Patricio Malatrassi A.

Taller de Economía del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Chile)

En nuestro país hablar de grandes estafas es un evento de frecuente ocurrencia. En uno de los más bullados (Caso Inverlink) del último tiempo uno de los principales involucrados hoy es embajador en Suecia. En otro plano, José Piñera Echeñique el promotor y ejecutor de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), legalizadas e impuestas durante la dictadura, goza de los beneficios de su montaje y lo promociona a nivel internacional disfrutando de los réditos del negocio. Ante las voces cada vez más numerosas que se alzan para denunciar las muestras concretas e inquietantes de las "bondades" del sistema, este individuo, retorna a la palestra nacional, a través de un artículo del diario El MERCURIO ( 10/12/2004) en defensa de su engendro. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que este es el mayor fraude legalizado de la historia del país. Es una lesión enorme de tan alto nivel como la realizada con el cobre chileno. Indudablemente en esto no está sólo, cuenta con los bastardos de la dictadura y los otros: políticos, abogados, empresarios y banqueros, dirigentes sindicales. Todos ellos debieran ser juzgados por por tribunales ordinarios.

El gobierno ha iniciado un salvataje y readecuación del sistema. Se trata, en lo esencial, de permitir la introducción, "para su mejor gestión y competitividad" de los miembros del oligopolio bancario: los más insaciable tiburones del sector financiero. Para ello cuentan ahora con la asunción de su hombre clave, Hernán Somerville ("Mameluco") en la todopoderosa Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Lo que muestra el nivel de dominio de este sector en la economía nacional.

El gobierno seudosocialista de los empresarios y del poder financiero transnacional, permitirán sin que se les mueva un pelo que los banqueros entren de lleno al negocio financiero del siglo y han enviado un proyecto para permitirles que metan las garras sin trabas en el negocio. Para "aumentar la competitividad" claro. En el proyecto no hay ni una sola palabra sobre la participación de los titulares de las platas en la gestión de sus propios dineros. Los trabajadores una vez más brillan por su ausencia.

En estos momentos los afiliados a las AFP son alrededor de 6 millones 800 mil trabajadores. De ellos el 50 % impone por el salario mínimo lo que de acuerdo con cifras de la Superintendencia de AFP implica que la totalidad no estará en condiciones de aspirar ni a una pensión mínima en 2035. Más de la mitad tenía menos de un millón de pesos a fines del 2003, 126 mil figuraban con cero pesos, es decir se les declaró y nunca se les depositaron sus dineros. 773 mil afiliados tenían menos de 50 mil pesos. El 45 % de la fuerza de trabajo no impone y una gran parte de los que lo hacen no alcanzará a reunir las 240 cotizaciones mínimas para retirarse.

Dentro de las nuevas alternativas que maneja el gobierno para aminorar la catástrofe que ya está aquí el gobierno maneja la idea de que los hombres sólo puedan jubilar a los 70 años y las mujeres a los 65. Estos años se irían agregando en forma escalonada, un año cada dos, alcanzando la edad límite en diez años.

Pese a estas deficiencias es tal el monto de los fondos, que despierta grandes ambiciones, sólo en ahorros individuales el fondo tiene ya 54 mil millones de dólares.(Si se repartiera, cada trabajador, hombre o mujer percibiría aproximadamente cinco millones y medio de pesos.) A esto se le debe agregar los fondos a que está obligado el INP de acuerdo con el antiguo sistema.

Por tanto se trata de muchísimo, muchísimo dinero y la apertura de nuevos parámetros de inversión en el exterior. Se trata de manejar esta enorme cantidad de plata en un nuevo escenario, donde se permitirá que hasta el 50 % (por ahora) de estos fondos puedan ser invertidos directamente en instrumentos financieros en el extranjero. Es decir las platas de los trabajadores chilenos contribuyen a crear industrias trabajo en los países desarrollados.

No es que las transnacionales bancarias que dominan el mercado financiero chileno no estén en el sistema de AFP, ya hace mucho rato que lo están. Lo hacen a través de empresas coligadas, BBVA tiene a Provida; Santander a Summa Bassander; Citibank, a Habitat, y el grupo Penta, a Cuprum. Pero esto crea algunas barreras y se trata de arrasar con "papas y caldo". El decreto 3.500 establece que las admistradoras no pueden ofrecer otro servicio que no sea pensiones. Esto, si entra la Banca, quedará en pasado, los bancos estarán en condiciones de ofrecer otros servicios o bienes de consumo; se ampliarán líneas de créditos o se cambiará ahorro por bienes de consumo presente. Se agudizará si ello es posible, los conflictos de intereses, ya que esta (teóricamente) es una cartera de terceros ¿Cuando se presenten las oportunidades de negocios y los manipuladores financieros tomarán decisiones que beneficien al banco o para el cotizante? Adivinen Uds.

Bajo el eslógan: "Un servicio de excelencia con el menor costo previsional" los grandes ganadores del sistema de AFP siguen manejando a su arbitrio uno de los pozos de dinero más suculentos a escala mundial. Tratan de aparecer disfrazado como "asesores financieros". Son sacrificados servidores pùblicos".

En Chile existen más de 6 millones 800 mil afiliados al sistema previsional, considerando que la fuerza de trabajo al 2004 son poco más de 6 millones su número es mayor que estos últimos. Esta diferencia se explica en mayor proporción por la existencia de trabajadores que alguna vez trabajaron remuneradamente, pero nunca más volvieron a hacerlo.

Otro aspecto grave que muestra ya el sistema es que sólo alrededor del 70 % de los trabajadores dependientes cotiza y entre los independientes sólo hace alrededor del 5 %. Ahora bien de estas personas que cotizan más del 40 % no alcanzará, por la poca densidad de sus ahorros, a una pensión mínima. Es decir el sistema si paga, pagará pensiones miserables con las obvias excepciones.

Ya en sus inicios el sistema partió con la presión abierta o camuflada para obligar a los trabajadores chilenos a afiliarse al nuevo sistema. No hubo el cacareado "free to choose" (libertad para elegir) neoliberal. Se hizo causando un daño patrimonial enorme a los trabajadores que se trasladaron al nuevo sistema. Daño previsional que no ha sido resuelto por el gobierno y que forma parte de la estafa a gran escala que se le infligió a las trabajadores. Esta "oportunidad de negocio" fue dirigido y puesto en marcha por el "servidor público"Jose Piñera que desde entonces disfruta a lo grande de las prebendas recibidas por esta movida. Este individuo debiera ser acusado judicialmente por los trabajadores chilenos, por el daño patrimonial causado. Este daño oscila en moneda actual entre 3 y 45 millones de pesos a cada trabajador que fue obligado a trasladarse de sistema, de acuerdo con diversos estudios.

Esta situación es de extrema importancia y los trabajadores chilenos deben exigir justicia y una participación activa en el manejo de sus fondos. Es mucho lo que hay en juego. Es el futuro de millones de seres humanos expropiados fraudulentamente una y otra vez por el insaciable apetito privado y de los igualmente insaciables tecnócratas a su servicio.

Santiago 14 de diciembre de 2004