Según las fragmentarias informaciones suministradas al público, hace algunos días -posiblemente el lunes 28 o el martes 29 de marzo- un avión militar norteamericano despegó con soldados estadounidenses a bordo, de la base de Apiay (Meta), rumbo al norte. El personal uniformado pertenecía al cuerpo de instructores que enseñan a los colombianos a combatir la guerrilla y el narcotráfico. Unas horas después, y tras vuelo sin escalas, aterrizó en El Paso (Texas, E.U.), donde las autoridades, presumiblemente avisadas de antemano, esperaban el avión y sus tripulantes. Una vez en tierra, requisaron a los militares y descubrieron que cinco de ellos llevaban 16 kilos de cocaína por valor cercano al medio millón de dólares.
Los 'narcosoldiers' se hallan detenidos y está en marcha una investigación para detectar si había más militares -estadounidenses o colombianos- vinculados al cargamento y si se trata de un caso aislado o de una banda que realizó anteriores envíos de droga. El hermetismo con que se maneja el asunto podría ser producto del desconcierto inicial en ambos gobiernos, que, según un comunicado del Ministerio de Defensa colombiano, trabajaron "en estrecha colaboración" para investigar y desmontar la insólita línea de tráfico de cocaína. Un senador estadounidense y el embajador de ese país, así como el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, anunciaron que los hechos se investigarán a fondo y se sancionarán con todo el rigor.
Ojalá que así ocurra, porque el episodio está erizado de interrogantes y aristas sospechosas. Para empezar, resulta indispensable aclarar por qué las capturas no se produjeron en Colombia, si la operación de seguimiento era conjunta y existían fundadas conjeturas sobre el delito. ¿Se permitió la salida de los traficantes uniformados para que fueran detenidos en su país de origen y juzgados por la institución a la que pertenecen? De ser así, ¿existen normas que lo autoricen? ¿Qué ocurrirá con los cómplices que eventualmente se descubran en Colombia? ¿Los estadounidenses serán enviados en un avión de la Air Force a Texas, y los colombianos juzgados en su país (a menos, claro, que Washington pida luego su extradición)? ¿Carece Colombia de potestad para aprehender y procesar a uniformados extranjeros que delincan en su suelo? ¿Qué hacían exactamente en nuestro país estos cinco personajes, qué clase de instrucciones contra el narcotráfico podían impartir y a quién? Y, finalmente, ¿quiénes son y qué rango tienen estos militares traficantes? Si a los extraditables colombianos los exhiben esposados ante todos los medios antes y después de llevárselos, ¿por qué no se divulga la identidad de los detenidos? La experiencia nacional con funcionarios estadounidenses que sucumbieron a la tentación del narcotráfico es poco alentadora. En 1999, la esposa del coronel James Hiett, miembro de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, fue acusada de enviar droga por valija diplomática con conocimiento de su marido y con ayuda del conductor colombiano adscrito al cargo. La señora de Hiett y su cónyuge fueron juzgados en Estados Unidos. Ella recibió como condena cinco años de prisión y el coronel Hiett, cinco meses de penitenciaría y otros tantos de arresto domiciliario. En cuanto al conductor, quedó en manos de la justicia colombiana, que le impuso ocho años de cárcel. Esto significa que la ciudadana norteamericana autora del delito ya está libre, que su marido militar recibió un castigo a todas luces benévolo y que el chofer criollo que colaboró con ellos de manera tangencial aún sigue o debe seguir preso.
Una vez más se aplicó "la ley de la ballena" (lo angosto para uno, lo ancho para ella) y sería lamentable para la moral de todos los que combaten el narcotráfico, especialmente quienes lo hacen arriesgando su vida a diario en selvas y ciudades de Colombia, que la desequilibrada aplicación de la justicia que imperó en el caso Hiett pueda repetirse. De demostrarse su responsabilidad, los 'narcosoldiers' merecen ejemplar castigo. Y que lo sepamos todos.