

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