Por Iván Márquez
Integrante del Secretariado de las FARC-EP

El gobierno Uribe acaba de elevar al altar sagrado del delito político al paramilitarismo, con toda su carga de muertos y de horrores.
Nunca los paramilitares, en ninguna parte del territorio nacional, interpusieron sus motosierras y cuchillos para impedir la vigencia de las leyes del Estado. Todo lo contrario: surgieron como estrategia contrainsurgente del mismo Estado para contener a sangre y fuego, y con terror, el avance de la verdadera rebeldía contra el orden jurídico y el establecimiento.
Por eso en Ralito no se discute sobre nuevo Estado, política económica, soberanía, doctrina militar, explotación de recursos naturales, política agraria, programas sociales, democracia, educación.
Muy lejos ha ido este gobierno tergiversando valores con sofismas que repican con insistencia los medios afines a la política fascista de "Seguridad Democrática". Gracias a ello, los autores de masacres espantosas de población civil, como las de Mapiripán, El Aro, Chengue, Alto Naya y muchas otras, fueron convertidos de la noche a la mañana en combatientes altruistas, y en héroes. Estos "héroes románticos" de Uribe son los mismos escuadrones de la muerte que provocaron con el plomo y el incendio el más dantesco drama humanitario de Colombia en los últimos tiempos: 3 millones y medio de campesinos desalojados de sus tierras, que hoy deambulan como desechos humanos por ciudades y pueblos, y más allá de las fronteras, bajo la criminal indiferencia del Palacio de Nariño.
Por su parte el Congreso de la República, integrado en más de un 35% por paramilitares, según los propios capos de Ralito, o en un 70% según la senadora uribista Gina Parodi, les ha aprobado, sin ningún asomo de vergüenza, una ley de impunidad que hiere e incita a la indignación. Es una condecoración en el pecho a los Mancusos y Castaños, a los Macacos y Don Bernas por sus servicios de parca y de guadaña en defensa del Estado. La mencionada ley es producto del conciliábulo de las tinieblas entre el paramilitar Uribe y sus iguales del Congreso. Brilla en ella su carácter ilegítimo e ilegal al mismo tiempo.
Es una ley para que nunca haya verdad, ni justicia, ni reparación. La verdad acusaría al Estado como cerebro y protagonista principal de la guerra sucia y el terror. La justicia tendría que enviar a la cárcel a muchos generales con sus altas charreteras... Y a ganaderos y a empresarios. La reparación impediría al menos a los victimarios quedarse con lo robado.
La devolución de tierras, el retorno campesino, la indemnización por parte del Estado, el castigo a los masacradores, quedaron con esta infame ley, como simples reclamos arrastrados por el viento.
Allá Rodríguez Zapatero y Tony Blair si le comen cuento a Uribe. Los pueblos tienen otra lectura de los sucesos en Colombia.
La ley de impunidad, la exaltación del paramilitarismo a la categoría de delito político, buscan la vinculación sin sobresaltos jurídicos o penales de asesinos narcotraficantes a la política y a la campaña reeleccionista de Uribe a la presidencia de la República.
En el trámite de la descarada ley, el Presidente y su ministro Sabas, en un intento por maquillar su despropósito, difundieron la especie que el esperpento que hacía tránsito en las cámaras, estaba dirigido también a la guerrilla.
El mundo sabe diferenciar muy bien, entre los paramilitares consentidos de Uribe, y la insurgencia. No nos desvivimos por la incorporación al inicuo sistema político vigente. Nuestra lucha apunta hacia un nuevo Estado, un nuevo poder, el cambio de las injustas estructuras, la justicia social y la democracia verdadera.
El carácter de nuestra lucha no lo determina un decreto, o una tesis descabellada de un burócrata alucinado en su cuarto de hora.
Asombro ha causado escuchar de los propulsores del "Plan Patriota" gringo contra las FARC, que en Colombia no hay conflicto armado. Igualmente que el gobierno pretenda imponer un léxico a las representaciones diplomáticas para ignorar con palabras la existencia de una fuerza beligerante que avanza hacia un nuevo poder.
Uribe no podrá sostener indefinidamente sin consecuencias adversas, semejante versión patas arriba de la realidad de Colombia.