Latinoamérica

La ciudadanía no encuentra la forma de renovar al agotado sistema político. El derecho a participar en elecciones nacionales o municipales mediante 'agrupaciones ciudadanas', sólo sirvió para que la vieja partidocracia utilizara este avance democrático para practicar sus viejas mañas en nuevo ropaje. De lo anterior, se dedujo que el país no está en condiciones de librarse de políticos corruptos que usan su fortuna mal habida para desplegar costosas campañas electorales que los eternizan en el poder.

Frente a esa angustia colectiva, proponemos que, mediante decreto supremo, sea creada la Oficina de Investigación de Fortunas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, a parlamentarios, asambleístas, alcaldes o concejales municipales. Estos candidatos deberán obtener, como requisito para su postulación, un certificado de la hoy desaparecida Dirección de Lucha contra la Corrupción, a cargo de Lupe Cajías, que sirvió , de manera concreta, para recaudar 10 millones de dólares en ayudas internacionales, pero que no impidió, en lo más mínimo, el tráfico de influencias, que es una de las mayores lacras del sistema político y de corrupción funcionaria.

A manera de ejemplo, Cajias dijo que no le parecía incorrecto que el Ministro de Desarrollo Económico de Carlos Mesa, Walter Kreidler, fuera hermano del Vicepresidente de YPFB (residual), José Kreidler, ejecutivo de SERPETROL, empresa de servicios petroleros, encargada de fiscalizar a las petroleras, habiendo sido cliente de Repsol, Total, British Gas, Petrobrás y otras transnacionales. Lo anterior es apenas una continuación del tráfico de influencias ejercitado, entre 1986 y 1989, por el Ministro de Planeamiento de Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), de quien Lupe y Carlos Mesa fueron sus fervientes seguidores, y su hermano Antonio Sánchez de Lozada, Contralor General de la República.

En ese contexto, el 'Contralor' no sólo no controló nada, sino que participó junto a su hermano en los negociados más escandalosos contra el país cometidos en esa época, como el 'joint venture' de Mina Bolivar, la sociedad entre COMSUR (la empresa de los Sánchez de Lozada) y la Corporación Boliviana de las Fuerzas Armadas (COFADENA) para la explotación del oro del norte paceño, o la explotación de las colas y desmontes del Cerro de Potosí.

Para detener estos desmanes y otros de mayor cuantía presentamos, en agosto de 1990, el Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, el que, si bien recibió, de dientes para afuera, el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, nunca se permitió que se lo discutiera ni en las comisiones ni en el plenario del Parlamento, pese a que fue presentado nuevamente, año tras año, hasta que dejé la función legislativa en agosto de 2002.

Algunos sostienen que la Ley es innecesaria debido a que el 'Estatuto del Funcionario Público' obliga a los servidores del Estado a declarar su patrimonio. Lo anterior es evidente, pero lo que el 'Estatuto' no pregunta es cómo el funcionario consiguió ese patrimonio. Ese es quid del problema. Recordemos, por otra parte, que en EEUU, por ejemplo, se investiga el origen de las fortunas de los candidatos presidenciales no sólo por razones legales o éticas, sino por motivos de seguridad nacional. ¿No deberían hacer lo mismo los países semicoloniales, como el nuestro, a fin de evitar que integrantes del capital financiero internacional, como GSL, continúen la obra de disgregación nacional?

Para completar el proyecto, se requiere que la investigación alcance a los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. Así se evitará que las poderosas petroleras, que forman parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, o las ONGs, tan vinculadas a potencias extranjeras e inclinadas a digitar la orientación de entidades indigenistas, tracen, en contra de los bolivianos, el incierto futuro de Bolivia.