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España-Estados Unidos-Colombia: Una alianza estratégica paramilitar
Hugo Gómez
Lo mismo que el anterior Presidente Aznar, pero desde la perspectiva imperial
europea, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho de la intervención en
Colombia una opción especialísima de su política exterior.
El Ministro de Justicia español Juan Fernando López Aguilar, en su reciente
visita a Washington, donde se entrevistó con el Fiscal General del Estado y el
director del FBI, Robert Mueller; y con el Fiscal colombiano, anunció el
lanzamiento de " un eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista
entre España, Estados Unidos y Colombia", porque " los tres países tienen la
misma prioridad y determinación contra el terror". ( El País, edición del 7 de
mayo de 2005).
" Nos ponemos - manifestó - enteramente a disposición de nuestro aliado
estratégico en esta lucha para el refuerzo de la cooperación y aportamos el
activo de España en otras esferas, como en norte de Africa y, sobre todo, el
ámbito latinoamericano".
El águila oculta del escudo español, vuela a posarse al lado de la otra
imperial, más veterana.
Significa, que España pone a disposición de su "aliado estratégico" todo su
"activo" en influencias, participaciones e inversiones transatlánticas, del
orden cultural, político, judicial, policial y económico, para contribuir , si
mal no ha de entenderse, a la derrota del la insurgencia popular armada,
contemplada como el principal enemigo, el peor obstáculo a la inversión y
expansión "pacíficas" de las grandes corporaciones multinacionales ,
primordialmente financieras y de servicios, entre las cuales las españolas
ocupan un óptimo lugar en beneficios económicos..
En ese contexto, la irrestricta servidumbre militar que ofrece el gobierno
español de Rodríguez Zapatero a su aliado estratégico estadounidense, expresa
inequívocamente la más absoluta coincidencia y uniformidad de criterios y de
objetivos estratégicos de España y Estados Unidos, desde una compartida visión y
defensa imperialistas de sus intereses económicos en la sangrante tierra
colombiana. Las águilas clavan sus garras.
Como no podía ser de otra manera, esta concreta empresa -cruzada, de
intervención militar, se anuncia bajo el signo de la lucha contra el terrorismo,
ese magma total que, a juicio del tripartito aliado, planea siempre amenazador
sobre el planeta y que, en el caso colombiano, al entender de sus intereses, se
encarna diabólicamente en las formaciones beligerantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Ejército de
Liberación Nacional (ELN),ambas organizaciones declaradas terroristas durante
los gobiernos hispano-colombianos de Aznar-Pastrana e inscritas en las listas
negras de los Estados Unidos y La Unión Europea.
Aunque figurando en las mismas listas negras, distinta consideración merecen las
así mismas llamadas "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), aliados tácticos
paramilitares del gobierno de Uribe Vélez, con quienes, en cambio, se negocia su
"pacífico reacomodo como "empresarios agrícolas" en el territorio arrebatado
violentamente por ellos al campesinado, y se les asigna nuevas funciones, esta
vez "pacíficas", de policía, en las zonas dominadas por ellos, para la
protección de la propiedad terrateniente y de las ricas posesiones de las
corporaciones capitalistas internacionales.
Sirve de pretexto y justificación a la acción militar mancomunada de los aliados
"trinitarios, por tanto de la irrupción militar española en el escenario
colombiano, una visión peculiar del fenómeno, originaria de la Casa Blanca y
elevada a rango de doctrina, según la cual lo que en realidad existe en el
panorama colombiano, con peligro de extenderse a otras naciones limítrofes, es
la actividad criminal de terroristas, enemigos de la democracia y de la
libertad, inscrita en la estrategia global del terrorismo internacional, frente
a los cuales no cabe diálogo ni pacto algunos, y solo es superable mediante el
aniquilamiento militar y exterminio de sus actores.
Desde esa perspectiva antiterrorista, y contrariamente a lo que vienen
reconociendo las más elevada instancias públicas y privadas, de entidades,
organismos y personalidades internacionales que han participado en la
elaboración de un diagnóstico acerca de la violencia en Colombia y de las
posibles soluciones a ese conflicto, se viene negando la existencia de un
conflicto armado en Colombia, expresión, a su vez, de un conflicto político y
social que enfrenta al pueblo colombiano con el Estado y sus clases dirigentes
desde hace más de cincuenta años, y cuya solución pasa por la vía de una
negociación política que contemple profundas reformas en las esferas de lo
político, lo económico y lo social.
