Víctor H Abelando

BRECHA

'Ningún uruguayo que se haya endeudado trabajando y manifieste voluntad de pago va a perder lo que es suyo', afirmó el presidente Tabaré Vázquez el 1º de marzo.

Sin embargo, el tema de los deudores en dólares no estaba instalado en la agenda del nuevo gobierno con las urgencias que comenzaron a manifestarse esta semana, si bien desde la finalización de feria judicial, el 31 de enero, varios remates comenzaron a concretarse. Esos episodios habían puesto en alerta a legisladores y gobierno, que actuaron individualmente para frenar algunas ejecuciones. Senadores del EP-FA reconocieron que debieron intervenir en algunos casos ante los bancos para que no se ejecutara a familias o pequeños empresarios rurales. Incluso se afirma que el propio Vázquez lo hizo en dos oportunidades, una en Salto y otra en Paysandú.

Pero el tema detonó y adquirió dimensión pública cuando el lunes 4 el senador del Espacio 609 (el cual integra el MPP) Jorge Saravia presentó ante la bancada encuentrista dos proyectos de suspensión de ejecuciones por 180 días, uno para los productores rurales con deudas de hasta 500 mil dólares, y otro para las familias que no superen los 150 mil dólares de deuda con créditos tomados hasta el 20 de junio de 2002.

La reacción del titular de Economía, Danilo Astori, fue inmediata: rechazó de plano la iniciativa, manteniendo la postura de sus épocas de senador, cuando se opuso a los distintos proyectos presentados en la misma dirección por sus compañeros de bancada.

Las diferencias entre el Ejecutivo y gran parte de los senadores del EP-FA motivaron una reunión urgente de la bancada oficialista, el miércoles 6, donde el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin, trasmitió la posición de Vázquez contraria a una solución legislativa del asunto.

A diferencia del pasado (por ejemplo en octubre de 2002, cuando propuso una ley de suspensión de los remates), aunque en concordancia con los pasos que ha ensayado desde la designación de Astori al frente de Economía, Vázquez respaldó la postura del ministro y la posibilidad de una suspensión de ejecuciones quedó liquidada, al menos por ahora.

Sin embargo, a juicio del senador de la Alianza Progresista Eduardo Ríos, es la primera vez que el Poder Ejecutivo se compromete a iniciar gestiones para prorrogar los remates, mientras la comisión a nivel gubernamental fija las pautas para el tratamiento caso a caso de los deudores, en un plazo no mayor de 30 días.

Es que la solución a que arribaron los senadores del partido de gobierno, como forma de atender la situación de los deudores y resolver la minicrisis planteada con Astori, es impartir directivas a la banca pública (donde está la mayoría de los deudores) y privada para que por 60 días se suspendan las ejecuciones. Ayer se hizo el anuncio público del acuerdo alcanzado entre los parlamentarios y las carteras de Economía y Agricultura desde el edificio Libertad, como forma de darle la fuerza de un acto de gobierno a la medida y sellar así, de paso, la imagen de fisura creada en filas oficialistas. Queda sin resolver el caso de los prestamistas aunque estos serán convocados para que asuman la misma actitud.

Paralelamente, se plantea crear una comisión parlamentaria multipartidaria donde deben inscribirse los deudores con voluntad de pago, para que desde allí se envíe el caso a la comisión que funciona en el ámbito del Ejecutivo a efectos de que active los mecanismos de freno.

Hasta ahora quienes podrían avenirse a integrar ese ámbito parlamentario son los legisladores de Alianza Nacional, habida cuenta de que el diputado del sector Sergio Botana presentó un proyecto de suspensión de ejecuciones, y los senadores Heber da Rosa y Jorge Larrañaga han manifestado la necesidad de resolver el tema de los remates.

