Iván Oliver Rugeles
Rebelión

El Jefe del Estado ha sido reiterativo en la necesidad de que las acciones de gobierno no solamente deben agilizarse, pues no admite, con toda razón, que por formalismos burocráticos intrascendentes, las cosas haya que posponerlas, así como que las mismas deben ser adelantadas dentro de la mayor transparencia, de manera que los resultados de esas gestiones gubernamentales no solamente satisfagan las expectativas planteadas, sino que respondan a procesos objetivamente eficientes, en términos de la más alta calidad, sobre la base de costos y precios en los niveles normales que evidencia el mercado para el ciudadano común y corriente, es decir, que ni por asomo pueda surgir la duda de que frente a cualquier acto administrativo, pudiera estar presente la trastada de corruptos de la vieja escuela encubiertos o unos nuevos, muy bien disfrazados de revolucionarios, quienes desvían para su propio beneficio jugosas comisiones.

El problema que plantean ambas conductas (el burocratismo y la corrupción) es, sin duda, sumamente grave, pues esas conductas han sido aprendidas durante más de 40 años de desgobiernos liderados por una caterva de políticos corruptos que hicieron con los dineros y bienes públicos lo que les vino en gana y sabemos, además, que revertir esa malhadada enseñanza en dirección contraria, es tarea que demanda de un gran esfuerzo a todos los niveles de la sociedad, cuyos frutos no es posible cosecharlos en el corto plazo. De simples y muy sencillos ciudadanos de clase media sin recursos que fueron quienes devinieron en conductores del puntofijismo, en su mayoría hoy en día disponen de fortunas incalculables, mantenidas en muchos casos, a buen resguardo, en los llamados paraísos fiscales o en inversiones a nombre de testaferros.

Por allí se escuchan denuncias por doquier acerca de que la matraca continúa como si no estuviera pasando nada en el país. Se habla del cobro de comisiones para el otorgamiento de contratos de obras y servicios en muchos organismos centralizados y descentralizados del Estado. Se dice que la gente se ve obligada a pagar, y no parece ser eso una mentira, sumas cuantiosas para obtener un pasaporte. Igualmente que empleados públicos utilizan equipos y maquinarias del Estado para ejecutar obras y servicios a particulares y entre otras muchas se señalan a algunos funcionarios de haber cambiado radicalmente su nivel de vida, sin que sea posible encontrar otra explicación que no sea aquella de las componendas y la corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.

Como eso es muy posible que esté ocurriendo, hacemos un llamado urgente a la Contraloría General para que le ponga la lupa a las declaraciones juradas de patrimonio, diseñe estrategias de vigilancia y control rigurosas y abra de oficio investigaciones cuando se hacen esas denuncias, pues debe tenerse muy en claro que quienes cometen ilícitos e irregularidades de cualquier tipo no dejan rastros y es por esto último que por la vía de la denuncia sea posible encontrar evidencias contundentes. No hay que restarle valor alguno a aquel viejo dicho que sostiene: "cuando el río suena es porque piedras trae...!". Igualmente debe generar la mayor suspicacia todo aquél que ayer nada tenía o vivía modestamente y luego de haber estado o estar desempeñando responsabilidades públicas vive ahora en lujosa quinta, con vehículos de alto costo, con salidas al exterior en plan vacacional como nunca antes ocurría y que, además, se exhibe con asombrosa regularidad por los más lujosos restaurantes de la capital, consumiendo exquisitas bebidas y manjares.

La corrupción hay que enfrentarla y eso hay que hacerlo ya y con mucha voluntad si queremos derrotarla, única opción que tenemos quienes creemos en los cambios revolucionarios para construir una nueva Venezuela.