Lego de la aclaración del Tribunal Constitucional acerca de los contratos que las empresas petroleras firmaron sólo con el Poder Ejecutivo y que no fueron autorizados por el Congreso Nacional

El Diario

El investigador y analista, Andrés Soliz Rada, manifestó que Bolivia nuevamente vuelve hacer propietaria de sus hidrocarburos luego de la aclaración del Tribunal Constitucional acerca de los contratos que las empresas petroleras firmaron sólo con el Poder Ejecutivo y que no fueron autorizados por el Congreso Nacional.

Expresó que las petroleras nunca fueron legales en el país a partir del proceso de la capitalización efectuado en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya que éstas no tuvieron la autorización del Congreso y operaron de manera arbitraria en la explotación de hidrocarburos.

De acuerdo a su explicación en el tema de hidrocarburos, Bolivia habría logrado la tercera nacionalización de este recurso natural como es el petróleo, y que la primera fue durante el gobierno de David Toro en 1937, la segunda en el gobierno del general Alfredo Ovando Candía en 1969 y ahora el país ésta en la perspectiva de la anulación de los contratos que no fueron autorizados por el Congreso.

"Todos los yacimientos petrolíferos y gasíferos están volviendo al poder del Estado nacional, ésta es la gran importancia que conlleva la aclaración del Tribunal Constitucional. La demanda que se hizo acerca de la nulidad de los contratos tiene que ser definida por un Juez de Partido que tiene que decretar su inexistencia", expresó.

El experto sostuvo que "para la existencia de un contrato deben darse varios requisitos, por ejemplo, el consentimiento, y esto debe producirse a través del Parlamento y éste al no haber aprobado los contratos de las empresas petroleras en 1997 no ha dado su consentimiento, lo que significa que nunca existieron y que por lo tanto las empresas petroleras no fueron legales en el país porque no nacieron a la vida jurídica y todos esos contratos son inexistentes".

Soliz Rada dijo que esta situación coloca al país con enorme fuerza, ya que se ha quitado de manera total y absoluta la fuerza a las petroleras, dejándolas en la imposibilidad de quejarse ante cualquier tribunal internacional.

" Bolivia logró recuperarse, pero está por perder todas estas ventajas por contar con un Ministro de Hidrocarburos que pareciera está asustado como si fuera perjudicado lo personal", puntualizó.

"Hoy más que nunca debe existir una situación de vigilia, movilización del pueblo boliviano, porque ahora que hemos recuperado los hidrocarburos "no lo rifemos" como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, firmando contratos tan abusivos. Llegó el momento de recuperar, en primer lugar las reservas del petróleo y gas , los 53 trillones de pies cúbicos y los 900 millones de barriles de petróleo, añadió.

El investigador aclaró que Bolivia no debe pagar nada por lo que hubieran invertido las empresas petroleras, porque básicamente éstas han operado en el país de forma ilegal y que más al contrario se les debe cobrar daños y perjuicios contra el Estado boliviano.

Manifestó que desde el punto de vista jurídico las petroleras deberían devolver el valor de todos los hidrocarburos que han explotado ilegalmente.

"A las empresas la única alternativa que les queda es quejarse a la corte celestial, porque en la tierra y en Bolivia, éstas deben pagar daños y perjuicios que cometieron contra la economía nacional , porque para que exista un contrato debe haber capacidad y luego el consentimiento que el pueblo lo da a través del parlamento.

Sostuvo que un tercer elemento es la causa lícita y que un cuarto elemento es el Código Civil que es el objeto cierto, el quinto elemento son las solemnidades y lo más importante de éstos puntos es el consentimiento.

Asegura que de nada vale tener los cuatro elementos si no hay el consentimiento y por falta de este elemento el contrato es nulo y al ser nulo nunca ha nacido a la vida jurídica, por tal razón, el Estado nunca se ha desprendido de nada", explicó.

En ese contexto, dijo que lo más conveniente para el país es acudir a la inversión china que sí está dispuesta a llevar adelante un proceso transparente en beneficio del país, dejando de lado a empresas que sólo se han enriquecido a costa del Estado boliviano, pero eso depende de tener gobernantes patriotas y no personas asustadizas como el Ministro de Hidrocarburos.

DAÑOS ECONÓMICOS

Por otra parte, el analista e investigador expresó que existen las figuras penales que se refieren a los daños económicos al Estado y que todos los responsables deben ir a la cárcel, previo el caso de Corte para las autoridades que infringieron la ley y que otros deberán pasar a la justicia ordinaria como es el caso de Sánchez de Lozada.

Sin embargo, Solís Rada aclaró que el Tribunal Constitucional determinó la constitucionalidad del Decreto emitido el 4 de agosto de l997, antes que Gonzalo Sánchez de Lozada deje la Presidencia de la República, lo que da lugar a sostener que igual hubo un crimen contra el país de parte de esta instancia jurídica. Sin embargo, para reivindicarse en algo, esta instancia del Poder Judicial sostiene que el Decreto es constitucional, pero no obviaba la obligación de que el Congreso autorice los contratos y al no haber la autorización del Parlamento los decretos son nulos de pleno derecho.