Ricardo Andrés De Dicco*

En base a datos del documento "Balance Nacional de Energía 2002", publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en Agosto de 2003, el consumo nacional chileno por fuentes de energía primaria se configura de la siguiente manera: 40% petróleo, 26% gas natural, 10% carbón mineral, 8% hidroenergía y 16% restante leña, biomasa, eólica, etc. Cuando se desagrega esta matriz por la de suministro eléctrico, en base al documento publicado en Diciembre de 2004 por la CNE "Capacidad Instalada por Sistema Eléctrico Nacional", se observa que las centrales hidroeléctricas cubren el 40,1%, las térmicas el 59,1% (abastecidas principalmente con gas natural, y en menor medida con carbón, petróleo y biomasa) y las eólicas el 0,02%. Es decir, Chile es un país altamente dependiente de hidrocarburos, ya que sus nec esidades energéticas y eléctricas están cubiertas en un 76% y 58%, respectivamente, por estos recursos naturales no renovables. Por otra parte, cabe señalar que la oferta de energía chilena depende en un 63% de recursos energéticos importados, dejando a este país en una situación de vulnerabilidad estructural. El caso ilustrativo es el del gas natural: el 100% de las importaciones provienen de Argentina, país cuyas reservas gasíferas se agotarían, en base a estimaciones del IDICSO y del MORENO, en el año 2013.
En Chile, el gas natural participa con el 34% de la generación de energía eléctrica y satisface el 26% de las necesidades energéticas totales del país, lo cual merece ser tratado como un recurso estratégico. En base al documento "Consumo gas natural 1965-2004" publicado recientemente por la CNE, se observa que el consumo nacional de este fluido registrado en 2004 fue equivalente a 8.286 MM de m³ (donde el 81,2% corresponde a importación de Argentina). Al desagregarlo por consumo sectorial, los usuarios Residenciales participaron con 4,5%, Comercial y Público 1,1% (mayoritariamente Comercial), Transporte 0,3%, Industrial y Minero 17%, y el 77,1% restante: Centrales Térmicas, Petroquímica, Refinerías y ENAP (mayoritariamente Centrales Térmicas). El mercado gasífero chileno se encuentra altamente concentrado, ya que un puñado de emp resas integran verticalmente el transporte y distribución, producto de una legislación obsoleta (que data de 1931: Ley Nº 323), y se encuentran algunas de ellas vinculadas a los intereses particulares de las productoras gasíferas que exportan gas en Argentina. Esto explica el contexto en el cual los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem firmaron un acuerdo de integración gasífera durante los ’90, promovido por los conglomerados extranjeros beneficiados con las reformas estructurales realizadas en ambos países, cuando los organismos gubernamentales pertinentes de ambas naciones conocían perfectamente el déficit de desarrollo gasífero argentino y los nulos esfuerzos exploratorios por parte del capital privado, con los respectivos riesgos que ello traería a comienzos del siglo XXI.
Desde 1996 hasta 2003 fueron construidos en Argentina 7 gasoductos de exportación con destino Chile. Durante ese período las importaciones se incrementaron significativamente, al punto de superar los requerimientos chilenos. En este sentido, puede observarse que en 2003 se importó un 4% más que lo pactado entre las productoras que operan en Argentina y sus clientes que operan en Chile. No obstante, el año pasado tales productoras gasíferas, que conforman el oligopolio energético privado que impera en Argentina desde los ‘90, presionaron al gobierno de Kirchner cortando el suministro al mercado interno, con el propósito de conseguir aumentos tarifarios violatorios de la Ley Nº 25.561 (de Emergencia Económica). Como en Argentina existen dos leyes nacionales (17.319 de Hidrocarburos, y 24.076 del Marco Regulatorio del Gas) que prohíben la exportación de gas natural cuando el mercado in terno está insatisfecho (13,5 millones de argentinos carecen de provisión de gas por redes, según INDEC), el gobierno nacional decidió aplicar restricciones a la exportación de gas, más la aplicación de retenciones equivalentes al 20%. Cabe señalar que en el documento "Plan Energético Nacional 2004-2008" presentado por la Administración Kirchner en Mayo de 2004, se destaca la importación de gas natural boliviano. Esta medida beneficia exclusivamente a Repsol YPF, justamente el conglomerado energético de mayor implicancia en la violación de la legislación argentina. Ese gas "boliviano" le pertenece a dos filiales de Repsol YPF: Maxus y Andina, las cuales entregan el fluido a la estatal YPFB, concretando en Argentina la operación de importación la empresa Pluspetrol (controlada por Repsol YPF). Esto no habla para nada bien de la actual Administración, cuando se recuerdan los discursos del Presidente de la Nación a principios de 2004 acusand o correctamente a Repsol YPF de "extorsionista". Cabe la posibilidad que el gobierno "no sepa" o se haya "olvidado" que Pluspetrol, Maxus y Andina están controladas por el conglomerado energético mencionado, como también es justo suponer que "todos ellos nos están tomando el pelo", y prefiero quedarme con esta última suposición.
