Latinoamérica

En Bolivia se juega algo más que un simple cambio de presidente y de gobierno. De los sucesivos golpes de la insurgencia popular en América Latina, fenómeno que da cuenta de la decadencia del sistema democrático electoral impuesto por Washington, destacan por sus características revolucionarias los dos últimos en Bolivia y por supuesto el de Venezuela, donde por primera vez en la historia de nuestras repúblicas la movilización social puso de regreso en el gobierno al legítimo presidente Hugo Chávez, derrocado durante 48 horas por un golpe militar inspirado y conducido por la CIA y los asesores de la Casa Blanca. Distinguimos estos golpes de la insurgencia popular (GIP) porque en ambos casos las revueltas sociales en la escena política del continente van vinculadas al intento básico de desensamblar, para luego destruir, el status quo del sistema político sostenido por los partidos tradicionales adictos a la sumisión antinacional, la inmoralidad y la corrupción, en cuyo tejido mortal para los pueblos se desarrollan las insaciables políticas del neoliberalismo y la globalización.

La marcha de la revolución bolivariana en Venezuela se consolida día a día alentando los objetivos de una integración latinoamericana (ALBA) diseñada exclusivamente con el propósito de salvaguardar los intereses nacionales de cada país, en contraposición a los proyectos coloniales perseguidos por la hegemonía de la superpotencia mundial, expresados en los tratados de libre comercio TLC y el ALCA; en las economías subordinadas al FMI, al Banco Mundial y al Departamento del Tesoro norteamericano; en las democracias corruptas obedientes al mandato imperial; y por último en los planes 'antiterroristas' de George W. Bush como la manera de implantar bases militares en todo el mundo. En Bolivia, en cambio, la situación está en el estado embrionario de una transformación social de características propias, donde se combinan aspectos económicos, sociales, étnicos, gubernativos y geopolíticos. En anterior oportunidad hemos señalado que el actual presidente boliviano Eduardo Rodríguez es simplemente un mediador de la enorme crisis de legalización a la fuerza del GIP que produjo la renuncia de Carlos Mesa, de ninguna manera puede ser considerado un gobernante; sin embargo alineado con la presunta legalidad administrativa de su país, viene siendo presionado por los partidos tradicionales para llevar a cabo, en diciembre de este año, elecciones generales anticipadas.

Demás está repetir que la insistencia sobre este último tema es una salida política forzada, pues obedece única y exclusivamente a los intereses de distinto origen que persisten en mantener el sistema político actual sin modificaciones. Los partidos políticos tradicionales quieren olvidar que lo fundamental en los GIP bolivianos tiene que ver con sustanciales innovaciones revolucionarias desde la Asamblea Constituyente en la dirección de derrotar al viejo Estado, a fin surjan nuevas y verdaderas instituciones representativas de la sociedad boliviana, hasta la nacionalización de los hidrocarburos y el gas en la perspectiva de construir una economía nacional mixta; además en ese caminar se atraviesa por el sendero de la reafirmación del Estado boliviano contra la amenaza de la desintegración auspiciada por la oligarquía de procedencia extranjera que domina la economía en la región de Santa Cruz.

La rebelión popular para derribar a un segundo presidente constitucional en menos de dos años y de tachar a los presidentes de las Cámaras Legislativas (Vaca Diez y Cossío) como sucesores constitucionales del saliente Carlos Mesa, mostró con claridad meridiana el punto de partida hacia la solución de problemas vigentes de profunda trascendencia histórica como son el combate a la pobreza, el empleo, el alza de los salarios, la tenencia de las tierras, el agua, el conflicto de las autonomías y por supuesto la renta y la nacionalización de los hidrocarburos. Pero es bien sabido que ninguno de estos objetivos será logrado sin el replanteamiento de la lucha popular antes de ir a las elecciones generales adelantadas, o sea, sin antes tener trazado el nuevo sistema político. Téngase en cuenta que la designación de Eduardo Rodríguez fue una especie de tregua política cuya misión mediadora terminará aniquilada si él insiste con la iniciativa de las elecciones y nada más; puesto que esta propuesta es la decisión de una institucionalidad precaria, insolvente, la misma que pretende seguir usufructuando de un poder estatal evaporado justamente en la caída de dos presidentes; y que además enfrenta a la iniciativa de las masas y la dirigencia revolucionaria. Las asambleas populares constituidas por trabajadores y vecinos no han bajado la guardia y exigen desde los bastiones de El Alto y La Paz la confluencia de una asamblea nacional representada desde abajo, la que reordene el país con la prioridad de una nueva institucionalidad democrática, participativa y directa; y que efectúe la nacionalización de los hidrocarburos.

Las urgencias de una nueva institucionalidad porque la vigente está pegada con saliva y no existe en la práctica, y la nacionalización de los emporios del gas porque el valor total de las reservas probadas alcanza a los ochenta mil millones de dólares, es decir, 16 veces el total de la deuda externa boliviana, constituyen el propósito de la concreción palpable de los GIP en Bolivia. Movilización social insurgente gestada contra la dominación económica ejercida por el neoliberalismo y la descarada actuación de las transnacionales amparadas en contratos contraproducentes y lesivos a los intereses nacionales. Los 52 trillones de píes cúbicos de gas boliviano son superiores en su conjunto a las reservas de Argentina, Chile, Brasil y el Perú; por ello no tiene sentido el acuerdo de constituir un anillo energético sin la participación del país altiplano como en extraña movida de fichas pretenden los gestores políticos de esta resolución. Y más extraño resulta que esto suceda cuando existe el intento de destruir a Bolivia como país a través de una secesión organizada por la oligarquía cruceña que ha visto con buenos ojos la aprobación del gobierno paraguayo de permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos en la región de la triple frontera. Movilización de tropas con el objetivo de instalar en el corazón de MERCOSUR una avanzada militar persuasiva, por ahora, con la finalidad de contrarrestar la franca oposición al ALCA y además con miras a desarrollar una misión de tutelaje a las empresas transnacionales interesadas en apoderarse de los recursos naturales de la región, especialmente del agua, el gas y el petróleo.

