Indignación y repulsión son los únicos sentimientos que puede causar el obsceno pronunciamiento de los ex comandantes generales del Ejército peruano, publicado recientemente para conmemorar la muerte del general Clemente Noel, uno de los mayores criminales de la historia peruana. La burda falsificación de nuestra historia, sin el más mínimo respeto por la memoria de los miles de peruanos torturados, desaparecidos y asesinados por las fuerzas que supuestamente debían defenderlos del terror senderista, es una constante en el pronunciamiento de marras.
Así, tenemos que la gravedad de la situación de la guerra "llegó incluso a cuestionar la viabilidad de su existencia [del Perú] y el planteamiento de hipótesis de intervención de potencias extranjeras, por lo que el gobierno dispuso a fines de 1982 la participación de las fuerzas armadas, principalmente del ejército, como último recurso en defensa de la democracia y la legalidad del estado". Lo que no dicen los ex comandantes generales es que en 1982 las acciones de Sendero Luminoso estaba focalizadas en Ayacucho, y que solamente gracias a la brutalidad e ineficacia de la intervención militar es que pudo expandirse hasta abarcar la totalidad del territorio peruano.
También tenemos, siempre según los ex comandantes generales, que el Ejército peruano se vio involucrado en la guerra sucia contra su voluntad. "La intervención del Ejército y el consecuente accionar del personal militar en el proceso de pacificación nacional, no se realizó por voluntad ni por iniciativa propia; ésta fue siempre en cumplimiento de disposiciones legalmente emanadas del gobierno legítimamente establecido y la actuación institucional invariablemente se subordinó a las normas vigentes, con la única finalidad de proteger los sagrados intereses de la patria".
Obviamente, este es el viejo recurso de la obediencia debida: las acciones del personal militar fueron siempre en cumplimiento de órdenes superiores del gobierno constitucional. Pero tomando el argumento por el revés, y apelando a las "cadenas de mando" tan apreciadas por los militares, podemos suponer razonablemente que las órdenes superiores incluyeron la movilización de tropas, pertrechos y recursos para poner en funcionamiento centros de detención clandestina como Los Cabitos, Pampa Cangallo, Casa Rosada o Capaya. Por propia confesión, tenemos ahora la certeza de que los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori no sólo tuvieron conocimiento de las violaciones de los derechos humanos que las Fuerzas Armadas cometían, sino que las ordenaron.
*** Pero eso no es todo: aquí empieza la hagiografía del general Noel.
"Con total respeto a la ley y en ponderada, pero a la vez firme defensa de la vida y de la dignidad de los integrantes del Ejercito del Perú, tanto en situación de actividad como de retiro, muchos de los cuales vienen soportando estoicamente, encarnizados cuestionamientos, juicios que no siguen el debido proceso, vejaciones, calumnias y maltratos personales y familiares, presiones psicológicas que deterioran severamente la salud y derivan en el agravamiento de enfermedades que conducen a la muerte, tal como ha sido el lamentable y reciente caso del señor general de brigada (f) don Roberto Clemente Noel Moral".
Desde la perspectiva de los ex comandantes generales, la defensa de la vida y la dignidad sólo es cuestión de honor cuando se aplica a los integrantes del Ejército. Encarnizados cuestionamientos, juicios sin debido proceso, vejaciones, calumnias, maltratos personales y familiares, presiones psicológicas... Frente a tan severos y refinados tormentos, aplicados a la persona del otrora señor feudal de Ayacucho, palidecen las ejecuciones masivas de campesinos, las violaciones grupales a mujeres y niñas indefensas, la tortura y desaparición de miles de seres humanos. Sólo les faltó agregar a los señores comandantes generales: "porque Noel es general y los otros son solamente indios".
Y es en memoria del general Noel, aquel señor de horca y cuchillo, que los ex comandantes osan plantear condiciones al Estado peruano y a la sociedad. Para plantear sus condiciones, se escudan en el maniqueo y terrorífico lenguaje de la Guerra Fría, amenazando con el caos y la ruina que sobrevendría si los responsables de crímenes contra la humanidad son juzgados y encarcelados. Así, tenemos que "(...) oscuros intereses vienen logrando la libertad y apoyo de los delincuentes terroristas, convirtiendo ahora en agresores a los agredidos de ayer y en verdugos a quienes abnegadamente dejando todo concurrimos a luchar por el Perú".
Puede que la abnegación sea una virtud de la tropa, como lo ha sido en muchos ejércitos del mundo. Ahora bien, para destruir el mito de los generales mendicantes que, cual apóstoles, abandonan todo para cumplir con su deber, bastaría con la imagen de Clemente Noel Moral recibiendo a Mario Vargas Llosa en vestimenta de tenis y raqueta en mano, por no hablar de los generales -victoriosos o no- del tiempo de Fujimori y Vladimiro Montesinos, aquellos que recibían coca y dólares en enormes maletas.
