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Reflexiones sobre la crisis política boliviana
Gustavo Lahoud y Felicitas Torrecilla
Idicso
Introducción
El objeto del presente informe es describir, comprender e interpretar el
escenario de crisis político-institucional y económico-social en Bolivia en
relación a la intensificación de la puja por la apropiación, manejo, control y
acceso a los recursos gasíferos.
En efecto, la llamada cuestión del gas constituye, en la presente coyuntura, no
sólo un instrumento de poder en virtud del cual un conjunto de organizaciones
políticas y sociales conforman su agenda política, económica y social, sino
también, el verdadero eje vertebrador de las disputas socio-políticas que -desde
hace por lo menos dos años, después de la caída de Gonzalo Sánchez de Losada- se
han intensificado, con el consecuente deterioro de la institucionalidad
democrática y la mayor activación y radicalización política de importantes
sectores sociales que reclaman participación activa en la definición de
intereses que hacen, en sí mismos, al futuro de Bolivia entendida en términos de
comunidad incluyente[1].
En tal sentido, a través de una metodología descriptiva-explicativa, intentamos
comprender el por qué y el para qué de las acciones y motivaciones de los
actores políticos y sociales[2] que, de hecho, son los
protagonistas ineludibles del proceso político boliviano, en cuyo centro
estratégico está la puja por el gas como recurso natural vital pero, junto a
ello, se cruzan una serie de intereses que están vinculados al estado de crisis
institucional crónica que el país está sufriendo desde hace décadas, todo lo
cual se ha expresado en la emergencia de fuertes fracturas étnico-territoriales
que han terminado por exacerbar viejos y no resueltos clivajes en torno a la
distribución espacial-territorial del poder, el grado de desarrollo relativo de
las distintas regiones geográficas del país, la asignación de recursos
financieros y económicos en el marco de una estructura de poder centralista y
unitaria y, finalmente, las propias capacidades extractivas y regulativas del
Estado como representante, articulador y combinador de las demandas efectivas de
las distintas comunidades regionales del país.
Por todo ello, se estima necesario encarar un cuidadoso trabajo de descripción e
interpretación que ponga en juego las múltiples dimensiones del problema que es
objeto de estudio, lo cual conlleva, en sí mismo, un esfuerzo metodológico y
gnoseológico en términos de reconstrucción de sentido[3]
del proceso político y social boliviano en torno al acceso, control y
explotación del recurso estratégico del gas.
1. Breve resumen descriptivo de la crisis política boliviana
Frente a la creciente complejidad y dinamismo de la situación interna boliviana
resulta difícil tener una perspectiva comprensiva del panorama social y político
y de la red de intereses, de formas de concepción del poder y de legitimidades
cruzadas y superpuestas.
Un breve análisis del cambiante y multifacético momento por el que está
transcurriendo Bolivia podría ser enmarcado en el contexto del proceso político
que se inició con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Losada en octubre de 2003.
El ex presidente había resultado victorioso en las elecciones realizadas en
junio de 2002, en las cuales se presentó con un partido histórico de Bolivia, el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuya trayectoria se remonta a la
Revolución Boliviana de 1952. Carlos Mesa Gisbert, quien contaba con una larga
carrera como periodista, completó la fórmula presidencial en 2002 por fuera del
MNR, es decir, sin una estructura partidaria propia.
Antes de las elecciones, Gonzalo Sánchez de Losada se había desempeñado como
Ministro de Planeamiento durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, un
tradicional líder del MNR, aunque con un perfil diferente al que encarnaría su
sucesor. Posteriormente accedió a la presidencia entre 1993 y 1997, período en
el que completaría y consolidaría el proceso de profunda liberalización y
reestructuración de la economía que tuvo comienzo con el paradigmático Decreto
Supremo Nº 21060, emitido por Paz Estenssoro en 1985.
Las políticas que comenzaron a implementarse en 1985 y que terminarían de
consolidarse entre 1993 y 1997, entre las cuales se encuentra la privatización
de las empresas públicas y la transferencia al sector privado de la gestión de
las áreas de servicios públicos, afectarían profundamente los sectores
estratégicos de la economía, constituyendo la industria hidrocarburífera uno de
los más notables ejemplos. La reestructuración de dicho sector fue articulada a
partir de dos importantes leyes: la Ley Nº 1544 de Capitalización, que afectó a
las seis principales empresas estatales bolivianas, y la Ley Nº 1689 de
Hidrocarburos. La política gasífera desarrollada desde 1997 al 2003, es decir
durante el gobierno de Banzer-Quiroga y el segundo mandato de Sánchez de Losada,
se caracterizó por una clara orientación exportadora, reflejada en el
paradigmático proyecto de posible exportación de gas natural licuado (GNL) a la
Costa del Pacífico de México y los Estados Unidos (Estado de California).
La elección política por la cual el desarrollo del sector gasífero se ha
orientado al incremento de las exportaciones en el ámbito regional y
extra-regional, ha implicado la postergación de una promoción planificada del
consumo interno del gas, por una parte, y de un plan de industrialización del
recurso en territorio nacional, por la otra. Esta situación se ve claramente
reflejada en el sistema de transporte y distribución de gas natural al interior
del país, en comparación con los gasoductos de exportación. Como bien señala el
Dr. Andrés Soliz Rada, en "El Mapa Vacío"[4], mientras el
gasoducto al Brasil tiene una capacidad máxima de 30 millones de metros cúbicos
diarios (MMm3/d), la cual se piensa ampliar a más del doble de su capacidad, el
que conecta a las ciudades de La Paz y Oruro, puede transportar un máximo de 0.4
MMm3/d.
Esta política extractiva y exportadora -que se manifestó tan claramente con la
promoción del proyecto de exportación de GNL mencionado anteriormente durante la
presidencia de Sánchez de Losada en la cual se iniciaron negociaciones con los
gobiernos de Chile y Perú por la construcción del gasoducto de exportación y la
planta de licuefacción- actuó como desencadenante de una cada vez más
deteriorada situación social que en las regiones rurales del departamento de
Cochabamba alcanzó su punto de mayor tensión con la campaña de erradicación de
los cultivos de coca que constituían la fuente de subsistencia de una gran
cantidad de familias campesinas y luego la concesión de los servicios de agua y
alcantarillado de la ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas del Tunari, cuyos
manejos provocaron lo que se conoció como la "guerra del agua".
