Apolinar Díaz – Callejas

La cuestión con Venezuela se está agravando en perjuicio de la economía y exportaciones colombianas, de las poblaciones fronterizas y de cientos de miles de compatriotas que huyeron de la miseria y el desempleo en Colombia, especialmente de las zonas campesinas de Sucre, Bolívar, Córdoba y otros departamentos de nuestra Costa Caribe. Se van a Venezuela en busca de trabajo y un mejor modo de vida para ellos y sus hijos. Muchos trataban de recibir la ciudadanía venezolana como un modo de estabilizar su situación y evitar la represión y violación de sus derechos como trabajadores. También son muchos los venezolanos que viven y trabajan en Colombia. Hablé, como gobernador de Sucre, con cientos de esos campesinos que cuando lograban unos ahorros volvían al país en busca de un pedazo de tierra. Para esa gente y la de otros países latinoamericanos que estaban en las mismas condiciones, la decisión del gobierno de Chávez de facilitarles la nacionalidad fue un gran paso celebrado por los colombianos y los medios de comunicación, de la misma manera que ahora agradecen que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero haya mejorado las opciones para tomar la ciudadanía española y legalizar su presencia en España. La ciudadanía común es una ambición histórica de los sudamericanos.

El saberse apoyados por el gobierno Bush, que no ocultó su patrocinio al golpe que intentó la derecha venezolana contra el régimen constitucional de Chávez y el ruido de la ultraderecha colombiana, apuntada a todas las acciones contra la democracia en Colombia, América Latina y el mundo, parece que ha envalentonado a los funcionarios del gobierno nacional que siguen defendiendo el acto ilegal y delictuoso de pagar en dólares los servicios ilícitos de unos militares y miembros de la Policía de Venezuela, mediante un soborno para que capturaran a un sujeto colombiano acusado de guerrillero y lo entregaran a la Policía nacional en Cúcuta. Esto es un delito en nuestro Código Penal y en el Derecho Internacional. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés: el gobierno venezolano sobornando a miembros de la Policía y el Ejército de Colombia?

El ex ministro conservador Juan Camilo Restrepo se atrevió a condenar esa conducta del gobierno, afirmando que las cosas debieron hacerse mediante el uso de los mecanismos de extradición previstos por el Derecho Internacional, como ocurre con la extradición cada vez mayor de narcotraficantes a Estados Unidos, con sujeción a la interpretación actual de las normas legales. Esos hechos son degradantes para nuestro país pero, de todos modos, están sujetas a las reglas de los pactos internacionales.

El experto y reconocido especialista Alfredo Rangel también estuvo de acuerdo en dar explicaciones y excusas para poner término a los efectos de una conducta ilegal y proceder conforme al derecho internacional.

El gobierno colombiano se siente autorizado para romper la unidad latinoamericana y crear una situación conflictiva con Venezuela por el apoyo que tiene del gobierno Bush.

Las cosas se están manejando con impresionante irresponsabilidad en momento crucial de unidad de las naciones sudamericanas. Todo se habría arreglado si el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, el espíritu demoníaco de esta torpeza, hubiera cumplido su oferta de renunciar del cargo asumiendo la responsabilidad del delito de cohecho encargado a miembros de la Policía y el Ejército de Venezuela. La ultraderecha colombiana, el Gobierno y el presidente Uribe, aturdido por su propia convicción de gobernante venido del más allá, están a punto de hacer a Colombia el más grande daño de su historia, de la magnitud del causado por el despojo del Canal de Panamá del que fuimos víctimas.