Después de siete meses de aprobada la ley de indulto sigue en prisión un puñado de "luchadores sociales" -como han sido definidos por las organizaciones políticas y de familiares y amigos que los apoyan-, presos políticos de la interminable transición a la democracia.

En agosto de 2004 fue aprobada la ley 19.965 que permitió liberar y abrió la puerta a posteriores beneficios intrapenitenciarios. Sin embargo, seis presos permanecen en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y el Penal de Colina I. Ellos quedaron fuera pues la ley aprobada no contó con el quórum calificado previsto en la Constitución de 1980: dos tercios de los legisladores. Lo que el Senado aprobó no fue el "proyecto original". El alma de la proposición: un indulto para la ley antiterrorista, sigue esperando una nueva oportunidad.

En esa ocasión el padre Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social y uno de los impulsores de la iniciativa, señaló sentirse "completamente decepcionado por la actitud de los políticos". Con un poco más de ponderación, hoy señala que fue un "avance significativo, pero no todo lo que esperábamos ni por lo que luchamos estos años, pues la ley antiterrorista sigue presente, y un grupo de presos no puede ser liberado mientras no exista un consenso amplio".

Para Ricardo Vargas, vendedor ambulante y padre de Pablo Vargas -en prisión hace 14 años y sin posibilidad de libertad-, la situación se agrava día a día: "Nuestros familiares no están en la agenda de los políticos. No hay legisladores dispuestos a patrocinar algún proyecto o modificación legal que permita liberarlos. Nos dicen que debemos esperar un año más, que pasen las elecciones presidenciales. Eso no nos parece justo".

Según familiares y las escasas organizaciones que luchan por su libertad, la ley de indulto fue un sustantivo "avance" para la mayoría, pero no resolvió el problema integralmente. Hace cuatro o cinco años, la libertad de muchos de ellos era completamente improbable. Se debió recurrir a la vía legislativa pues la Constitución impide el indulto presidencial en los casos de delitos calificados como terroristas. Se exploró la "solución política" que, finalmente, y luego de dos años de tramitación no exenta de problemas, se concretó "a medias", como todo en Chile. Hoy los presos y sus familiares están a la espera de un "consenso más amplio" que indulte la ley antiterrorista o, eventualmente, los tribunales revisen sus casos y retipifiquen sus delitos por otros con penas menores.

Pablo Vargas, Fedor Sánchez, Hardy Peña y Claudio Melgarejo, enfrentan condenas a "perpetua terrorista", sin que el Presidente de la República pueda indultarlos. Tampoco pueden ser objeto de beneficios carcelarios hasta que cumplan 20 años en prisión. Para estos cuatro chilenos, la libertad sólo es posible después de un "acuerdo político" que haga indultable la ley antiterrorista. La derecha aún no da ese paso pues quiere incluir mayores beneficios para los militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ese consenso pareciera estar a la vuelta de la esquina, y todos los actores políticos de gobierno y oposición, la Iglesia, los militares y empresarios están empeñados en él.

Lamentablemente, la libertad de los presos políticos está sujeta a los vaivenes del poder y acerca el triste desenlace de la violencia política, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad. No pocos familiares y abogados piensan que el siguiente paso será homologar los secuestros permanentes con la ley antiterrorista, dos enquistadas espinas que impiden la "pacificación" de nuestro país. Sin embargo, la ley antiterrorista se sigue aplicando en territorio mapuche a pesar de recomendaciones en contrario de relatores de la ONU y organismos humanitarios.

"El propio gobierno que pareciera tan 'acongojado' por los presos políticos es el que ordena reprimir al pueblo mapuche y a sus organizaciones y sigue exigiendo a los tribunales aplicar la ley antiterrorista para los dirigentes del Wallmapu, encarcelándolos. Lagos dispone de la facultad de otorgar el 'indulto presidencial' a quienes no cumplen condenas por ley antiterrorista, pero no lo hace: Julio Peña y René Salfate, han esperado por años", señala Pablo Ruiz, editor de la web Libertad (www.libertad.dm.cl) y representante de Encuentro por la Libertad.

La derecha y principalmente la UDI, ha impedido cualquier avance y sigue siendo partidaria de revisar globalmente los "temas pendientes" de derechos humanos. Incluso plantean que el gobierno retome la Propuesta de Derechos Humanos del Presidente Lagos y la vincule a la discusión de un nuevo indulto a los presos políticos. Para la UDI, sólo así se podría avanzar en una solución "integral a los temas pendientes sobre violencia política, pues permitiría cerrar en forma paralela las heridas que aún subsisten". No pocos políticos de gobierno ven con buenos ojos este planteamiento.

