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Se unific� a�n m�s bloque que lucha por la recuperaci�n real de la propiedad de los hidrocarburos bolivianos. Debido a su actitud intransigente, las mismas empresas han sido responsables de crear un ambiente por dem�s hostil en su contra. Un grupo de abogados demand� ante la justicia la nulidad de 76 contratos vigentes suscritos hace ocho a�os por el poder Ejecutivo con empresas extranjeras. La querella fue entregada en momentos en los que uno de los consorcios podr�a ser sometido a juicio por haber contrabandeado petr�leo.

La semana pasada las empresas se declararon due�as de las reservas energ�ticas y el gobierno, tradicional defensor de la seguridad jur�dica de las inversiones extranjeras, tuvo salir al frente para aclarar que, seg�n la Constituci�n, las reservas de gas y crudo son propiedad del Estado.

Los contratos pactados en el primer gobierno del presidente Gonzalo S�nchez de Lozada (1993-1997) 'son nulos de pleno derecho porque no nacieron a la vida jur�dica', sostuvieron los abogados Juan Carlos Lazcano y Santiago Berr�os. 'Esos contratos no existen a la vida jur�dica del pa�s, son nulos de pleno derecho por cuanto adolecen de requisitos fundamentales y esenciales previstos en la Constituci�n', argument� Lazcano. La presidencia del Congreso certific� por escrito que los contratos no cumplieron los preceptos constitucionales, apunt�.

La demanda civil fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de La Paz. El Tribunal Constitucional se hab�a pronunciado hace dos a�os por la legalidad de los contratos suscritos por el gobierno con las firmas Repsol-YPF, Chaco, Andina, Transredes y Petrobras. Seg�n los abogados independientes, en caso de prosperar el contencioso, presentar�n otra demanda de indemnizaci�n al Estado por la explotaci�n ilegal del gas y petr�leo.

En tanto, el MAS planea conformar una comisi�n congresal para enjuiciar a la empresa petrolera Chaco, filial de la transnacional British Petroleum, acus�ndola del contrabando de 26 mil barriles de petr�leo reconstituido. Adem�s pide, la reversi�n al Estado de esa capitalizada. El diputado Jorge Alvarado anunci� el proceso judicial luego de que el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, inform� en la C�mara de Diputados que la empresa no ten�a el permiso para realizar la exportaci�n.

El presidente de la Aduana, Rodrigo Agreda, reiter� que la petrolera se acogi� al arrepentimiento eficaz y pago m�s de un mill�n de d�lares para evitar un proceso por contrabando de petr�leo. 'Ante la inminencia de un proceso de fiscalizaci�n por parte de la Aduana Nacional a la empresa Chaco, sobre la exportaci�n de petr�leo reconstituido efectuada en febrero (..), la empresa solicit� (..) acogerse al arrepentimiento eficaz', seg�n un comunicado divulgado por la Aduana.

Independientemente del reconocimiento de haber incurrido en acciones no legales en la exportaci�n de crudo, la Aduana Nacional deber�a iniciar las acciones pertinentes despu�s de concluir la investigaci�n de oficio. Agreda inform� que iniciaron un proceso de investigaci�n y no descarta que en el mismo salgan a relucir nuevos elementos de juicio que comprometan m�s a Chaco.

El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, declar� que 'yo no he dado la autorizaci�n (para la venta de petr�leo reconstituido a Chile) porque Chaco hizo su solicitud extempor�neamente y la solicitud no era correcta'. El MAS anunci� un proceso judicial contra el directivo de Chaco, el colombiano Octavio Pastrana, por evasi�n de impuestos y el contrabando de alrededor de 26 mil barriles de petr�leo reconstituido (tipo de petr�leo que pasa por refiner�a) a Chile, en febrero pasado. La C�mara Boliviana de Hidrocarburos no se pronunciar� sobre el tema, ya que considera que es un asunto entre privados.

En principio, el Presidente Carlos Mesa se opon�a a la f�rmula parlamentaria de aplicar una regal�a de 18% y un impuesto del 32% no deducible ni compensable, tambi�n resistida por las petroleras. Sin embargo, la actitud intransigente de las empresas podr�a obligarlo a modificar su opini�n. Las empresas no est�n dispuestas a reconocer los mandatos emanados del refer�ndum. La petrolera Britsh Gas asegura que la nueva norma aprobada en la C�mara de Diputados violenta el tratado que Bolivia firm� con Gran Breta�a e Irlanda del Norte.

El Senado, cuya comisi�n de Desarrollo Econ�mico analiza la ley, tiene la posibilidad de incorporar ajustes a la versi�n aprobada este mes por sus colegas diputados, que obligar�a a que la legislaci�n sea considerada por el pleno del Congreso. Bolivia produce 54,9 trillones de pies c�bicos de gas natural y es la segunda potencia gas�fera sudamericana despu�s de Venezuela.

Desde el inicio del proceso de capitalizaci�n de YPFB, hace ocho a�os atr�s, las empresas capitalizadoras (Chaco, Andina y Transredes) han generado 600 empleos, la mayor�a ocupados por extranjeros. Seg�n el ministro de Hidrocarburos, ser�a un error pensar que la industria petrolera es generadora de fuentes de empleo. A diferencia de otros sectores productivos, las empresas del sector no absorben mano de obra local.