Las masivas manifestaciones sociales de septiembre y octubre de 2003, que
provocaron la renuncia de Sánchez de Losada el 17 de octubre de ese año,
constituyeron el contexto del surgimiento de nuevas "prioridades políticas", que
Carlos Mesa debería atender una vez devenido presidente. Esta agenda incluía una
serie de cuestiones que aún permanecen irresueltas, algunas por falta de
acciones concretas y otras por la ausencia de un consenso respecto a las
resoluciones tomadas. Entre las más importantes podemos mencionar la realización
de un referendum vinculante sobre la futura política gasífera (recuperación de
los recursos hidrocarburíferos, comercialización interna y externa del gas,
industrialización del gas natural en territorio boliviano, abrogación del marco
jurídico vigente), la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la demanda por
mayor autonomía departamental y la elección directa de prefectos, que se
realizará por primera vez el 4 de diciembre de 2005.
Si bien Carlos Mesa pareció demostrar un compromiso con los ejes políticos que
surgieron de la crisis de septiembre-octubre de 2003 -posiblemente por la
necesidad de generar un consenso mínimo ante la heterogeneidad de las fuerzas
sociales interactuantes- con el tiempo las políticas fueron cada vez menos
consecuentes con los propósitos y lineamientos establecidos entonces. En línea
con ello, los sectores liderados por Evo Morales, así como otras organizaciones
más radicales tales como la COB dirigida por Jaime Solares, la CSUTCB
(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con Felipe
Quispe y la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), entre otras, acusaron al
gobierno de estar dando continuidad a los aspectos fundamentales de la política
liberal de Sánchez de Losada y de no manifestar, asimismo, voluntad política de
afectar los derechos adquiridos y las condiciones favorables reconocidas a las
empresas en los años noventa durante el proceso la reestructuración del sector.
A pesar de la relativa irresolución de las cuestiones planteadas, en lo referido
a la política hidrocarburífera se han tomado una serie de decisiones concretas
que no cuentan con un consenso interno general. El 18 de julio de 2004,
finalmente, se realizó un referendum que ya formaba parte del debate público
durante la fallida gestión de Sánchez de Losada.
El referendum incluyó cinco preguntas referidas a la abrogación de la Ley Nº
1689 de Hidrocarburos, la recuperación de los derechos de propiedad de los
hidrocarburos a boca de pozo para el Estado boliviano, la refundación de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la recuperación estatal de
las acciones de los ciudadanos bolivianos, la utilización del gas como un
recurso estratégico para la negociación de una salida al Océano Pacífico
-perdida en 1879 en la Guerra del Pacífico-, el apoyo a una política de
exportación de gas natural que cubriera el consumo interno, fomentara la
industrialización del recurso gasífero en territorio boliviano y cobrara
impuestos por un valor no menor al 50% de la producción de los hidrocarburos. El
"Sí" fue mayoritario en cada una de las preguntas, en especial las tres
primeras, y si bien es preciso destacar que no existió un consenso general sobre
las características y potencial efectividad de esta medida, algunas
organizaciones apoyaron el referendum bajo el supuesto de que el resultado
favorable conduciría concretamente a la nacionalización de los hidrocarburos.
En mayo de 2005, fue aprobada luego de un largo debate la Ley Nº 3058 de
Hidrocarburos, lo que a su vez conllevó la abrogación de la ley anterior
cumpliendo así uno de los mandatos del referendum. La extensa discusión en el
Congreso en torno al proyecto de ley sumó un elemento de complejidad a la ya
difícil situación interna. El surgimiento de una serie de proyectos, entre los
cuales se destacaron la propuesta oficial, la del Movimiento al Socialismo y la
de la Cámara de Diputados, dieron cuenta de los intereses diversos de sectores
en pugna, los cuales fueron además vinculados estratégicamente con la demanda
autonomista de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y los reclamos de la
Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).
Una vez acordados los puntos relacionados a la declaración del gas como recurso
estratégico, la refundación de YPFB, el fomento de la industrialización en
territorio nacional, entre otros, la discusión pública se centró en los aspectos
impositivos de la nueva ley y en la forma de imposición a la producción
hidrocarburífera en términos del porcentaje de regalías y de impuestos y de la
naturaleza de estos gravámenes.
Cabe mencionar asimismo que antes que la Cámara de Senadores del Congreso diera
por aprobada la mencionada ley, el presidente Mesa dejó sin efecto el Decreto
Supremo Nº 24806, emitido en los últimos días de la primera gestión presidencial
de Sánchez de Losada, por el cual se transfería la propiedad de los
hidrocarburos a boca de pozo a las empresas operadoras. Es preciso destacar, sin
embargo, que como indica Andrés Soliz Rada esta medida no tiene efecto
retroactivo y no afecta, en consecuencia, a los 78 contratos de riesgo
compartido en su período de vigencia de 40 años. En forma paralela a la
discusión sobre el proyecto de ley, el Congreso planteó la necesidad de revisar
estos 78 contratos suscriptos por decreto del Poder Ejecutivo sin la previa
aprobación del Congreso, bajo el marco jurídico de la Ley Nº 1689. El propio
proyecto abrió una amplia discusión sobre la conversión obligatoria de los
mismos a las nuevas modalidades de contratación, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 5 de la nueva Ley Nº 3058.
La actual ley de hidrocarburos finalmente aprobada no satisfizo ni las
expectativas del gobierno, que se opuso firmemente al proyecto presentado en la
Cámara de Diputados, ni las de los distintos grupos sociales. El nuevo sistema
impositivo, que -como se comentó anteriormente- fue uno de los temas centrales
del debate, finalmente se resolvió estableciendo un 32% de impuestos y un 18% de
regalías (contra el 32% propuesto en el proyecto de la Cámara de Diputados).
Estas diferencias se vieron reflejadas en el mecanismo de aprobación de esta
legislación, la cual luego de ser elevada al Poder Ejecutivo para su
ratificación, fue aprobada por la Cámara de Senadores tras mediar un plazo de
tiempo en el que el presidente no realizó ninguna clase de observaciones.
Mientras esta discusión se desarrollaba, se perfilaba un panorama socio-político
interno de características crecientemente complejas. Por una parte, se reinstaló
la demanda planteada por distintos grupos sociales de origen indígena, campesino
y obrero relativa a la nacionalización de los hidrocarburos, la expropiación a
las empresas extranjeras instaladas en el país y la reformulación de la política
de exportaciones. Por otra, un movimiento que tiene su núcleo en los Comités
Cívicos de Santa Cruz y Tarija vinculó estratégicamente la discusión sobre el
futuro del sector hidrocarburífero en Bolivia y particularmente los lineamientos
de la nueva política gasífera en el contexto del renovado marco jurídico, con el
reclamo autonómico y la solicitud de un referendum que ya se había planteado con
firmeza a fines de 2004.