En suma, durante todo 2004 los incumplimientos contractuales de los agentes económicos que operan en Argentina respecto a sus pares chilenos fue del -3%, si se considera el volumen estimado en el documento "Proyección Demanda de Gas Natural 2003-2012" (publicado en Noviembre de 2003 por la CNE): 6.934 millones de m³, y el volumen exportado: 6.731 millones de m³, según la Secretaría de Energía de la Nación (no obstante, cabe señalar que el volumen exportado durante 2004 se incrementó casi un 8% respecto al registrado en 2003, según ENARGAS). Considerado esto, no es recomendable para Chile mantener tal grado de dependencia gasífera co n Argentina, no sólo por el descontrol y ausencia de regulación existente en el mercado energético de nuestro país, sino más bien por el horizonte de vida de "nuestras" reservas comprobadas de gas natural, las cuales estarían agotadas en el próximo quinquenio.
Las opciones de contingencia de la Administración Lagos no son muy prometedoras a la hora de asegurar la oferta energética y evitar un colapso en la capacidad de fuerza de las usinas. La misma considera impedir la concentración de las importaciones desde un mismo país a partir del año 2010, no pudiendo superarse el 85% el abastecimiento proveniente de una misma nación. El error radica en que tal porcentaje no implica una redistribución racional del riesgo, ya que los proyectos de importación opcionales como Trinidad y Tobago (gas natural licuado –GNL–) y Perú (gas natural –GN– y gas licuado de petróleo –GLP–) no son sustentables en el largo plazo, considerando que las productoras estadounidenses y europeas agotarían los yacimientos hidrocarburíferos de ambos países para fines de la próxima década. Otro error es el caso del GLP: Repsol YPF y sus subsidiarias controlan el 28% del merc ado peruano y el 40% del mercado chileno, lo que permite a este conglomerado extranjero incidir notablemente en la formación de precios del mercado chileno. Chile debería considerar otros proveedores de GNL, como Venezuela, Indonesia, Irán y Arabia Saudita.
Por otra parte, el proceso de regasificación del GNL, como por supuesto el transporte y distribución troncal de gas natural, deberían estar gestionados por ENAP (petrolera estatal chilena), a fin de ofrecer energía barata que promueva la competitividad del aparato productivo chileno, de forma que sea concordante con el mensaje del presidente Ricardo Lagos: "La política energética chilena pretende altos niveles de seguridad en el abastecimiento, bajo estrictas condiciones de eficiencia económica y de respeto al desarrollo sustentable". En este sentido, es menester diversificar el riesgo en la provisión de energía, reduciendo la dependencia hidrocarburífera y fomentando el desarrollo de fuentes de energía alternativas a los hidrocarburos: la hidroenergía y la nucleoelectricidad. Es sabido que la tecnología hidráulica goza de buena salud en Ch ile, pero también debe destacarse la relevancia que cobra el desarrollo de la tecnología nuclear cuando se presentan años hidrológicamente poco favorables en un país que históricamente padeció de insuficiencia de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos y que además es hidrocarburo-dependiente. En Chile y Argentina existen los yacimientos uraníferos más ricos de la región. En este sentido, la planificación energética de la CNE debería orientarse al desarrollo conjunto de ambos países en estas tecnologías alternativas a fin de evitar la costosísima dependencia hidrocarburífera de la próxima década. Chile puede financiar tales desarrollos si recupera la renta energética y minera en su totalidad. Ello depende de una decisión política: dependencia económica, tecnológica y cultural versus autonomía nacional en un contexto de integración regional sudamericana.

*Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador; del Instituto de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Íllia (FAI); y; analista energético del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Fecha: Abril de 2005. Email: idicso@yahoo.com.ar