Adital

Las organizaciones del movimiento popular guatemaltecas alertan la opinión pública nacional e internacional sobre la represión contra los defensores de los derechos humanos en el país. Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el año pasado hubo 122 ataques en contra de defensores de derechos humanos, de estos 12 fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares.
Este patrón es similar al ocurrido entre el 2000 y el 2003 donde se contabilizaron

387 ataques de los cuáles 119 tenían indicios de participación de aparatos clandestinos de seguridad. Durante el gobierno de Portillo (ex presidente Alfonso Portillo) se contabilizaron 68 allanamientos en cuatro años (un promedio de 17 ataques al año). "La cosa se agrava este año, hasta el 12 de mayo estábamos contabilizando 65 ataques, de los cuáles 15 son allanamientos", afirma la entidad.
Este mes hubo varios hechos de represión, como el intento de secuestro a Francisco Sanchez miembro de la agrupación Hijos para la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS); el allanamiento en la oficina de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); y allanamientos en contra de la sede del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Santa Rosa, y de la sede de la Federación de Iglesias Luteranas en Petén.
Además hubo intentos de allanamiento de la Central de Unión de Sindicatos de Guatemala (CUSG), Instituto Penal de Ciencias Comparadas (ICCPG), Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), y de una vivienda particular de un miembro de Mesa Global y la Coordinación de ONGs y Cooperativas (CONGECOP) y de la Coordinadora de Acompañamiento de Austria.
Para el GAM "es preocupante este tipo de acciones por parte de grupos paralelos que buscan entorpecer los trabajos de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, por lo que pedimos y exigimos al gobierno y a las autoridades que garanticen la seguridad de las instituciones y el personal que laboran en ellas".
Ya la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), envió una carta al Presidente de la República Óscar Berger para expresar su condena por los actos de represión sufridos por las organizaciones sociales de Guatemala en los últimos días. "Las organizaciones sufrieron actos intimidatorios (robos, allanamientos, violación de propiedad privada). El común denominador de estos hechos es que son perpetrados a defensoras y defensores de derechos humanos y que reflejan la pervivencia de estructuras clandestinas cuya finalidad es mantener el clima de impunidad en el país" declara.
Para Orit, estas acciones igualmente se conectan a la creciente oposición de diversos sectores sociales al proceso de ratificación del tratado de libre comercio de Centroamérica con los EE.UU.
Amnistía Internacional afirma que la ola de allanamientos que ha afectado a organizaciones sociales y de DDHH en Guatemala pretende enviar un peligroso mensaje para el movimiento de derechos humanos en ese país: su trabajo no será apoyado ni tolerado.
"La nueva ola de allanamientos contra el trabajo de organizaciones sociales y de DDHH deja al descubierto una campaña organizada por grupos clandestinos para obtener inteligencia sobre el trabajo de los defensores de DDHH y activistas sociales que atentan contra ciertos intereses políticos," dijo Amnistía Internacional. La organización hace un nuevo llamado a las autoridades guatemaltecas a investigar los allanamientos y hostigamientos contra los defensores de DDHH y llevar ante la justicia a los responsables.
Para el Bloque Antiimperialista las diferentes acciones que han sido llevadas a cabo, no han sido hechos aislados. Responden a una intimidación y clara represión por parte del Estado en contra de varios sectores que durante las jornadas de marzo y abril presentaron una fuerte resistencia al libre comercio y a las políticas imperialistas de Estados Unidos.
La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) también responsabiliza al gobierno de Óscar Berger por la escalada represiva en contra del movimiento social. "Esta responsabilidad recae sobre el gobierno mientras no se esclarezcan los hechos y se ponga en manos de los tribunales competentes a quienes resulten responsables".