Las demandas por la autonomía regional y la realización de dicho referendum
autonómico realizadas inicialmente por Santa Cruz y Tarija, fueron luego
apoyadas por las dirigencias de Beni y Pando, que constituyen la zona más
rezagada del país y menos integrada infraestructural y energéticamente. Al
tiempo, se comenzaba a manifestar con claridad una falta de consenso interno en
cada uno de estos departamentos respecto a los citados reclamos, que surgía en
parte de la situación de marginación de las poblaciones indígenas del oriente.
De esta manera podemos observar que mientras el interés de algunos sectores de
Tarija y Santa Cruz en las autonomías departamentales no es independiente del
hecho de que estas dos circunscripciones concentren en su territorio el 85% de
las reservas probadas de gas, el vínculo de este reclamo con los departamentos
del norte posiblemente responda a un frente de conflicto interno diferente
relacionado con la discusión sobre la propiedad de la tierra y la situación del
Movimiento Sin Tierra (MST) y de las comunidades indígenas de origen quechua.
De esta forma, se ve que existe una compleja trama de intereses que parecen
estar asociados en la prosecución de objetivos similares. De hecho, los Comités
Cívicos están fuertemente vinculados con las federaciones empresarias Santa Cruz
y Tarija, y éstas, a su vez, con las empresas petroleras a través de la Cámara
de Hidrocarburos (CBH). En tal sentido el Dr. Andrés Soliz Rada también asocia
estos intereses con los de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cuyo
presidente, José Céspedes, apoyó concretamente la demanda autonómica contra la
corrupción y las adquisiciones de tierras[5].
Asimismo, este escenario retroalimenta una de las vertientes más radicalizadas
de las propuestas autonómicas que parecen girar, en sus expectativas de máxima,
en torno a una posible desmembración del territorio nacional. Aunque también, es
importante señalar que no han habido declaraciones que abonaran directamente
posturas maximalistas respecto a una cuestión tan estratégica para la soberanía
del país como es la preservación de la integridad territorial.
Por otra parte, lo paradójico de esta situación es que sectores políticos y
sociales que están diametralmente enfrentados en términos ideológicos, parecen
coincidir en la formulación de posturas radicalizadas que atacan por igual la
esencia misma de la "bolivianeidad", entendida como proyecto compartido de
Nación y, a la vez, la estabilidad institucional del país en el orden de las
garantías que aseguren criterios eficientes y efectivos de gobernabilidad.
En este sentido, puede pensarse en los reclamos de los sectores empresariales
cruceños ya concernidos y, por otro lado, en la reivindicación de movimientos
como el liderado por Felipe Quispe, quien se ha referido, en no pocas ocasiones,
a la "nación aymara" como una verdadera identidad político-social percibida como
ajena y extraña al resto del territorio nacional. Ciertamente, no puede pensarse
-racionalmente- en la existencia de una "alianza pragmática" entre estos
sectores radicalizados en términos de distancia e intensidad ideológica, aunque,
en los hechos, con sus posiciones maximalistas actúan erosionando el ya delicado
equilibrio institucional del país.
En este contexto, las manifestaciones públicas recrudecieron en el mes de mayo,
centrando las críticas no sólo en la legislación hidrocarburífera recientemente
aprobada, sino también en la política de Mesa y en su forma de conducción.
Asimismo, se reavivaron las demandas por una política de nacionalización de los
hidrocarburos, mientras, al mismo tiempo, el Movimiento al Socialismo pedía a
Mesa que se retirara.
Simultáneamente, dos importantes funcionarios de las Fuerzas Armadas aparecían
en un programa televisivo instando al presidente a dar un paso al costado. Estas
declaraciones generaron rumores y sospechas sobre la posibilidad de que se
estuviera gestando en Bolivia un golpe de Estado, si bien es poco lo que se
conoce efectivamente sobre la existencia de supuestas diferencias al interior de
las Fuerzas Armadas en relación al modo de gestionar la crisis
político-institucional del país. No obstante, podemos afirmar que las fuerzas
militares se han pronunciado formalmente a favor de la continuidad democrática
instando a la implementación de los mecanismos de sucesión establecidos en la
Constitución Política del Estado.
En efecto, el presidente Mesa finalmente presentó su renuncia al Poder
Legislativo, y, ante la presión de las organizaciones sociales, hicieron lo
propio tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, como
el presidente de la de Diputados, Mario Cossío -quienes seguían en la línea de
sucesión institucional de acuerdo a la Constitución- a fin de garantizar la
gobernabilidad política del Estado. Finalmente, el 09 de junio asumió Eduardo
Rodríguez Veltzé, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se
comprometió a encabezar un gobierno de transición, que tendría como prioridad la
convocatoria a elecciones generales en un plazo de seis meses.
El Congreso ha promulgado recientemente dos leyes que definirán el futuro
escenario electoral, en las que aprobó la convocatoria a elecciones para el 4 de
diciembre de 2005, fecha en la que se unificarán los comicios para presidente,
vicepresidente, legisladores y prefectos. Esta convocatoria fue precedida por la
promulgación de la ley 3089 de Reforma de la Constitución Política del Estado.
La elección de la Asamblea Constituyente se ha fijado para julio de 2006, junto
a la realización del referendum autonómico. El Poder Ejecutivo, por su parte,
dispuso la creación de dos comisiones pre-constituyente y pre-autonómica.
Actualmente el Congreso está discutiendo el proyecto de ley interpretativa del
artículo 93, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, a partir del cual
se decidirá la duración del mandato de las futuras autoridades ejecutivas y
legislativas, las que asumirían en el mes de enero. Es preciso destacar, sin
embargo, que la elección de la Asamblea Constituyente en el escenario de
fragmentación ya descripto abre un panorama sumamente incierto y genera
interrogantes sobre el futuro de las próximas autoridades.
2. Algunos ejes de análisis de la crisis boliviana: la necesidad de una
visión integral
A partir de la descripción de la crisis boliviana en el contexto del proceso
político delimitado anteriormente, nos interesa plantear algunas líneas de
reflexión como aproximación a una perspectiva que, sin dejar de considerar los
datos coyunturales, permita realizar un análisis "estructural", históricamente
contextualizado.
Podemos hablar de cuatro puntos o aspectos que atraviesan la problemática de
crisis político-institucional del país:
· la "captura" del Estado y las posibilidades de acción colectiva desde la
esfera pública;
· el lugar y las características del debate público en Bolivia intentando
identificar intereses y percepciones de los actores sociales y políticos
involucrados;
· la creación de una alternativa política y económica para contrarrestar el
proceso de fragmentación política, social y territorial;
· las características y modalidades que permitan reconceptualizar e implementar
un modelo sustentable de gobernabilidad democrática en la actual
coyuntura de crisis.
