El departamento de Santa Cruz, el más pujante y poblado de Bolivia, pareció escapar hoy del control del gobierno central del presidente Carlos Mesa, tras una nueva y masiva manifestación popular en la que se amenazó con conformar un gobierno autónomo regional la próxima semana.
La formación de un gobierno autónomo provisional, en abierta confrontación con la administración de Mesa y vulnerando todo el ordenamiento jurídico-legal del país, podría ser una realidad, si el Ejecutivo no anula de inmediato el decreto impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que eleva el precio de la gasolina y el diesel y que ha desatado la ira popular y un clima de convulsión social.
La tarde de este viernes, los manifestantes ocuparon las instalaciones de la Prefectura, que es la representación regional del gobierno nacional, en una clara demostración de fuerza y poder. Otros edificios de entidades públicas nacionales también están bajo el control de los dirigentes cívicos, empresariales y juveniles que encabezan la protesta que se extiende desde hace tres semanas con masivas marchas callejeras, bloqueos, toma de instituciones y huelgas de hambre.
La decisión de conformar un gobierno autónomo fue planteada por Rubén Costas, presidente del Comité Cívico, entidad que aglutina a todos los sectores sociales y empresariales de Santa Cruz, pero que es manejado por la "oligarquía" del oriente, que intenta usar la protesta social para lograr la caída del presidente Mesa y preservar, de mejor manera y con más firmeza, los intereses económicos y políticos de las transnacionales y de las élites empresariales.
Hasta ahora, estos sectores han logrado timonear la protesta, aunque también son evidentes los enormes esfuerzos de la Central Obrera y de la Federación de Juntas de Vecinos que intentan, al interior de la movilización social, darle otra salida, como la nacionalización del gas y el petróleo.
Ambos sectores –el oligárquico empresarial y el laboral y vecinal—están movilizados y en dura pugna por el control de la protesta. En cambio, los sectores indígenas y campesinos del oriente, controlados muy de cerca por el Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales, han preferido defender al gobierno de Mesa y le han dado la espalda a lucha social, cuestionando las manifestaciones en contra del alza de los carburantes, que eleva el costo de vida y castiga con extremo rigor a la empobrecida población boliviana.
En otras regiones del país, como en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Potosí, son los sectores sociales y populares los que vanguardizan la lucha contra las medidas fondomonetaristas decretadas por Mesa el 30 de diciembre del pasado año.
En la región del sur, como Chuquisaca y Tarija, las dirigencias de las centrales obreras, controladas por el MAS se han alineado con Mesa y han cuestionado la lucha social y a la propia Central Obrera Boliviana, por lo que la defensa de la economía popular y de los ingresos de los más pobres ha quedado, por lo menos en lo formal, en manos de los representantes cívicos y empresariales.
En este marco, los alcaldes de nueve de las diez ciudades más importantes del país, casi todos ellos alineados en el centro y en la derecha del espectro político nacional, anunciaron su "respaldo inequívoco" a la democracia y al Presidente, lo propio que el Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos. Todos ellos ven que los que protestan están armando "una conspiración" contra la democracia, pero dicen poco o nada sobre la salvaje política económica que oprime al pueblo, sobre los intentos gubernamentales para darle impunidad a las tropas norteamericanas y su abierto afán por defender los intereses de las petroleras extranjeras.
El voto resolutivo de los alcaldes de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando dice:
1.- Apoyar la gestión gubernamental del Presidente Carlos Mesa, emanado de la voluntad popular.
2.- Rechazar los intentos sediciones de sectores antidemocráticos y las movilizaciones de clara intencionalidad política que tienen por objetivo evitar la realización de la Asamblea Constituyente.
3.- Instar al Congreso Nacional a cumplir su rol de expresión de los intereses de la ciudadanía, y repudia las acciones desestabilizadoras de la institucionalidad democrática que vienen ejecutando sectores del parlamento.
4.- Convocar a la ciudadanía a expresar, por todos los medios posibles, su adhesión a la democracia y su repulsa ante los afanes conspiradores.
5.- Llamar al gobierno a asumir las medidas necesarias que fortalezcan la transición histórica conducente a la creación de la Asamblea Constituyente.
En las últimas horas, el presidente Mesa ordenó el despliegue de militares en algunos puntos estratégicos de Santa Cruz, tales como la refinería en Palmasola y el aeropuerto de Viru Viru, el más importante del país.
Simultáneamente, una misión del Congreso se desplazaba a esta región para intentar abrir una canal de negociación entre el Comité Cívico y Mesa.