Eduardo Tamayo G.

La anulación de los juicios penales contra los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y contra el ex vicepresidente Alberto Dahik, es la gota que derramó el vaso. Varias instancias de la oposición comenzaron este martes 5 de abril una serie de reuniones y movilizaciones para protestar contra el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, a quien se responsabiliza no solo de haber posibilitado el retorno de los prófugos sino de ser el causante de la crisis institucional y la profundización de las políticas autoritarias y neoliberales.

El autor de estos fallos judiciales, Guillermo Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia elegida inconstitucionalmente el pasado 8 de diciembre por una mayoría afín al gobierno, es un amigo muy cercano de Bucaram. Pese a que varios magistrados de esta Corte le habían pedido que se excusara de conocer el caso, no lo hizo, y el pasado 31 de marzo, no solo absolvió a Bucaram, sino que -para que su dictamen no apareciera como una evidente dedicatoria-, de paso, perdonó a Gustavo Noboa, quien se encontraba asilado en República Dominicana, y Alberto Dahik, quien reside en Costa Rica.

Aunque el gobierno de Lucio Gutiérrez ha tratado de lavarse las manos en este caso, la oposición lo acusa de ser el responsable directo pues fue él quien convocó a un Congreso Extraordinario y armó una mayoría parlamentaria que reorganizó la Corte Suprema de Justicia, abriendo la posibilidad de que un allegado a Bucaram ocupara la presidencia de la misma. Es más, varios artículos de prensa reseñan que el perdón a Bucaram, puso de manifiesto el pacto entre Gutiérrez y Bucaram que se habría fraguado en el mes de septiembre de 2004, durante una reunión que mantuvieron en Panamá. La relación entre los dos personajes es ya vieja, pues Gutiérrez fue edecán de Bucaram cuando éste ocupó por 7 meses la Presidencia de la República, desde agosto de 1996 a febrero de 1997.

Para anular y archivar los tres casos, Guillermo Castro invocó razones de procedimiento, señalando que los procesos judiciales contra Bucaram, Noboa y Dahik son nulos porque no fueron previamente enjuiciados por el Congreso, sin embargo evitó pronunciarse sobre los supuestos delitos que éstos cometieron.

Bucaram estaba acusado en dos procesos: uso indebido de los fondos reservados del Estado y malos manejos en la compra de mochilas escolares para ser repartidas en las escuelas públicas. En el primer juicio, el ex contralor general del Estado, Benjamín Terán Varea, determinó que el 6 de febrero de 1997, horas antes de que Bucaram huyera, tras la revuelta popular que lo echó del poder, se esfumaron 3,7 millones de dólares. El dinero se lo sacó en fundas plásticas, según confesó Alejandro Muñoz, uno de los guardaespaldas de Bucaram, quien posteriormente fue abatido. El actual ministro de Finanzas, Mauricio Yépez, fue quien autorizó el pago de los cheques girados.

El tema de los gastos reservados también ha salpicado a Alberto Dahik, un economista de origen árabe de marcada tendencia neoliberal quien fue vicepresidente durante el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y que ocupó, paradójicamente, el puesto de vicepresidente de la organización Transparencia Internacional. Dahik manejó un total de 7 millones 832.000 dólares de los fondos reservados. Estos fondos habrían sido destinados para la compra de ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para aprobar leyes y dictar fallos a favor del interés gubernamental. Otra parte de esta cantidad habría ido a parar a las cuentas particulares de Dahik, que estaba construyéndose una casa en Guayaquil, por lo que fue acusado de 'peculado y de enriquecimiento ilícito'. Dahik huyó a Costa Rica en 1995 tras una orden de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de Gustavo Noboa (2000- 2003), fue acusado de irregularidades en la renegociación de la deuda externa, favoreciendo a los tenedores de bonos que han hecho millonarias ganancias.

A los pocos días de conocerse el fallo de Guillermo Castro, Bucaram, Noboa y Dahik regresaron al país. Casi todas las estaciones de televisión dieron una amplia cobertura al retorno de los prófugos de la justicia, pero muy poco espacio dedicaron a los supuestos delitos que cometieron. El retorno que más impacto tuvo fue el de Bucaram. Sus partidarios le organizaron un gran recibimiento en Guayaquil, como si se tratara de un Mesías que viene a salvar al Ecuador.

El hecho de que se haya consagrado la impunidad, levantó una ola de indignación y de repudio sobre todo en Quito y en otras ciudades de la Sierra. Al mediodía del 5 de abril, se reunió una asamblea ciudadana de alcance nacional, presidida por el alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, y el Prefecto de Pichincha, Ramiro González. En ellas participaron autoridades locales de 6 provincias y ciudades pertenecientes a los partidos Izquierda Democrática (socialdemócrata) y Pachakutik.

Tras las intervenciones en las que se remarcó que no es hora de discursos sino de la acción, unos tres mil manifestantes, al grito de 'fuera Lucio', se dirigieron a la sede del Congreso para exigir a los diputados que cesen inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Los manifestantes fueron violentamente reprimidos y dispersados con gases lacrimógenos por la policía. La Cruz Roja reportó que unas 100 personas, incluyendo personas mayores y niños, resultaron afectadas, varias de ellas presentaron síntomas de asfixia, desmayos y convulsiones.

Para los próximos días, se anuncia la profundización y ampliación de las acciones a escala nacional. Para el próximo 11 de abril, está convocado un paro de la provincia de Pichincha. Los indígenas llaman a movilizaciones. La preocupación de las organizaciones sociales no solo versa en torno al problema de la Corte sino a otros temas igualmente importantes, como el Tratado de Libre Comercio que se negocia con Estados Unidos, y la denominada 'Ley Topo', que fue enviada al Congreso con el carácter de urgente por el gobierno de Gutiérrez, la cual contempla la reforma de 18 cuerpos legales para posibilitar la privatización de la Seguridad Social, de las empresas eléctricas, la flexibilización laboral y la entrega de varios pozos petroleros muy rentables del Estado a las empresas transnacionales.