El objetivo de las reflexiones y consideraciones que siguen es, entonces,
generar interrogantes y promover un debate constructivo que no se limite a
interpretaciones posibles sobre el sentido y características de la actual crisis
boliviana, sino que fundamentalmente busque plantear posibilidades concretas de
acción. Antes proponemos considerar brevemente una serie de dimensiones de
análisis que, a nuestro entender, cruzan cada uno de los temas planteados más
arriba.
En primer lugar, observamos una dimensión política ligada a la capacidad
o posibilidad de organizar al conjunto de la población en torno a un programa y
una propuesta política alternativa que, aprovechando la importancia nacional de
la consigna del gas, no se limite a la misma.
En este nivel es necesario pensar en la influencia de tal consigna en la
articulación de una acción colectiva que le dé sentido y cauce a una alternativa
política que tenga capacidad alterativa del orden establecido. Así,
mientras el Dr. Andrés Soliz Rada considera que el gas es lo único que une a los
bolivianos[6], podríamos preguntarnos si en la actualidad
no existen en Bolivia múltiples consignas en torno a la cuestión del gas, en
comparación con los reclamos en apariencia unívocos, nacionales y populares que
permitieron unificar y profundizar la acción de los movimientos sociales en
septiembre-octubre de 2003. En efecto, la consigna del gas ha ido evolucionando
con el tiempo, desde el reclamo por la defensa soberana de los recursos
energéticos nacionales hasta el de nacionalización de los hidrocarburos. De esta
forma, la radicalización de la consigna del gas, lejos de ser un factor
aglutinante en el actual estadio de la crisis política, ha dado lugar a la
fragmentación y dispersión de las adhesiones y, por lo tanto, la ha afectado en
tanto elemento unificador en un grado todavía incierto.
En segundo lugar, pensamos en una dimensión institucional que daría
cuenta de la capacidad de organizar e instrumentar un proyecto a través de un
sector político partidario que reclame para sí una legitimidad de origen que
sirva, a su vez, para consolidar una propuesta de gobierno percibida
favorablemente en términos de legitimidad de ejercicio, es decir, capacidad
efectiva para gobernar. En este sentido, puede observarse que las fracturas
étnico-territoriales han dificultado la conformación de un bloque o alianza de
estas características cristalizando, más bien, la existencia de distintas
perspectivas sobre el uso del poder y de los recursos.
Por otra parte, existe una dimensión simbólica de suma importancia
vinculada en gran medida a otra cultural-antropológica. En la misma se inscribe,
no sólo el conjunto de representaciones sociales de cada sector, sino también
las autopercepciones ligadas a una determinada manera de considerar la
legitimidad de los reclamos propios en relación a los de los otros grupos. La
dimensión simbólica tal como se manifiesta en Bolivia, nos permite introducir el
concepto de projimidad el cual cobra relevancia al momento de plantear la
posibilidad de constitución de una comunidad incluyente sobre las bases
de una refundación del Estado y del régimen político, entendido éste como una
instancia de mediación entre grupos políticos que sostienen posturas y
concepciones radicalmente diversas.
Como decíamos antes, Sánchez de Losada articuló y consolidó durante su primera
presidencia un proceso de liberalización económica en el contexto de lo que
podríamos considerar una transición política que tuvo comienzo en 1982 con el
retorno a la democracia. Sin embargo, el proceso de cambio se tradujo en un
creciente conservadurismo tanto en las políticas como en las posturas de los
partidos, al menos hasta el surgimiento de las nuevas agrupaciones y
manifestaciones de los últimos cinco años. Dicho proceso no es, a nuestro
entender, independiente del primero, el cual contribuyó, por su parte, a través
de la liberalización de la economía, la privatización de los activos estatales y
la transferencia al sector privado de la responsabilidad por la gestión de los
servicios públicos, a la instalación de un patrón de desarrollo y a un esquema
consiguiente de distribución del ingreso que terminó profundizando la dualidad
de la estructura social interna en Bolivia.
La relación orgánica entre el liberalismo económico y el conservadurismo
político, encarnado en la así llamada "democracia liberal" -que ha logrado en
Bolivia una continuidad de más de veinte años- remite a un planteo que se
encuentra en el centro del dilema que enfrenta el sistema político en la
actualidad: un cuestionamiento cada vez más profundo del régimen democrático en
sus manifestaciones presentes, situación que está acompañada por una
deslegitimación de las instituciones públicas. Este proceso ha conducido, a su
vez, a la recuperación de antiguas tradiciones políticas que, de alguna forma,
han desplazado lo que podríamos llamar el ámbito o lugar característico de la
acción política. Asimismo, la dimensión simbólica, que da cuenta de las
representaciones sociales y de la percepción de legitimidad de los reclamos
propios y las formas de expresarlos en relación a los de otros sectores,
constituye un elemento insoslayable del conflicto interno en Bolivia.
En este contexto, pueden observarse posturas disímiles respecto a la
reivindicación de la esfera política en dos niveles de acción identificables:
uno de decisión política y otro de gestión.
En el nivel de las decisiones podría concluirse que el conservadurismo político
-en el marco de la liberalización creciente de la economía- ha sido asociado
tradicionalmente a la crítica del rol interventor y dirigista del Estado,
reforzando con ello los argumentos eficientistas que sostuvieron la necesidad de
reducir sus estructuras burocráticas.
De esta forma, se estructuró un esquema de toma de decisiones sumamente
centralizado, personalista y con fuertes sesgos tecnocráticos, que apuntó en el
corto plazo al traspaso del nivel de gestión al ámbito privado, especialmente en
sectores estratégicos de la economía como las empresas públicas, el transporte,
las telecomunicaciones, la industria hidrocarburífera, entre otras. En virtud de
la importancia económica y política de las áreas involucradas, este traspaso
terminó afectando estructuralmente la toma de decisiones.
Los compromisos políticos de largo plazo adquiridos por el Estado durante todo
este período, y en especial en la década del noventa, condicionaron de esta
forma su capacidad de acción futura transformándose en una importante limitación
que se sumaba a las vulnerabilidades estructurales propias provenientes de la
situación de dualidad interna, por una parte, y de su inserción en un sistema de
poder también desigual, por la otra. Esta situación que podríamos denominar de
"captura funcional y administrativa" del Estado nos enfrenta en la actualidad a
interrogantes relacionados a las capacidades concretas de acción desde el
espacio público y al cuestionamiento de la viabilidad política y económica de
algunas medidas reclamadas en la actualidad por distintos sectores de la
sociedad boliviana.