Esa concepción antiterrorista de Estado encuentra su traducción represiva en la
denominada "seguridad democrática", doctrina y práctica estatales del más puro
contenido policiaco, de intervención y criminalización de todas las actividades
políticas y sociales independientes, de la ciudadanía, concebida e implementada
por el gobierno del Presidente Uribe Vélez en consonancia con las orientaciones
trazadas por el Departamento de Estado de los Estados unidos..
La Comisión Internacional de Juristas, al concluir su misión de alto nivel en
Colombia hacia finales de enero de este año, emitió un comunicado en el que
denunciaba la política gubernamental, tanto en la forma como se vienen llevando
a cabo las "desmovilizaciones" y "reinserciones" de los paramilitares , como en
lo referente a la negación del conflicto armado por el gobierno y la
implementación de la política de la "seguridad democrática".
La Comisión Internacional de Juristas considera que "el proceso y el marco legal
existentes niegan totalmente los derechos de las víctimas a la justicia, la
verdad y la reparación. No contemplan un mecanismo eficaz de verificación de la
desmovilización que permita que la población pueda recuperar sus bienes"
Afirma que "aunque el gobierno niegue la existencia de un conflicto armado,
esta afirmación no corresponde a la realidad. El país sigue viviendo una crisis
humanitaria. Con 3 millones de personas internamente desplazadas, Colombia es el
tercer país del mundo con mayor desplazamiento forzado después de Sudán y la
República del Congo. La implementación de la política de "seguridad democrática"
en el nombre de la lucha antiterrorista, ha generado una degradación de la
situación de derechos humanos, y en particular la práctica sistemática de
detenciones arbitrarias, masivas o individuales, por parte de la fuerza
pública". "En Arauca, la presencia de la fuerza pública es muy fuerte y se ha
podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en
información proveniente de miembros de la red de informantes o reinsertados,
quienes a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos"
Y pedía a la comunidad internacional que no respaldara una política de seguridad
que, en vez de fortalecer el estado de derecho, socava sus principios básicos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización no
gubernamental, reconocida como entidad consultiva general de las Naciones
Unidas, en su exposición escrita presentada en el 61 periodo de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos, denunciaba "la utilización de la violencia contra
los defensores de los derechos humanos, tales como abogados, sindicalistas,
líderes comunitarios, grupos campesinos e indígenas y periodistas". Y agregaba
que: "esta situación de permanente amenaza y acoso hacia los grupos
comprometidos en la defensa y promoción de los derechos humanos se enmarca en la
estrategia llamada de "seguridad democrática" por parte del gobierno colombiano,
que bajo la rúbrica de la lucha contra el terrorismo, equipara a los defensores
de los derechos humanos con terroristas o voceros de éstos. Y expresaba su
preocupación "ante una equiparación, la cual en el contexto de abierta violencia
en Colombia supone una grave amenaza para los defensores de derechos humanos al
situarlos directamente como objetivos de grupos armados".
En una reciente Declaración de las ONG y Organizaciones sociales colombianas,
suscrita, además, por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de
Abogados "José Alvear Restrepo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
la Corporación Colombiana de Teatro, el Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Proceso de
Comunidades Negras y otras 80 asociaciones más, de profesionales, cívicas ,
religiosas y populares, se denunciaba al gobierno de Uribe Vélez por las
"violaciones contra poblaciones específicas" y por la "militarización de la
sociedad." Así, respecto de lo primero, manifestaban que: "El Gobierno no ha
tomado medidas para garantizar la seguridad y los derechos de sindicalistas, que
siguen siendo asesinados, amenazados y detenidos arbitrariamente; mujeres,
jóvenes y niñas, víctimas de violencia sexual y discriminadas en su
participación política y social; pueblos indígenas, objeto de genocidios y
etnicidios; lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, discriminadas
sistemáticamente; y comunidades afrodescendientes, que continúan siendo atacadas
y perseguidas"
Y en cuanto a la militarización de la sociedad, denunciaban que: "La población