En resumen, si bien no existirá ninguna disposición con fuerza de ley, sí hay una posición favorable del gobierno a detener por vía administrativa y por tiempo limitado (60 días como máximo) los remates. En ese lapso, la comisión (integrada por los ministerios de Economía, Ganadería, los bancos oficiales y los senadores del EP-FA Saravia, Ríos, Enrique Rubio y Alberto Breccia) definirá, de acuerdo a lo expresado por sus integrantes, 'el monto y la génesis de la deuda, la importancia de la actividad endeudada, el plazo, la moneda, el tipo de deudor y acreedor, y sus conductas al respecto, habilitando alternativas, sobre todo en términos del plazo para el pago, pero también adecuaciones del monto, de la tasa de interés y de la carga impositiva', tal como dice el programa aprobado en el último congreso del FA.

Saravia subrayó que también irán como insumos para el trabajo los dos proyectos por él presentados. Tanto él como la senadora Lucía Topolansky (MPP) aseguraron que en el caso de no arribarse a una solución, la propuesta podría volverse a plantear en la bancada y posteriormente en Cámara.

Quienes no quedaron conformes con lo resuelto por el gobierno y sus legisladores fueron los deudores en dólares nucleados en su coordinadora. Liz Pérez dijo a BRECHA que rechazan la solución del Ejecutivo, reclaman una ley de suspensión y anunciaron que en la tarde de hoy, viernes, se concentrarán ante el Parlamento. También el Movimiento Agropecuario del Uruguay, que instaló un campamento frente al Palacio Legislativo, rechazó la resolución tomada el miércoles.

Viejos problemas, nuevas posiciones

La deuda interna en dólares adquirió relevancia a partir de las modificaciones impuestas por la devaluación del peso y la crisis económica de 2002, especialmente a nivel de familias y pequeñas empresas. En el sector agropecuario, según sus integrantes, a los dos aspectos mencionados deben agregarse las consecuencias de la fiebre aftosa y el atraso cambiario.

El tema de las refinanciaciones y suspensión de ejecuciones no es nuevo en la vida nacional. En el período posdictadura, la primera suspensión ocurrió en 1985 como forma de corregir los efectos generados por el quiebre de 'la tablita' de 1982. Se trata, por tanto, de un problema constante que implica a centenares de miles de uruguayos.

Tanto desde el gobierno como desde el Partido Colorado y el Herrerismo se ha señalado, en contraposición a la búsqueda de soluciones legislativas, que con una resolución de ese tipo se encubre a quienes son malos pagadores. La izquierda ha agregado que los que siempre se favorecen son los grandes deudores, que sempiternamente han solicitado préstamos que no terminaron en sus empresas.

Empero, lo nuevo en este escenario son las formas con que el EP-FA resuelve las contradicciones que sobre la cuestión arrastra de tiempo atrás, pues hoy la balanza parece inclinarse hacia la postura de Astori, históricamente minoritaria en la coalición de izquierda.

El último congreso frenteamplista (diciembre de 2003) aprobó un documento donde se afirma que se 'debe reconocer una responsabilidad compartida por los actores, y arbitrar soluciones que dividan los costos. Fueron responsables los tomadores que asumieron riesgos, pero también los prestamistas a la hora de medir el riesgo del crédito que concedían. Entre ambos, el gobierno tuvo una gran responsabilidad porque al tiempo que aplicó una política que conducía a la inestabilidad del tipo de cambio, alentó sin ambages el endeudamiento en moneda extranjera'. Por tanto 'propiciaremos una solución legal que ponga en igualdad de condiciones de negociación a deudores y acreedores. La referida disposición dispondrá el marco de criterios para encarar la solución caso a caso'. La mayoría de los sectores encuentristas han entendido que poner en 'igualdad de condiciones' a las partes exige una suspensión de los remates, para que la negociación pueda ser correcta.