Por otra parte, estas posibles limitaciones no son independientes de la quiebra
jurídica del Estado, que en las relaciones entre los tres Poderes se manifestó
en la poca independencia de su accionar y en la cesión de atribuciones del
Congreso a favor del Poder Ejecutivo, situación que favoreció el gobierno por
decreto y la toma de decisiones discrecional y personalista, sin la mediación de
un control público sobre dichos procesos. El Dr. Andrés Soliz Rada indica
claramente el trastocamiento del ordenamiento jurídico cuya mayor anomalía
estaba en la misma fundamentación legal de las medidas de reforma del Estado y
de la economía nacional originadas en un decreto, el DS Nº 21060, ya mencionado.
Es así como el sistema político en la forma de las instituciones públicas que lo
componen está actualmente cuestionado como espacio de acción política, de
canalización de demandas sociales y de reapropiación popular del poder en
términos de acción soberana sobre un espacio y una historia común.
La quiebra jurídica del Estado subvirtió la legitimidad del orden político,
junto con la corrupción estructural generada por un entramado de vinculaciones
estratégicas, y hasta podría decirse orgánicas, entre los sectores público y
privado, en tanto elementos constitutivos del modelo económico y político
instalado en los años noventa. Por tal razón, en este trabajo se propone y
enfatiza la necesidad de recomponer jurídicamente al Estado, como una de las
múltiples formas tendientes a reivindicarlo en tanto espacio legítimo de acción
cívica, es decir, destacando la dimensión jurídica de la refundación del Estado
boliviano. El fortalecimiento estatal debe estar ligado a una mayor
transparencia y capacidad de control público sobre las acciones del gobierno.
Podríamos decir que la captura del Estado tiene una faceta política y una
económica. La política ha sido explicada ya y tiene que ver con los compromisos
de largo plazo adquiridos por los gobiernos que se sucedieron desde 1985, la
quiebra jurídica y la deslegitimación de las instituciones públicas y las
relaciones políticas entre el sector público y el privado. La dimensión
económica responde, por su parte, a la progresiva transnacionalización de la
economía y a la transferencia al ámbito privado de la gestión de las empresas de
servicios públicos, lo que favoreció la constitución de una economía de enclave,
que ha caracterizado, por otra parte, la historia política y económica de
Bolivia. Los balances e indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y del
Banco Central indican claramente que los sectores más integrados a la economía
internacional actualmente son la actividad energética y la agroindustria, ambas
desarrolladas en la región oriente de Bolivia. Esto consolida un modelo de
crecimiento y de desarrollo económico desequilibrado en términos territoriales y
desigual en la asignación de recursos intrarregionales, como ha ocurrido
históricamente con las actividades económicas en torno a las cuales Bolivia
articuló su inserción en los mercados internacionales.
Frente a este panorama, resulta interesante reflexionar sobre el comportamiento
de los diferentes actores e intentar comprender el entramado de relaciones e
intereses con el objeto de analizar las posibilidades de construcción de una
alternativa política concreta con capacidad de posicionamiento en el futuro
escenario electoral de diciembre y, fundamentalmente, de julio de 2006, con
miras a la constitución de la Asamblea Constituyente.
Asimismo, cabe tener en cuenta, en este punto, un interesante planteo realizado
por la socióloga argentina Alcira Argumedo sobre las reactualizaciones del
liberalismo político referidas a una nueva concepción de lo social que supere el
concepto marxista de la sociedad; en efecto, esta reformulación conceptual debe
partir de una observación "de la fragmentación y complejidad crecientes, de la
proliferación de las diferencias entre los individuos (…) (E)l
interrogante central de un nuevo tipo de sociedad se vincula con el tipo
de articulaciones sociales que es posible postular teniendo en cuenta tales
diferencias"[7].
En función de esto, cobra relevancia uno de los aspectos considerados
inicialmente, vinculado a las características y modalidades de un modelo
sustentable de gobernabilidad democrática para el país. Esto es así, ya que la
existencia de articulaciones sociales que den cuenta de la dualidad de la
sociedad boliviana como un problema estructural a resolver, es en sí misma,
condición de posibilidad para que un proyecto político pueda consolidar un
modelo de gobernabilidad sostenible.
Un síntoma importante de las dificultades señaladas es el rol mismo del sistema
de partidos en Bolivia. En efecto, un sistema que, tradicionalmente había estado
caracterizado por una importante fragmentación y dispersión, experimentó en los
noventa una relativa concentración en términos ideológicos con la desaparición
de un número de partidos de izquierda que, sin embargo, representaban a un
porcentaje minoritario del electorado. Por otra parte, el núcleo de partidos
entre los cuales se dirimían periódicamente las contiendas electorales compuesto
mayormente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento
Izquierda Revolucionaria (MIR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y,
secundariamente, por la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y por la Nueva Fuerza
Revolucionaria (NFR), demostraban posturas crecientemente centristas y
convergentes. Esta tendencia ha quedado acabadamente demostrada por la serie de
alianzas pre y post electorales que estos partidos conformaron en distintos
momentos, en particular a partir de 1985.
Este panorama nos permite observar que, al menos hasta las elecciones de 2002,
las opciones partidarias se habían restringido significativamente, con lo cual
un importante porcentaje de la población, en especial aquella que más duramente
había sufrido el impacto de las políticas de ajuste estructural y liberalización
en las áreas tanto urbanas como rurales, no contaba con una expresión política
en este ámbito. En la medida en que la situación ha ido agravándose puede
notarse que, en contraposición al proceso reseñado anteriormente, la
polarización social ha retroalimentado un proceso de radicalización política en
términos de la fragmentación de las opciones partidarias, situación que en este
momento genera importantes obstáculos para la construcción de una propuesta
política con un consenso mínimo que sostenga y se comprometa con un modelo de
desarrollo alternativo. Éste es, tal vez, el más importante desafío al que
deberá enfrentarse Bolivia en el futuro próximo.
Dentro de las manifestaciones políticas que adquirieron relieve en los últimos
cinco años y, particularmente, luego de las elecciones de 2002, se destaca el
cada vez más importante papel que están desempeñando las organizaciones
sindicales y gremiales tanto nacionales como regionales, lo que refleja la
fuerte tradición sindical que caracterizó a la historia política boliviana hasta
la desmovilización de la Central Obrera Boliviana (COB) a mediados de los años
ochenta con la aprobación del ya mencionado Decreto Supremo Nº 21060. En este
sentido cabe plantear algunos interrogantes sobre la coherencia y relevancia
presente y futura del sindicalismo en la actual crisis boliviana, a la luz de lo
que Thomas Kruse observaba en 2001: la falta de un proceso claro de
recomposición sindical en el ámbito urbano, la ambigüedad en la relación entre
el mundo del trabajo y la acción política, ligada a la precarización e
informalización del empleo, y la dispersión de estrategias que tienden a ser, de
acuerdo al autor, improvisadas, reactivas y defensivas[8].
