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Organizaciones sociales paraguayas se preparan hoy para iniciar una serie de jornadas de protestas, luego que el Senado diera luz verde a las privatizaciones de los entes públicos.

Sin muchos rodeos, la Cámara de Senadores dio la víspera su media sanción al controvertido proyecto, congelado desde hacía ocho meses en esa instancia debido a presión popular y de la oposición.

Los legisladores también dejaron en manos del Ejecutivo la elección de las entidades que serán reformadas, así como la modalidad que utilizará.

Entre los primeros que serán privatizados se encuentran la Administración Nacional de Electricidad, la Industria Nacional del Cemento, Petróleos Paraguayos y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

En la sesión quedó sin efecto una propuesta del congresista colorado Julio Domínguez sobre la postergación del tema y la eventual conformación de una comisión parlamentaria que investigue más a fondo los planes de reforma recetados por el FMI.

Argumentó que no había criterio claro para vender una empresa como la de telecomunicaciones, por ejemplo.

'Yo no estoy ajeno a que el servicio que nos brindan estas empresas es realmente triste...pero creo también que tenemos que mirar a los países vecinos como el caso de Argentina que ha tenido una privatización tremendamente desastrosa', explicó.

Tampoco encontraron quórum las advertencias de los senadores de País Solidario, Carlos Filizzola y José Morínigo, ni las del liberal Domingo Laíno y el miembro de Encuentro Nacional Emilio Camacho.

Todos ellos se opusieron a reactivar la Ley 1.615, mucho menos sin escuchar a los sectores sociales que la rechazan desde su mismísima aprobación hace casi cinco años.

Entretanto, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comunicación (SINATTEL) cuestionaron duramente la derogación de la Ley 1.932 y con ello poner en vigencia la Ley 1.615.

El secretario general del gremio, Ricardo Morlas, dijo que 'lo único que resta para los trabajadores es instar a los amigos y familiares a manifestarse y salir a defender los puestos de trabajo'.

Otro de los dirigentes de SINATTEL, Adolfo Alcaraz, recordó que la idea de privatizar viene como consecuencia del acuerdo 'stand by' firmado con el Fondo Monetario Internacional, en 2003.

'El patrimonio nacional y el empleo del trabajador paraguayo no están en venta y serán defendidos por nuestro sindicato a través de todos los recursos legales existentes y con la mayor voluntad posible', subrayó.

También la Central Nacional de Trabajadores destacó en un comunicado su repudio a la actitud de los senadores, que calificó de inconstitucional por dejar en manos del Ejecutivo la potestad de hacer las reformas.

'Repudiamos este hecho irresponsable y antipatriota (...) impulsado por el Poder Ejecutivo, de los sectores empresariales y de los partidos políticos neoliberales; bajo presiones y exigencias de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI', dice el texto.

El Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional adelantó que preparará sus fuerzas y de ser necesario saldrá a las calles a detener el nuevo intento de privatización de los entes públicos .

Para Gabriel Espínola, coordinador de esa agrupación, el Estado sólo se fortalecerá generando empleo, mejorando los ingresos, dinamizando el mercado interno y aumentando las capacidades de acceso a los bienes y servicios.