El senador Ríos aseguró que los grandes deudores contratan estudios jurídicos que mediante chicanas legales dilatan las ejecuciones, mientras los pequeños están librados a la voluntad del acreedor. También sostuvo que la participación de abogados contratados y rematadores que llevan su comisión acelera los procesos de remates, aun en el caso de los bancos públicos. La prórroga de las ejecuciones aparece entonces como una necesidad para los deudores sin lobby ni respaldo.

Sin embargo, las diferencias en torno al tema del endeudamiento que mediáticamente puso de un lado a los liderados por el senador José Mujica y del otro al ministro de Economía, parecen esbozar otras discrepancias en la forma de concebir la gestión de la economía.

La orientación del actual equipo económico aparenta inclinarse hacia un apartamiento del Estado (salvo en el consensuado Plan de Emergencia) de la actividad financiera, productiva y comercial, apostando a la inversión privada como forma de reactivación y generación de empleo, mientras se asegura un riguroso control fiscal para llegar a un superávit primario del 3,5 por ciento del PBI. Incluso la prioridad es la inversión extranjera como eje del modelo productivo, lo que implica el respeto de los contratos y la no intervención del Estado en los mismos. Una solución legislativa del conflicto entre los bancos y sus deudores es entrometerse en contratos privados.

De ahí que las diferencias con Mujica y su gente (aunque minimizadas por el líder emepepista) deban buscarse más allá de estos desencuentros. Cuando el Ministerio de Ganadería amenaza con decretar el precio del asado si no hay voluntad de los frigoríficos de rebajarlo voluntariamente, o propone destinar 28 millones de dólares para ayudar a los productores perjudicados por la sequía, Mujica expresa una concepción distinta a la de Astori, porque adjudica al Estado un rol interventor que no asoma en la actual filosofía del Ministerio de Economía: impulsar políticas anticíclicas que implican inversión pública, cuando la postura oficial es de recortar gastos.

Relaciones en el gabinete: Un problema de estilos

Las diferencias entre el ministro de Agricultura, José Mujica, y su par de Economía, Danilo Astori, tienen otros componentes diferentes a las distintas visiones de la economía y la gestión de la cosa pública. Las diferencias tampoco pasan por el contraste entre la desaliñada figura de Mujica y la adusta formalidad de Astori, ni por el pasado guerrillero del primero, pues el ministro de Economía en sus épocas mozas supo simpatizar en parte con el movimiento del que participaba su colega de Agricultura. Fue con el apoyo de la agrupación afín al MLN que Astori resultó electo decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en vísperas de la dictadura que se implantó en 1973.

Las diferencias tampoco invaden el campo estético: Mujica sostuvo en Canal 4 que no le gustaba la cara de Astori, aduciendo que lo decía porque 'no me gustan los hombres', aunque también afirmó que sabe que en la suerte de Astori está la suerte del gobierno y de él mismo.

El rasgo de distinción que destacó Mujica, que más de una vez lo planteó en la bancada de senadores cuando ambos compartían la Cámara, es la falta de comunicación y diálogo que atribuye al titular de Economía. Mujica dijo que hubiera bastado una llamada de Astori para que este lío del endeudamiento y los distintos proyectos se resolviera sin exposición pública. Reiteradamente el secretario de Agricultura ha pedido ámbitos de intercambio; incluso se lo ha reclamado a Tabaré Vázquez (recuérdese que le pidió una reunión en plena gira electoral delante de periodistas y público en general) y lo ha repetido en este mes escaso de nuevo gobierno.

Por otro lado, los senadores de la bancada encuentrista (entre ellos Eduardo Ríos de la Alianza Progresista) manifestaron a BRECHA su disconformidad porque Astori no ha concurrido a reunirse con ellos, ni ha enviado a nadie de su equipo para informar a sus compañeros de los planes planteados. Algo que fuentes del gabinete reafirmaron, señalando que en el Consejo de Ministros no se conocen -más allá de lo que aparece en la prensa- los términos de la carta de intención que negociará con el fmi. De lo que no se puede dudar es que ese diálogo sí se da entre el presidente de la República y su secretario de Economía.