Los brasileños completan hoy 20 años bajo gobiernos civiles tras el fin de la dictadura militar impuesta durante 21 años para frustrar y poner fin mediante una fuerte represión a un proceso de luchas populares en ascenso.

Tras una sucesión de gobiernos militares, el 15 de marzo de 1985 tomó posesión el primer presidente civil, pero no como resultado de una consulta popular, pues una de las últimas acciones de la dictadura fue impedir que se tradujera en una acción práctica la amplia movilización por elecciones directas desarrollada en el país.

Sin embargo, los militares no pudieron impedir que el colegio electoral que diseñaron para confirmar cada cinco años al general escogido para comandar al régimen, eligiera a Tancredo Neves en lugar de su candidato Paulo Maluf.

Hospitalizado la noche antes por una enfermedad que en poco tiempo lo condujo a la muerte, Neves no asumió el cargo, y en su lugar lo hizo el vicepresidente José Sarney, que gobernó hasta 1990.

Bajo su mandato se aprobó una nueva Constitución que estableció la elección directa para escoger, cada cuatro años, al presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados y gobernadores, y en fecha distinta a alcaldes y concejales por igual período.

El fin de la dictadura -aunque no de la influencia de los militares en la vida nacional, que hasta hoy es fuerte- comenzó con la aprobación por el último de sus gobiernos de una ley de amnistía en agosto de 1979.

Esto fue impulsado por la reactivación de las luchas sindicales, dirigidas por el hoy presidente Luiz Inacio Lula da Silva; del movimiento estudiantil y de otros sectores profesionales y sociales y la proliferación de los comités por la amnistía, a partir de 1977.

La ley se limitó a amnistiar a los varios miles de víctimas del régimen militar instaurado el 1 de abril de 1964: 10 mil exiliados, casi cinco mil privados de sus mandatos electivos y/o derechos políticos y centenares de expulsados de sus trabajos o centros de estudio.

Pero nada decía -ni dice, porque no ha sido modificada en 20 años de gobiernos democráticos- acerca de una eventual sanción a los culpables de esos actos o de los asesinatos, desapariciones y torturas contra opositores del régimen o sospechosos de serlo.

La permanencia del texto tal cual fue promulgado, y el hecho de que nadie haya sido juzgado por esos crímenes, demuestra el poder real que siguen teniendo las Fuerzas Armadas dos décadas después de haber dejado el gobierno.

Lo único que se hizo bajo las administraciones civiles fue asumir la responsabilidad del Estado -no de quienes tomaron su control a la fuerza- por lo ocurrido, y disponer el pago de indemnizaciones a las víctimas de torturas y a los familiares de muertos y desaparecidos.

Y esto a pesar de que Brasil ratificó en 1992 la Convención Americana de Derechos Humanos, que declara imprescriptibles los crímenes de tortura, según señaló el abogado Fabio Konder al cumplirse 25 años de la amnistía.

El poder que conservan los militares y su negativa a cualquier intento de esclarecer episodios ocurridos en los 21 años en que gobernaron con mano dura y sin control alguno, se demuestra en la falta de progreso hasta hoy de los intentos por reabrir los archivos de la dictadura.

La cerrada oposición castrense se da a pesar de que virtualmente no existen exigencias de apertura de procesos contra los culpables, sino sólo la demanda de que se esclarezca toda la verdad de lo ocurrido en esas dos negras décadas para Brasil.