Al pueblo rebelde de El Alto, la vanguardia de las luchas populares en Bolivia, no le interesa si el renunciante presidente Carlos Mesa se va o se queda en el cargo. El multitudinario cabildo abierto realizado este lunes en los límites fronterizos en La Paz y El Alto determinó no oponerse a la renuncia de Mesa, al que calificaron de 'provocador' y 'defensor de las transnacionales'. Se ratifica la huelga y se corta el abastecimiento de carburantes a La Paz.

Según reporta la agencia APA, en un informe especial para ECONOTICIAS, el cabildo ratificó el paro cívico indefinido que se prolonga ya por seis días y que continuará hasta que la empresa transnacional del agua se vaya de El Alto. Los alteños, blanco de las críticas del gobierno y de los grandes medios de comunicación, recibieron el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que convocó a todos los sectores a secundar la lucha contra las transnacionales del gas y del agua.

En el cabildo, los alteños demandaron la renuncia del alcalde José Luis Paredes, por traicionar la Agenda de Octubre donde está considerado el encarcelamiento del ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, la convocatoria de la Asamblea de la Constituyente, la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con nacionalización y la rescisión del contrato del servicio de agua potable con la empresa Aguas del Illimani (AISA), controlada por capitales franceses.

Tras rebasar a grupos progubernamentales, miles de vecinos que salieron desde las villas de la periferia, se concentraron en el acceso del Peaje de la Autopista que accede de El Alto a la ciudad sede de gobierno.

El secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, a tiempo de dar su apoyo incondicional a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) pidió mantener la huelga y hacer vigilia para no dar paso a la ola de provocación que organizan los aliados de Mesa.

El sexto día del paro cívico indefinido nuevamente tuvo como actores principales a los vecinos de las villa de la periferia, quienes volvieron a paralizar el tráfico vehicular en las avenidas y carreteras consideradas como troncales. Sin embargo, las villas consideradas como residenciales que expresaron su apoyo al presidente Mesa, no cumplen la medida. El Distrito 1 y 2, que está formado por las zonas que están en el centro de El Alto y parte de la avenida. 6 de Marzo, no acatan la medida de presión aprobado por la Fejuve.

En cambio, los vecinos de la villas que forman parte del Distrito 8 que están en parte de la avenida 6 de Marzo, vía que accede a la carretera a Oruro y Chile, bloquearan el acceso a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para impedir el abastecimiento de combustible a la ciudad sede de gobierno, según el informe de Carlos Barreto, ex dirigente de la Fejuve.

En octubre del 2003, durante la denominada Guerra del Gas, ante similar medida, el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, dispuso que el Ejército resguarde el ingreso de los cisternas de combustible que cargan en la mencionada planta. Producto de esa acción y por el hecho de que los efectivos del ejército dispararon a quemarropa, cayeron varios muertos por impactos de bala de guerra. Esa acción militar que habría encabezado el propio Sánchez Berzaín, se la conoce como el convoy de la muerte.

Barrera, que ejerció el cargo de vicepresidente de la Fejuve en octubre del 2003, manifestó que los vecinos de las juntas vecinales decidieron reeditar las medidas que ejecutaron durante la Guerra del Gas. 'Senkhata que fue un lugar revolucionario, mantiene esa situación', dijo.

Las villas del Distrito 8 están habitadas de familias de mineros y campesinos, y en las próximas horas tienen previsto mejorar la planificación para ejecutar de mejor manera el paro cívico indefinido. Barrera manifestó que el presidente Mesa subió al poder como producto de las luchas sociales y en El Alto se comprometió a cumplir la Agenda de Octubre. Informó que a los alteños no les interesa si se va o se queda Mesa, lo que buscan es la salida definitiva de la empresa Aguas del Illimani.