Jean Luc Porte
AFP

Un creciente número de colombianos empieza a pedir que se retire la inmunidad a los soldados estadounidenses que actúan en este país, implicados en el último año en escándalos por tráfico de armas y droga, videos pornográficos, accidentes de tránsito y contrabando de antiguedades.

Los reclamos provienen fundamentalmente de dirigentes políticos, pero también de colombianos de la calle, que consideran exagerados los privilegios de 800 militares y 600 civiles estadounidenses vinculados a operaciones en el marco del Plan Colombia.

"El gobierno colombiano, que ha recibido cerca de 3.000 millones de dólares de Washington desde 2000, ha optado por callarse y eso anima al embajador estadounidense a comportarse como un procónsul y algunos de sus conciudadanos a actuar como rufianes dispuestos a todo para enriquecerse" sostuvo Alejandro M. un funcionario colombiano de una multinacional norteamericana.

La captura el miércoles de un teniente coronel y un sargento del ejército de Estados Unidos, involucrados en un caso de tráfico de munición para grupos paramilitares de extrema derecha, pareció convertirse en la gota que desbordó el vaso.

Los dos militares fueron entregados a la embajada de Estados Unidos, tras ser interrogados.
Espero que en Estados Unidos "reciban el mismo tratamiento judicial y de ser hallados culpables tengan una pena similar a la que habrían tenido en Colombia" declaró el vicepresidente Francisco Santos.

El congresista Jimmy Chamorro, de la comisión de relaciones internacionales del Senado, anunció un debate para que ministros del gabinete del presidente Alvaro Uribe expliquen las posibilidades de reformar los tratados que les garantizan impunidad.

"Aunque sabemos que desde el punto de vista político, ni el gobierno colombiano, ni el de Estados Unidos, van a acceder a reformar el tratado" precisó.

Chamorro comparó los delitos cometidos por los soldados norteamericanos con los crímenes de Al Qaeda: "Ellos están alimentando grupos terroristas con munición y armamento, sus actos no tienen justificación".

"Cuántos atropellos o delitos cometidos por uniformados estadounidenses harán falta para que se revise ese convenio?" se preguntó este viernes en su editorial el influyente diario El Tiempo.

En marzo cuatro militares estadounidenses que trabajaban en tareas antidrogas fueron detenidos en Texas, después que desde la base aérea de Apiay en el este de Colombia enviaron 16 kilos de cocaína en un avión norteamericano y luego partieron precipitadamente.

En esa ocasión el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, dijo a la televisión que no era posibles juzgarlos en Colombia.

Washington exige a Bogotá extraditar a todos los colombianos implicados en tráfico de droga, pero rehúsa que sus ciudadanos que cometan delitos en Colombia sean juzgados en este país.

Desde 1997 han sido extraditados 239 colombianos a Estados Unidos. "Es un acto de doble moral", sostiene el congresista Jairo Clopatofsky.

"Los militares cometieron el supuesto delito en Colombia, y de acuerdo con el tratado de extradición, que es bilateral, deberían ser juzgados aquí", agrega su colega, el legislador de izquierda Gustavo Petro.

En octubre pasado la prensa reveló la comercialización de videos pornográficos en que jóvenes del poblado turístico de Melgar (120 km al sur de Bogotá) participan en orgías con estadounidenses de la base militar vecina. Otro militar estadounidense es investigado por huir tras atropellar a dos soldados, en agosto de 2004.

Ese mismo mes, la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), María Victoria Uribe denunció que estadounidenses con fuero diplomático estaban implicados en un tráfico de al menos 2.000 piezas de arte pre-colombino que "compran como si se tratara de souvenirs, violando la ley".