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Brasil ratificó hoy la posibilidad real de desconocer las patentes de medicamentos contra el SIDA de tres transnacionales norteamericanas y comenzar a producirlos, si estas se niegan a cederlas mediante pago de royalties.

El ministro de Salud, Humberto Costa, en declaraciones que publica hoy el diario O Globo, dice que 'hay una gran posibilidad de que decretemos la licencia compulsoria, con la quiebra de patente. Es algo concreto, real, aunque aún estemos apostando en la concesión voluntaria'.

En carta enviada a los laboratorios Abbot, Gilead Science Incorporation y Merck Sharp & Dohme, Costa les dio un plazo de 21 días para que cedan sus licencias en la producción de antirretrovirales con los principios activos lopinavir y ritonavir, tenofovir y efavirenz, que estos poseen en ese orden.

El ministro argumenta que el aumento del número de pacientes con SIDA bajo tratamiento gratuito en el Sistema Unico de Salud, junto al alza de precios de los medicamentos importados, elevaron mucho el costo del programa.

La previsión de incremento de pacientes es de 20% (de 150.000 para 180.000 este año), pero los gastos en antirretrovirales subirán de 550 millones a 900 millones de reales (de 200 a 327 millones de dólares).

Si no se reducen los costos -agrega Costa-, se pondría en riesgo el programa brasileño de combate al SIDA, que sirve de referencia mundial debido a su amplitud.

De los gastos totales del gobierno en medicamentos contra esa pandemia, el 80% obedece a antirretrovirales importados, y de esa parcela el 67% se invierte en los que producen los tres laboratorios a los cuales se envió el ultimátum.

Según el titular de Salud, existen laboratorios en Brasil en condiciones de producir esos medicamentos en corto tiempo y a costos inferiores a la mitad de lo que se gasta hoy.

La posibilidad de desconocer patentes de medicamentos contra el SIDA ya fue planteada bajo el gobierno anterior, pero no se concretó.

Sin embargo, Costa asegura que ahora es distinto, en primer lugar porque el presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene compromisos con la salud pública por encima de los intereses económicos de la industria.

'Además de eso -agrega- los laboratorios (nacionales) ya tendrán capacidad de producción en poco tiempo y la legislación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) da legalidad a ese procedimiento'.