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Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Jorge 'Tuto' Quiroga deberían ser sancionados por ejecutar contratos petroleros que no tienen validez jurídica, dijo el líder del MAS, Evo Morales.

El jueves, el Tribunal Constitucional hizo una aclaración sobre dos resoluciones emitidas el 2003 y el 2005 -en torno al decreto que crea el modelo de contrato de riesgo compartido- y dijo que no reemplazan la obligación congresal de aprobar cada uno de los 72 documentos, esto según manda la Constitución Política del Estado.

Los partidos políticos admiten que los contratos de riesgo compartido, suscritos entre las petroleras y el Estado requerían de la aprobación congresal, mientras que las compañías del sector creen que son documentos 'legales de pleno derecho'.

El MNR, el MIR y la ADN, partidos que estuvieron en el Gobierno o fueron parte de los que firmaron esos contratos con las compañías petroleras son responsables de estas irregularidades.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó como anticonstitucionales los 71 contratos de riesgo compartido firmados entre el Estado boliviano y las compañías petroleras.

Para el MAS, el fallo emitido el jueves por esa instancia del Estado abrió la posibilidad de que el Congreso determine que tales contratos son nulos por lo que surge la posibilidad de recuperar la propiedad de los recursos hidrocarburíferos.

El MAS, MNR, MIR, NFR y ADN plantearon al Poder Ejecutivo remitir los contratos de riesgo compartido que suscribió YPFB con las petroleras para que el Legislativo los evalúe y defina los pasos a seguir en la nueva ley del gas.

No obstante, para evitar mayor incertidumbre y problemas a nivel internacional, el ministro Torres adelantó que una decisión política entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y posiblemente el Poder Judicial definirá si los contratos con las empresas petroleras son remitidos al Congreso Nacional o si siguen otra vía.

En tanto, el MAS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando a la empresa petrolera Chaco S.A. de haber sacado de contrabando al Brasil 28.000 barriles de petróleo crudo reconstituido. Héctor Arce, abogado de ese partido político, llegó a Sucre junto con el diputado Jorge Alvarado para plantear la denuncia, que también lleva la firma del jefe de la bancada del MAS, Antonio Peredo.

Los delitos por los cuales se denuncia al gerente General de la Chaco, Octavio Pastrana, son: contrabando, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Según la explicación ofrecida ayer por Arce, la Chaco habría incluido en una carga que salió en febrero pasado por el puerto de Arica, el envío de 28.000 barriles de petróleo crudo reconstituido con destino al Brasil sin haber recibido una autorización expresa del Ministerio de Minería e Hidrocarburos para esa operación.