La aparente calma no ha sido tal. En una misiva titulada "Carta abierta a todas las pupilas" los presos políticos del CAS señalan: "En agosto de 2004 se aprobó en el parlamento un proyecto de ley mediante el cual 6 prisioneros pudieron acceder a la libertad en forma inmediata. Otros 7, accedieron a beneficios intrapenitenciarios y, con ello, a un camino paulatino hacia la libertad. Pero, por distintas razones, el proyecto no alcanzó para todos. Aún quedamos 6 prisioneros políticos; todos con condenas cuantitativamente menores que quines salieron en libertad. Frente a esta falta de justicia, el gobierno se comprometió a resolver con indultos particulares en los casos que cumplieran con los requisitos, y patrocinando un proyecto de ley para quienes no pueden acceder al indulto presidencial". Agregan que "luego de 7 meses desde ese compromiso y, a pesar de que la salida masiva de prisioneros no le ha generado ningún problema ni al Estado ni a la sociedad, el gobierno no ha cu mplido su promesa".

Ricardo Vargas, manifiesta su disgusto: "Para indultar a René Salfate y Julio Peña sólo hace falta la voluntad política del Ejecutivo. En cuanto a un posible proyecto de ley que indulte a mi hijo, a Fedor, Hardy y Claudio, tampoco hay voluntad para agilizar su tramitación. Algunos abogados, entre ellos Alberto Espinoza, han elaborado nuevos proyectos e indicaciones pero paradójicamente no hay senadores patrocinantes. Los legisladores, al parecer, se olvidaron del tema. Otros como el senador José Antonio Viera-Gallo fueron más directos y nos señalaron que debíamos esperar hasta después de las elecciones, y confiar en que asumirá la presidencia Michelle Bachelet".

Parece lejano el día en que el propio Ricardo Lagos y aún más el ministro de Interior José Miguel Insulza al participar en la sesión de votación de la Ley de Indulto, se mostró partidario de la "reducción de las penas y de la concesión de indultos particulares y otras garantías para resolver la situación de los presos políticos chilenos". Para familiares y organizaciones de apoyo parece difícil impulsar la promulgación de una nueva ley de indulto general, según se desprende del quórum calificado que exige y del magro resultado que se obtuvo el 2004 al votarse la iniciativa que demoró más de dos años en tramitarse. A pesar de todo, emprendieron el difícil camino de convencer conciencias y reunirse con legisladores y representantes de todos los partidos políticos.

En vista del cuadro una de las organizaciones, el Coordinador por la Libertad, intenta promover una ley que modifique el Decreto Ley 321 sobre Libertad Condicional, que permite el cumplimiento de la pena en libertad al favorecer al condenado que "por buena conducta y comportamiento intachable, interés en instruirse y empeño en adquirir un oficio que le permita ganarse la vida honradamente, ha demostrado que se encuentra corregido y rehabilitado para la reinserción social".

"Dada la naturaleza de la modificación propuesta al DL 321, que no tiene carácter de indulto no se requiere un quórum especial para su aprobación. El quórum necesario para aprobar esta norma es, entonces, de mayoría absoluta de diputados y senadores presentes en la sala", señala Victoria Torres representante del Coordinador por la Libertad. La iniciativa hasta ahora no tiene patrocinantes en el parlamento a pesar que de aprobarse resolvería en el corto plazo la libertad de los presos políticos.

La persistencia del problema a pesar de la ley de indulto de 2004 refleja la profunda injusticia e inexistencia de criterios uniformes cuando se los juzgó. El propio ex ministro de Justicia Francisco Cumplido fue claro al señalar improcedente la aplicación de la ley antiterrorista. Hoy existe consenso respecto de que a los presos políticos les fueron vulneradas sus garantías mínimas a un debido proceso, lo que se vio refrendado en los dobles y hasta triples juzgamientos, la aplicación de leyes especiales que aumentaron las penas, los juzgamientos paralelos en la justicia civil y militar -careciendo los tribunales castrenses de condiciones mínimas de imparcialidad e independencia para impartir justicia-, las condenas dictadas sin la asistencia de abogados, la negación de recursos como el de apelación y casación, la tortura para obtener confesiones comprometedoras, etcétera. Mientras se imponía la orfandad política, el aniquilamiento y desarticulación de sus organizaciones, el rigor de las penas aplicadas, la excesiva dilación de los procesos y las duras condiciones de reclusión impuestas en la CAS los primeros seis años -lo que incluso fue reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados-, se selló la suerte de los presos políticos. A pesar de todo siguen ahí, tras los muros del olvido.

(*) Una versión resumida de este artículo fue publicada en Punto Final (nº 588, del 1 al 14 del abril de 2005).

Fotografías:
1. René Salfate, preso político. (Foto: Colectivo PUA de Antofagasta).
2. Son cuatro los presos políticos condenados a "perpetua terrorista" sin posibilidad de ser indultados por el Presidente de la República. (Foto: Hommodolars.cl).
3. Familiares y amigos de los presos políticos de Encuentro por la Libertad frente al ministerio de justicia. En el centro, con el megáfono, Pablo Ruiz. (Foto: Jorge Zúñiga).