civil continúa siendo utilizada para la guerra. El Gobierno pretende convertir a
todas las personas en combatientes". "La implementación de la política de
seguridad ha significado el aumento del pie de fuerza y la utilización de
estrategias contraguerrilleras que afectan a la población civil, desconociendo
los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y el deber de
protección de la ciudadanía". "En operaciones militares de la Fuerza Pública,
como la segunda fase del Plan Patriota, se han desconocido derechos de la
población. Continúan implementándose programas como la red de informantes, el
reclutamiento de soldados campesinos y la extensión del servicio militar a
sectores vulnerables. El Gobierno utiliza empresas de seguridad y vigilancia
privada en labores de inteligencia"
Todo el país y la opinión pública mundial han quedado conmocionados por la
masacre de San José de Apartadó, región de Urabá, la región más castigada y con
la mayor presencia paramilitar de las llamadas "Autodefensas Unidas de
Colombia", donde fueron exterminadas dos familias de sindicalistas campesinos,
resultando horripilantemente asesinados mujeres y niños de corta edad. Treinta
académicos, juristas, artistas y personalidades de Europa, América Latina y
Estados Unidos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel;
obispos, teólogos y sacerdotes, la mayoría de ellos españoles, en una carta
abierta al Presidente Uribe lo responsabilizaron de esta masacre perpetrada por
la XI Brigada militar del ejército con ayuda de los paramilitares de la zona, y
atribuyeron al Presidente Uribe la responsabilidad por lo que pudiera pasarles a
los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia, quienes han recibido
amenazas de muerte después de haberlos tildado el Presidente de terroristas y
colaboradores de la guerrilla, lo mismo que a los pobladores del lugar. Igual
protesta y condena hizo pública el 1º de mayo la Comisión Española de Ayuda a
los Refugiados - CEAR.
Del lado del gobierno español y de los dirigentes políticos, ninguna protesta
oficial o petición de explicaciones al gobierno de Colombia; apenas una trivial
y somera información, sin titulares destacados, en falsimedia, la prensa oficial
de la casta politico-económica española.
Se supone que el Presidente de gobierno del Reino de España, Rodríguez Zapatero,
está servido por un eficiente cuerpo de espías y analistas en el exterior,
quienes, con sus agentes diplomáticos, le brindan un excelente, actualizado e
informatizado conocimiento de la realidad colombiana. Conoce, por consiguiente,
cual es el comportamiento político del gobierno colombiano y la política de
terror que éste despliega frente a los colectivos :campesinos, étnicos,
sindicales, profesionales, religiosos y de Derechos Humanos, que luchan por las
reformas sociales, los derechos políticos, la soberanía nacional, el derecho a
la autodeterminación y la paz. Hecho público notorio es la línea de complicidad
del gobierno Uribe y de su ejército con los escuadrones paramilitares de las
autollamadas " Autodefensas Unidas de Colombia", cuyos horripilantes crímenes
quedan en la impunidad.
Pero no solo guarda silencio frente al hecho de las violaciones de los derechos
humanos y del Derecho Internacional Humanitario, del gobierno colombiano. Ha
viajado a Colombia acompañado y asesorado por un elenco de expertos políticos,
policías, juristas y asesores económicos, para tejer con los homónimos del
gobierno colombiano una urdimbre de pactos variopintos, en la dirección
estratégica de consolidar y expandir "los intereses de España" en Colombia. En
esa línea estratégica, se une al más desacreditado de los liados en la zona, los
Estados Unidos de Norte América.
En unidad ventrílocua con los Estados Unidos, el Presidente Rodríguez Zapatero
presta y proclama su más absoluto apoyo al gobierno del Presidente Uribe y a su
tenebrosa política de "seguridad democrática", denunciada por todos los
demócratas del mundo.. Participa del represivo Plan Colombia y engrasa su
maquinaria militar para la comprometida interposición de fuerzas militares
españolas en territorio colombiano, que lo será, en el nombre, como no podría
ser de otra manera, de " la paz", los "derechos humanos" y el "derecho
internacional humanitario".
Y todo ello, mientras en nombre y por encargo de su aliado estadounidense trata
de "neutralizar" y "apaciguar" al otro "ogro" del Caribe, que con su política
Bolivariana de apoyo a los pueblos de Sur América pone en peligro la seguridad
de las inversiones españolas, europeas y norteamericanas en la región.