Frente a estas consideraciones podemos observar inicialmente que el panorama
sindical y gremial se ha diversificado en su composición y en relación al modelo
de organización y de acción de la COB que había hegemonizado este espacio. A
pesar del debilitamiento de esta institución - en el que influyeron una serie de
factores, entre los que se encuentra el despido de miles de trabajadores del
Estado y la creciente informalización del empleo - consideramos que la actividad
sindical y gremial ha adquirido relevancia y notoriedad. Las movilizaciones
sociales del año 2000, por ejemplo, constituyeron una importante manifestación
del crecimiento del sindicalismo rural que es pertinente destacar. Por otra
parte, en los últimos tiempos ha podido verse que la Central Obrera Boliviana,
bajo la dirección de Jaime Solares, ha recuperado un papel político aunque, en
el contexto ya delineado, no lo hace como núcleo organizativo del movimiento
sindical, sino coexistiendo con otra gran cantidad de agrupaciones a las que se
hizo referencia antes.
Finalmente, los desafíos político-institucionales que se abren en el futuro
inmediato no permiten delinear un diagnóstico medianamente previsible sobre el
rol de los actores políticos y sociales, el tipo de articulación y combinación
de intereses que pueda generarse a partir de sus percepciones y las
características de un modelo de gobernabilidad democrática que dé cuenta de las
lógicas en confrontación permanente. Sólo de algo se puede estar seguro hoy:
Bolivia es un laboratorio político en continua experimentación.
3. Breve caracterización del escenario hemisférico y regional
La delicada situación político-institucional de Bolivia se desarrolla en un
escenario hemisférico y regional marcado, estructuralmente, por la presencia
efectiva de los EE.UU. como actor con pretensiones hegemónicas y con intereses
de seguridad que se han manifestado, permanentemente, en el mismo diseño,
formulación y ejecución de su política exterior en la región.
Pero, la lectura que se puede hacer en el contexto de la crisis abierta en
Bolivia, cruza, en verdad, dimensiones diversas en su origen como factores
contribuyentes a la creación de esta "atmósfera hemisférica" de presencia
dominante de Washington. En efecto, los ejes prioritarios de la administración
Bush están surcados por dos dimensiones globales de problemas e intereses, los
que, en su implementación, afectan a todos los actores del Hemisferio y, más
aun, a la región andina, que se ha convertido en un foco de conflicto
permanente, que, si bien tiene a la grave crisis colombiana como centro
neurálgico de las estrategias económicas y de seguridad estadounidenses, no deja
de manifestarse, también, en Ecuador, Perú y, por supuesto, Bolivia.
Justamente, las dos dimensiones de la estrategia de los EE.UU. para la región
son, por un lado, la económica-financiera y, por el otro, la estratégico-militar
y de seguridad. Es importante señalar que, en este contexto de conflictividad
creciente, parece consolidarse una tendencia de la presente administración
estadounidense a encarar una lectura política crecientemente securitista
del escenario político-institucional, económico-financiero y social de América
Latina.
Esa lógica se complementa con una multilateralización y simplificación de la
agenda interamericana, en cuyos ejes fundamentales están las preocupaciones en
materia de seguridad, lo cual nos lleva a observar que, aun aquellas cuestiones
que están en el orden de lo económico, financiero y comercial - léase la agenda
ALCA, los distintos proyectos de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales
como multilaterales-regionales, pendientes de aprobación definitiva - son
percibidas, en sí mismas, como verdaderos intereses de seguridad nacional para
los EE.UU.
Ahora, las temáticas económico-comerciales constituyen toda una red de intereses
que son altamente prioritarios para Washington y, en tal sentido, la estructura
misma del denominado Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación
de Drogas (ATPDEA) es un claro indicador de esta tendencia a una lectura
securitaria integral, ya que, liga la concesión de preferencias comerciales por
parte de los EE.UU. a los países andinos al más estricto cumplimiento de una
política de lucha contra los cultivos ilegales y la producción de narcóticos. En
tal sentido, tanto Colombia, como Perú y Bolivia, se han visto permanentemente
presionados por la Casa Blanca a través de una serie de instrumentos que cruzan,
sustancialmente, los órdenes de la seguridad y de las relaciones
económico-comerciales.
A tal punto ha sido dominante esta percepción en la dirigencia boliviana que,
aun hoy en este escenario abierto de crisis política, "el coordinador alterno de
la negociación de países andinos de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos, Julio Alvarado, consideró que se debe acelerar un Tratado de Libre
Comercio (TLC), con Estados Unidos, antes que concluya la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y Erradicación Drogas (Atpdea) en diciembre del 2006"[9].
Asimismo, reafirmando lo previamente señalado, "sostuvo que el gran problema
para el país, es que terminen las preferencias del Atpdea, ya que varias
empresas que exportan a Estados Unidos, dejarán de hacerlo y ello influirá
negativamente en las exportaciones del país y en las posibilidades de generar
más empleo"[10]. De hecho, el citado funcionario
manifestó que "los empleos de las empresas que exportan a Estados Unidos, son de
mejor calidad, se pagan mejores sueldos, existe seguridad social, están regidas
a varios controles y si se concluye el Atpdea, lamentablemente vamos a enfrentar
una situación muy difícil"[11].
Estas aseveraciones pueden tener, en la presente coyuntura, un profundo impacto,
más aún teniendo en cuenta que, entre el 18 y el 22 de julio se realizará una
reunión clave en Miami entre los países andinos y los EE.UU, de cara a cerrar un
acuerdo integral de libre comercio. Bolivia irá a ese encuentro en calidad de
observador, aunque, en función de las palabras del citado funcionario, abría
expectativas de encontrar un camino de acuerdos comerciales que le permitan a
Bolivia consolidar una plataforma exportadora que le genere divisas a partir de
una mayor presencia en los mercados mundiales.[12]
Por cierto, esto ocurre simultáneamente a la indefinición política en una
temática estratégica en el orden subregional, y que es la denominada agenda de
integración gasífera sudamericana, que se ha dado en llamar "anillo energético
sudamericano". Este proyecto está lejos de concretarse y en los próximos días se
producirán reuniones en las que se abordarán aspectos políticos, legales y
técnicos para la planificación e implementación del mismo, aunque, en la
complejidad evidente de este escenario, no puede dejar de mencionarse el
conflicto histórico entre Bolivia y Chile por la salida marítima reclamada por
los bolivianos luego de la Guerra del Pacífico, factor que se constituye en una
permanente usina generadora de actitudes hostiles cuando no directamente
confrontativas entre ambos países.