También tenemos que "ya no sólo se exige el encarcelamiento de los comandantes sino indiscriminadamente de todo el personal [...] Estos acontecimientos son hábil y vilmente explotados por el terrorismo, que luego de su derrota militar reactiva su lucha contra el estado y la sociedad peruana, esta vez en los campos político, psicosocial y legal, pretendiendo particularmente desmoralizar a las fuerzas armadas".
Aquí cabría que los señores ex comandantes generales se actualizaran.
No sólo incurren -ad nauseam- en la falacia de atribuir a los organismos de derechos humanos una misión de defensa del terrorismo y de destrucción de las Fuerzas Armadas, sino que ni siquiera se advierte el cambio de orientación ocurrido tras el fracaso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en imponer una verdad histórica consensuada.
En efecto, el observador atento advertirá que el movimiento peruano por los derechos humanos, excesivamente burocratizado y dividido en ONG que compiten entre sí por prestigio y financiamiento, ha privilegiado la colaboración con el corrupto e ineficiente sistema judicial -justicia transicional, que le llaman-, sin la correspondiente presión social que conduciría a una depuración del mismo, para ganar de vez en cuando un caso, si así le place al Ministerio Público y al Poder Judicial, mientras la gran mayoría de perpetradores de crímenes contra la humanidad envejecen plácidamente en sus hogares.
Estas sutilezas no son comprendidas por los ex comandantes, quienes en su indomable burrez suponen que tenemos a Zaffaroni en la Corte Suprema, y que se está tratando de meterlos a todos en la cárcel. Es evidente que no tendrían nada que temer del abominable sistema judicial peruano si sus crímenes no fueran de una magnitud imposible de ocultar. Entonces, para curarse en salud, llegan a ponerse amenazantes: "Los excesos de algunos jueces y fiscales que siguen las causas contra el personal militar denunciado, están germinando sentimientos y reacciones que pueden tener consecuencias muy graves para el desempeño futuro del personal del ejército, pues éstas afectarían directamente la seguridad nacional, pudiendo generar entre otros, los siguientes efectos: a. Eximirse de tomar decisiones y acciones para combatir resueltamente a quienes atenten contra la seguridad nacional y el orden interno, a causa de las represalias legales a las que están expuestos los oficiales, técnicos, sub oficiales y tropa servicio militar por la falta de respaldo político y legal de sus actos en operaciones de combate y/o restablecimiento del orden público".
Parece mentira que un cuerpo militar como el peruano, tan envilecido y desprestigiado por su insanía y corrupción, pueda plantear condiciones a los poderes del Estado, con la mal disimulada amenaza de insubordinarse. Esto, en países civilizados, se llama rebelión y se castiga con penas de prisión. Pero en el bienaventurado Perú del señor Toledo, estas insolencias quedan impunes.
*** Con lo anteriormente expuesto queda claro hasta qué punto eran infundadas y hasta peligrosamente ingenuas las esperanzas en una "reconciliación nacional" basada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Informe Final, por sí mismo, no impulsará a nadie a reconocer sus responsabilidades y culpas por los crímenes de la guerra sucia. Así como no lo hizo con Sendero, no lo hace con el Ejército.
No menos ingenuas son las expresiones del usualmente lúcido historiador Nelson Manrique sobre el "cierre de una época" que supuestamente se habría dado con la muerte del general Noel. La muerte del sátrapa, que por lo demás no fue el único criminal de la guerra sucia, no ha reconstruido Matará, Chiara, Soccos, Totos, Hualla, Tiquihua, Huancaraylla, Circamarca, Quispillacta, Accomarca, Asquipata, Iribamba, Pampay, etc. ni le ha devuelto la vida y la paz a sus habitantes.
Sólo el justo castigo a los criminales será el primer paso real hacia el cierre de una época, que de otro modo permanecerá abierta como una llaga. Y este castigo se dará, como decía Hannah Arendt, solamente si entendemos que generales como Noel apoyaron una política de asesinato masivo, aunque fuera sólo con la obediencia pasiva de "órdenes superiores".
Son también de Arendt las siguientes palabras que dedicamos, a manera de epitafio, al general Clemente Noel y a los señores ex comandantes generales: "En materia política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa. Y del mismo modo que tú apoyaste y cumpliste la política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con otros pueblos -como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo-, nosotros consideramos que ningún miembro de la raza humana puede desear compartir la tierra contigo".