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La decisión gubernamental de mantener la concesión de las empresas españolas Aguas de la Costa y Uragua, y de estatizar los servicios que en la actualidad brindan Aguas Corrientes El Pinar y una decena de pequeñas cooperativas que operan en la zona de la costa de los departamentos de Canelones y Maldonado, generó fisuras e interpretaciones divergentes en el seno del PIT-CNT y del Frente Amplio, las principales organizaciones que -junto con un sector del Partido Nacional- promovieron en octubre pasado una reforma constitucional que determinó el pasaje a manos del Estado de todos los servicios de agua y saneamiento.
El pasado viernes 20, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, actuando en Consejo de Ministros, aprobó un decreto interpretando la reforma constitucional del agua del pasado 31 de octubre, que dispone que sólo podrán continuar a cargo de los servicios de agua y saneamiento aquellos operadores que tengan un contrato vigente con el Estado. Según explicó al semanario BÚSQUEDA el vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Fernando Nopitsch, eso significa que caerán todas las concesiones, excepto las de las extranjeras Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios en el departamento de Maldonado.
El presidente de OSE, Carlos Colacce explicó a radio EL ESPECTADOR que según el gobierno, la reforma no tiene efecto retroactivo, por lo que "todas las concesiones que estaban vigentes al 31 de octubre seguirían vigentes, siempre y cuando no tengan problemas contractuales, lo cuál es harina de otro costal". Félix Leborgne, el director de Aguas Corrientes El Pinar, una de las pequeñas empresas que no tiene contrato con el Estado, dijo a BÚSQUEDA que la decisión oficial le causó "sorpresa" y se quejó de que "mientras las empresas extranjeras se quedan, se tienen que ir las empresas nacionales".
Pero tanto la Comisión de Defensa del Agua y la Vida como la central sindical, el PIT-CNT, han manifestado su malestar por la decisión del gobierno y discrepan en la interpretación que éste hace de la reforma constitucional aprobada en plebiscito junto con las elecciones nacionales por casi el 65% de los votantes. En su reunión del pasado lunes 23, la Mesa Representativa del PIT-CNT decidió reiterar su exigencia de que cesen todas las concesiones de servicios de agua y saneamiento, tal como lo estableció el texto de la reforma aprobada.
En el día de hoy, el sindicato de OSE (FFOSE) y la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida anunciarán un plan de acción hasta setiembre. Ambas organizaciones, al igual que la central sindical, iniciaron consultas jurídicas para, eventualmente, interponer un recurso de "inconstitucionalidad" frente al decreto presidencial. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida también solicitará una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez para plantearle sus inquietudes. Uragua cesará sus actividades en el país de todas maneras, ya que tanto la empresa como el Estado están interesados en rescindir el vínculo contractual, si bien ambas partes discuten la forma de hacerlo.
Para el gobierno, los reiterados incumplimientos de la empresa española en materia de inversiones, calidad del servicio, y pago de cánones, han hecho caer el contrato. Uragua, en cambio, afirma que obró de acuerdo a derecho y exige una indemnización para retirarse del país. La vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Adriana Marquisio, explicó al diario ULTIMAS NOTICIAS que "El decreto de alguna manera mantiene los contratos de las dos multinacionales (si bien en el caso de Uragua será rescindido por incumplimiento), cuando el texto de la reforma dice que la política de agua y saneamiento tiene que quedar en manos de los ciudadanos uruguayos".
Consultada su opinión sobre el decreto presidencial, el secretario general del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo al diario EL OBSERVADOR que "seguramente existen presiones sobre el gobierno", y que "puede que algún miembro del Poder Ejecutivo tenga compromisos asumidos que ahora debe cumplir, de otra forma no se explica el decreto". Castillo se estaba refiriendo a que el Banco Mundial tiene acciones en la empresa belga Suez Lyonaise des Eaux, propietaria de Aguas de la Costa; y sugería que su continuidad en el país podría deberse a una exigencia de esa organización financiera internacional.
Entrevistado esta mañana en el programa En Perspectiva de RADIO EL ESPECTADOR, el senador oficialista Enrique Rubio, propuso que el Estado compre la empresa Aguas de la Costa. "A veces tenemos una especie de pereza para imaginar situaciones distintas", dijo el parlamentario de la Vertiente Artiguista. Según explicó, su intención al lanzar esta idea es atender los reclamos sobre los servicios de Agua de la Costa y, además, atenuar las apelaciones al reciente decreto emitido por el gobierno en este tema. Rubio dijo que uno de los factores favorables para que se concrete su propuesta es que esa firma no ha realizado grandes inversiones y que los retornos esperados, según la información que maneja "no son cosa demasiado importante".