Esa ejemplar disposición del gobierno de España , de servir y prestar buenos
oficios a su "aliado estratégico" estadounidense en esta concreta empresa de
"pacificación" de Colombia; aquella insólita y deforme proclamación española de
guerra del ministro español desde el territorio del principal depredador del
mundo y de la patria de los colombianos; esas visitas "discretas", cada vez más
constantes de los responsables españoles de los ministerios emparentados con los
homónimos ministerios de la represión en Colombia: interior, justicia y defensa
; la total identificación de Rodríguez Zapatero con la política de Uribe Vélez,
proclamada oficialmente en su reciente visita a Colombia, con ofrecimientos de
ayuda financiera, dotación y asesoramiento militares, logística y asesoramiento
"antiterrorista"; su apoyo expreso a los planes de represión masiva: los
llamados "Plan Colombia" y Plan Patriota", inspirados, dirigidos y participados
por el gobierno de los Estados Unidos; la creación, tras las visitas a Colombia
de los ministros de Interior y Justicia españoles, de organismos parajudiciales
y parafiscales de composición mixta, de jueces y fiscales colombianos y
españoles, para la mutua colaboración en la represión del "delito" y el
"terrorismo"; todo ello muestra la verdadera faz de la política exterior
agresiva e intervencionista del Estado español en los asuntos de Colombia y su
incorporación abierta y directa en la represión del pueblo colombiano., en
estrecha y activa alianza con el peor enemigo de la nación colombiana a lo largo
de toda su historia, el imperialismo norteamericano.
Aquello observado, nos desvela con toda claridad el sentido y el alcance de ese
continuado silencio y tolerancia del gobierno español , cuando no de burda
tergiversación de los hechos, compartido, en unidad de complicidad, por los
partidos políticos y la prensa .españoles, pese a las constantes denuncias de
los organismos e instituciones internacionales, sobre las flagrantes violaciones
de los Derechos Humanos y las leyes internacionales llevadas a cabo por el
gobierno de Uribe Velez.
Por sobre cualesquiera otras consideraciones, aquellos hechos desenmascaran la
continuidad, sin alteraciones, de la nefasta línea política exterior española en
relación a Colombia trazada por Aznar, y ahora seguida, completada y
perfeccionada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en una escenificación
ambigua de hipocresía política .
Hace apenas unos días, daba cuenta la prensa nacional del acuerdo alcanzado
entre el PSOE, el partido del actual Presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero,
y el PP, partido del anterior presidente de gobierno, Aznar., en virtud del
cual, las tropas españolas puedan salir al exterior sin la autorización de la
ONU, entre otros motivos, para "defensa de los intereses de España.
Con ese acuerdo "militar" PSOE-PP, el gobierno refuerza la primordial razón de
Estado para una futura intervención militar: la defensa de las inversiones
españolas , sus nuevas posesiones ultramarinas amenazadas por el "terror". Como
en sus mejores tiempos.
Mención aparte merece el capítulo de la industria de armamento español, otra
razón de Estado estratégica para el despliegue militar de fuerzas en el
exterior. Criticado el Ministro Bono por actuar como agente comercial en el
extranjero de la industria de armamento de su país, convino, en absoluta
identidad con la Revisión Estratégica de la Defensa aprobada por el Partido
Popular, en que "únicamente el apoyo del Ministerio de Defensa puede permitir el
mantenimiento a largo plazo en el exterior de las industrias españolas de
Defensa". "No llevo catálogo -manifestó-, pero siempre que puedo arrimo el ascua
a la sardina española", e hizo alusión a que eso hacen también otros mandatarios
extranjeros, " incluso Jefes de Estado". Sin comentario.
No es menester, pues, ser un aventajado politólogo para prever que la España del
"humanista" y "socialista" Rodríguez Zapatero viene preparando, en la línea de
su antecesor, unidades móviles de interposición o intervención rápida para
intervenir militarmente en Colombia, en apoyo de la estrategia militar trazada
por "el eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista":
España-Estados Unidos-Colombia". De hecho, España tiene ya aviones de guerra e
instructores militares en Colombia.
No debería ocultársele al Presidente Rodríguez Zapatero, que en esa línea de
identidad y compromiso con el "aliado estratégico" estadounidense y con el otro
aliado menor, Uribe Velez, compromete la responsabilidad de España en la
prolongación del conflicto armado y en la profundización del drama del pueblo
colombiano.
Aznar-Rodríguez Zapatero: lo mismo de lo mismo. "La misma perra con distinta
guasca" (collar), dice un refrán colombiano. Dos caras de la misma moneda
imperial: adusta una; sonriente la otra. Troquelándolas, probablemente el Euro
ganaría más valor en el mercado internacional .
Aznar y Rodríguez Zapatero : Monta tanto, tanto monta
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