Por otra parte, la reciente concesión de inmunidad soberana al personal
diplomático y militar de los EE.UU. por parte del gobierno paraguayo, se ha
sumado para contribuir al creciente proceso de inestabilidad regional, generando
-incluso- lecturas que han asociado esa virtual presencia de fuerzas armadas
estadounidenses, al establecimiento de bases militares que puedan asegurar,
entre otras cosas, una cercanía estratégica a los mismos yacimientos
hidrocarburíferos del oriente boliviano que, en el caso de la provincia de
Tarija, limitan con el territorio del Chaco paraguayo.
Sin embargo, el Canciller boliviano, Armando Loaiza "atribuyó a una
"especulación excesiva" y por lo tanto desechó la idea que la instalación de una
base militar estadounidense en territorio paraguayo se emplee para "monitorear"
la riqueza energética del país" [13]. Asimismo,
manifestó que "hay que desechar esa idea un tanto especulativa de que en ese
centro de operaciones, en esa base conjunta militar y de cooperación que tiene
la República del Paraguay y Estados Unidos, se ha establecido a efectos de
observar o monitorear las capacidades de los hidrocarburos de Bolivia[14]".
Lo cierto es que el gobierno y el Poder Legislativo de Paraguay, "autorizaron el
ingreso de tropas estadounidenses con inmunidad, permiso de libre tránsito y
permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable
automáticamente[15]."
Pero, estas noticias deben ser analizadas en el contexto de la última reunión de
la Asamblea Anual de la OEA, realizada en Florida, EE.UU., entre el 5 y el 7 de
junio del 2005. En las sesiones iniciales del citado encuentro hemisférico,
Washington presentó una propuesta tendiente a "evaluar la situación de la
democracia en los países del continente y poder anticipar las crisis"[16],
lo cual generó el inmediato rechazo de buena parte de los países de la región,
encabezados por Venezuela, México y Brasil. Ante el tenor "cuasi
intervencionista" de la propuesta de la Casa Blanca, el Secretario General de la
OEA, José Miguel Insulza, manifestó que "no es una fiscalización ni un monitoreo
ni nada por el estilo, sino adelantarnos a los hechos"[17],
y consideró que la situación del hemisferio es en sí misma crítica, con
indicadores sociales, económicos y político-institucionales que muestran un
cuadro de crisis persistentes, con problemas estructurales relacionados a la
inequitativa distribución del ingreso y a la extensión de la pobreza, todo lo
cual contribuye a crear un caldo de cultivo para la inestabilidad crónica de las
democracias y para el avance de la violencia en las sociedades latinoamericanas.
En ese orden de cosas, el citado funcionario explicaba que "Es necesario
revisar cuál es la agenda común que tenemos. Los títulos están bien:
democracia, seguridad, desarrollo. Pero la verdad es que la negociación
comercial ha estado atascada y que los temas de seguridad no atienden a cosas
graves como los huracanes"[18], y afirmó que a los
países latinoamericanos les falta "mejor gobierno, mejores instituciones y
seguir políticas consistentes en materia económica[19]."
En definitiva, la propuesta inicial de los EE.UU. trocó en la Declaración de
Florida, en una preocupación compartida de los países del Hemisferio en torno a
la estabilidad de las democracias, el avance del desarrollo económico y el
combate a la pobreza.[20]
Para concluir, "la actual administración estadounidense ha consolidado dos
rasgos distintivos del accionar político externo de los Estados Unidos en la
región. Por un lado, la reaparición de un sesgo fuertemente unilateralista
complementado con una visión pesimista sobre la capacidad de respuesta de los
países del continente para la resolución de las así llamadas nuevas amenazas
que el Hemisferio debe afrontar: narcotráfico, terrorismo, seguridad
aeroportuaria, degradación medioambiental y contaminación e inestabilidad y
crisis de los regímenes democráticos."[21]
"Por otro lado, una persistente securitización de la agenda regional que, a la
vez que se extiende multilateralmente, alimenta un peligroso proceso de
militarización, cuyo centro de gravedad estratégico está hoy en Colombia. Allí
el conflicto político-institucional, sumado a la inestabilidad económica y a la
consolidación de estructuras sociales duales[22], junto
a un estado de guerra interno que es permanente, aparecen como aspectos de una
realidad que se hace más compleja al compás del incremento del apoyo militar y
financiero de los Estados Unidos a la administración Uribe en el marco del
Plan Colombia, convertido ahora en un instrumento subregional bajo el nombre
de Iniciativa Andina"[23].
Reflexiones finales
Del análisis anterior se desprende un interrogante ineludible sobre la
viabilidad política y económica de la nacionalización de los hidrocarburos. En
función del escenario de condicionalidades y limitaciones estructurales
descripto, esta pregunta va más allá de la existencia de una voluntad política
ya que, fundamentalmente, apunta a la capacidad del Estado boliviano para
sostener una medida de tales características y alcances.
En este sentido, consideramos relevante y pertinente destacar una vez más la
dimensión jurídica de la "recuperación" del rol del Estado como genuino
representante de todos los sectores sociales que tienen intereses que defender
en el escenario político-institucional. En efecto, se trata de "recapturar" las
estructuras burocráticas del Estado como una condición ineludible para desmontar
la compleja red de intereses públicos-privados que han sido la urdimbre
estructural que está detrás de los procesos de decisión política y de gestión
pública del Estado boliviano. Desde esta trama de poder los intereses
perjudicados han tenido siempre un mismo rostro: el de los sectores políticos y
sociales, rurales y urbanos, permanentemente excluidos del juego político.
Asimismo, hay un factor de orden territorial y de distribución espacial del
poder que ha actuado reforzando la lógica de desapropiación de la soberanía
política del pueblo boliviano con la consecuente privatización del espacio
público, como ámbito natural de debate e interpelación política. Una vez más,
señalamos la pertinencia de la postura de Andrés Soliz Rada, quien hace hincapié
en la necesidad estratégica de vincular la explotación e industrialización del
recurso gasífero con el desarrollo equilibrado y armónico de las distintas
regiones del país, como una forma de terminar con las tradicionales asimetrías
intra e inter-regionales que han caracterizado a la historia económica
boliviana.
A su vez, la organización política unitaria y el tradicional centralismo
administrativo -ejes estructurantes de la institucionalidad política boliviana-
se muestran como una salida inadecuada ante el escenario de fragmentación social
y radicalización política que acentúan la dualidad social y económica entre los
distintos sectores del país. Podemos plantearnos, entonces, hasta qué punto esta
forma de organización funcional y distribución espacial de poder puede dar
cuenta e incorporar en términos de representación política la multiplicidad de
fracturas e identidades sociales, culturales y étnicas que caracterizan a la
sociedad boliviana.
Tal vez, entonces, el principio de una salida para la grave crisis política,
económica y social del país esté asociada a la recuperación jurídica del Estado,
esto es la reconcepción del derecho como un recurso institucional
incuestionable, a través del cual se pueda plantear la ineludible revisión de
todo lo actuado en materia de normativas legales que son las que han brindado
los marcos de contención para la acción política de algunos sectores
privilegiados que terminaron por apropiarse de lo público, convirtiéndolo, de
hecho, en la extensión de su propia capacidad de poder e influencia. Este
proceso es el que se ha operado durante más de veinte años desde las mismas
estructuras del Estado capturadas por estos intereses privados, siendo la
actividad hidrocarburífera el eje central a través del cual se consolidó una
enajenación de la propiedad colectiva de los recursos naturales, consolidando
con ello las desigualdades económicas, la dualidad social y las asimetrías
territoriales de las que hablábamos más arriba.
Finalmente, entonces, por qué no hacer uso de los instrumentos jurídicos con los
que el Estado boliviano cuenta para comenzar a desandar un camino de enajenación
de la propiedad colectiva de los recursos, antes que plantear la nacionalización
de los hidrocarburos como única alternativa posible.
En efecto, una de las primeras medidas políticas que se pueden adoptar es el
control de la constitucionalidad y legalidad del ordenamiento jurídico que
afecta al sector hidrocarburífero, así como de las medidas políticas concretas
adoptadas bajo ese esquema. En tal sentido, debiera considerarse una decisión
política altamente prioritaria dado el cuadro de situación vigente: la
abrogación de las medidas que, bajo los parámetros del control aludido, sean
reputadas como ilegales, aplicando incluso un criterio retroactivo, lo cual, en
sí mismo, no es más que la materialización de una voluntad política concreta que
recupera espacios de decisión soberanos. Tal decisión política debiera
contemplar, asimismo, la revisión de los 78 contratos de riesgo compartido
concretados por decreto del Poder Ejecutivo y sin la previa aprobación del
Congreso. Finalmente, la opción de contralor y de regulación pública sobre el
efectivo cumplimiento de las cláusulas de dichos contratos por parte de las
empresas debe considerarse como otro recurso a ser implementado. Ligado a ello,
se abre una compleja problemática ligada a la necesidad de control del Estado
sobre las maniobras de evasión y elusión impositiva que estas empresas han
realizado históricamente en la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
Buenos Aires, Julio de 2004
Notas
[1] Ver Friedrich, Karl. El hombre y su gobierno.
Madrid: Ed. Tecnos. (1968).
[2] Ver Weber, Max. Economía y Sociedad. México: Ed.
FCE. ( 1999). Adoptamos un enfoque metodológico que, en sí mismo, es tributario
de una lógica de comprensión integral del problema en estudio. En efecto,
importa ver cómo el mismo fenómeno es interpretado por los distintos actores
políticos y sociales en función de su lugar en la comunidad política -en la que
desempeñan roles vinculados al ejercicio y a la disputa por el poder-, de sus
intereses y de las percepciones que, en torno a ellos, se generan en ese mismo
espacio geográficamente compartido.
[3] Nuevamente, hacemos referencia ineludible a Weber, ya
que estimamos que esa necesaria reconstrucción de sentido está inextricablemente
ligada a la comprensión integral de las motivaciones y acciones de los actores
políticos y sociales en el contexto de un sistema político en estado de crisis
crónica.
[4] Soliz Rada, Andrés (2005) El Mapa Vacío. Info-MORENO
Nº 106, 22 de junio de 2005.
[5] Soliz Rada, Andrés, "Bolivia: el referendum que falta",
Bolpress, 7 de julio de 2005.
[6] "Lo único que une a Bolivia es el gas",
entrevista al Dr. Andrés Soliz Rada, Diario Clarín, 6 de julio de 2005.
[7] Argumedo, Alcira (2004) Los silencios y las voces en
América Latina. Ediciones Colihue, Buenos Aires. Pág. 131.
[8] Kruse Tom (2001) Transición política y recomposición
sindical. Reflexiones sobre Bolivia. En de la Garza Toledo Enrique (comp.) Los
sindicatos frente a los procesos de transición política. CLACSO/ASDI/ILAS.
Buenos Aires, Argentina. Pág. 155.
[9] Ver www.comunica.gov.bo SE DEBE ACELERAR UN TLC CON
EE.UU ANTES QUE TERMINE EL ATPDEA, 08 de julio de 2005.
[10] www.comunica.gob.bo Ibidem.
[11] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[12] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[13] www.comunica.gov.bo CANCILLER CONSIDERA QUE HAY "UNA
ESPECULACION EXCESIVA" SOBRE BASE EE.UU. EN PARAGUAY, 07 de julio de 2005.
[14] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[15] www.comunica.gov.bo Ibidem.
[16] Barón, Ana. "La Asamblea de la OEA se inicia con una
polémica propuesta de EE.UU.", Sección El Mundo, Clarín, domingo 5 de junio de
2005, p. 26.
[17] Clarín. " Insulza: " Es más difícil tener democracia
si hay pobreza", Sección El Mundo, domingo 5 de junio de 2005, p. 27.
[18] Idem 12.
[19] Idem 12.
[20] Ver www.oas.org.
[21] Lahoud, Gustavo y Rodríguez, Emilio (2005). La
Agenda de Seguridad Hemisférica. Informe del Área de Relaciones
Internacionales de América Latina del Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador. Buenos Aires. P. 32.
[22] Véase Seitz, Mirka. El MERCOSUR Político.
Fundamentos Federales e Internacionales. Buenos Aires: Fundación Juan Pablo
Viscardo (2004).
[23] Lahoud y Rodríguez, op. cit. p. 32.
* Investigadores del Área de Recursos Energéticos y Planificación para
el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales ( IDICSO
) de la Universidad del Salvador y del Movimiento por la Recuperación de la
Energía Nacional Orientadora ( MORENO ). Fecha: Julio de 2005. Email:
idicso@yahoo.com.ar
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