La expectante situación innovadora en Bolivia devuelve la fe en los procesos de liberación nacional, pero al igual que en Venezuela debe lograrse la legalidad institucional requerida a través de nuevas instituciones nacionales y una constitución política acorde, vinculada al proceso de la movilización social de los GIP, la misma que debe dar vida a la democracia participativa y directa. No debe perderse de vista que Hugo Chávez en consecutivas consultas populares ha logrado volcar toda la legalidad a su lado y emprender desde allí la revolución bolivariana, consiguiendo el apoyo de la mayoría de los países de la OEA y de cierta manera la 'neutralidad' obligada de la Casa Blanca luego de la derrota sufrida en Florida por Condoleeza Rice y su tesis intervencionista del 'monitoreo a las democracias.' Tampoco debe perderse de vista que a pesar de la legalidad obtenida por Hugo Chávez y su gobierno, la lucha continúa con mayor vigor que antes contra las manifestaciones golpistas de los empresarios ricos, los partidos tradicionales, los políticos corruptos, el dominio de la prensa televisiva, radial y periodística, la curia reaccionaria del Opus Dei, etc, todos ellos financiados a manos llenas por la CIA y las manos negras del imperialismo. Manifestaciones antichavistas golpistas que son rechazadas a diario por las masas pobres, los trabajadores, los obreros, los campesinos, gran parte de la clase media y la iglesia católica progresista.

Nadie duda de la capacidad de la inversión extranjera ni de la tecnología requerida para la explotación de los recursos naturales en cada país, de lo que se duda y con mucha razón es de desnacionalización de estos recursos propios, de la riqueza natural expropiada por las empresas transnacionales con el beneplácito de los gobiernos vendepatria, inmorales y corruptos. En el caso boliviano como en el peruano, ecuatoriano o colombiano, para citar sólo algunos ejemplos, las ansiadas y fomentadas inversiones transnacionales no dejan ni para el té con galletas, porque los inversionistas escasamente pagan impuestos gracias a las gollerías otorgadas por elementos delincuenciales tales como Menem, Fujimori, Sánchez de Lozada, Lucio Gutiérrez, Toledo, Uribe, etc. En Bolivia las empresas transnacionales controlan el total de las reservas de gas de las cuales el 85% están en Tarija; la privatización de YPFB dejó en manos extranjeras el mercado de los hidrocarburos a casi nulos niveles tributarios; la inversión entre 1997 y el 2002 fue apenas de 3,035 millones de dólares en exploración y explotación y de 2,300 millones en infraestructura de transporte y se estima que por cada dólar invertido se obtendrán diez, altísima rentabilidad de la cual hasta antes de las revueltas de los GIP quedaría en Bolivia un escaso cinco por ciento. Enorme rentabilidad de ENRON, SHELL, TRANSREDES, PETROBRAS, REPSOL, BRITISH GAS, PETROL, que se incrementa debido al control absoluto que estas empresas tienen sobre la producción y el mercado interno, llegándose al contrasentido de colocar el gas para los propios bolivianos a cinco dólares por encima del precio internacional; ganancias que se incrementan también por la ausencia de fiscalización estatal respecto a los chanchullos de la contabilidad, inflar costos y no pago de impuestos.

Además un conglomerado de empresas piensa exportar el gas boliviano a Estados Unidos a una rentabilidad de un dólar invertido por veinte de utilidad queriendo la compañía PACIFIC LNG (British Gas, British Petroleum, Repsol) sacar el gas (36 millones de m3 diarios) por el puerto chileno de Patillos durante veinte años (6.26 trillones de píes cúbicos en ese período de los 52 trillones de la riqueza boliviana). De seguro esta elección será muy rentable para la PACIFIC LNG, pero ha sido hecha sin tener en consideración el sentimiento anti-chileno de los bolivianos luego de la guerra del Pacífico de 1879 donde perdieron su acceso al litoral; elección riesgosa que el consorcio transnacional piensa defender en base a los principios del libre mercado y las decisiones privadas que les corresponde como propietarios.

Como se observa en todas estas cifras la exigua inversión extranjera de ni siquiera seis mil millones de dólares a la fecha, revertirá en el futuro no menos de cinco veces el valor de los 80 mil millones de dólares de las reservas a boca de pozo calculados, esto si se tiene en cuenta el valor agregado del transporte y la conversión del gas natural en energía. Así la multimillonaria explotación de los hidrocarburos bolivianos llegaría, pues, a los 400 mil millones de dólares con una inversión en progresión que no pasará de los 20 mil millones de los cuales la mitad será fuera de Bolivia en puertos chilenos o peruanos, abultada suma de dinero que de ninguna manera puede ser expropiada a un país pobre que en todos estos primeros pasos de privilegiar la privatización sólo recibió la ridícula renta de 70 millones de dólares por año desde 1996 al 2002. Por ello el mandato popular unificador de la recuperación del gas boliviano y los hidrocarburos, anulando los ilegales y lesivos contratos con las transnacionales, va unido al creciente prerrequisito de crear un sistema político de democracia participativa y directa, de nuevas instituciones populares que liquiden al viejo Estado y los partidos tradicionales, por supuesto antes de las elecciones generales de diciembre.

Fuente de las cifras: Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia.