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Internacional

Según un comunicado del embajador en Bogóta

Estados Unidos defiende el soborno de funcionarios extranjeros y el secuestro en lugar de las órdenes de captura de la Interpol


Rebelión

El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, señaló que su gobierno apoya "ciento por ciento" la postura colombiana expresada en una declaración emitida a raíz de la crisis diplomática con Venezuela.

Wood aludió al comunicado en el que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe se abstuvo de ofrecer disculpas a Venezuela y reiteró que en la detención de un guerrillero de las FARC, que motivó la crisis entre ambos países, no se violó la soberanía de ese país a pesar de que el gobierno colombiano pagó un millón y medio de dólares a funcionarios venezolanos para secuestrar a una persona en suelo venezolano que no tenía orden de detención por la Interpol.

Uribe señaló además, en el comunicado, que el pueblo colombiano tiene el derecho de liberarse de la "pesadilla" del terrorismo y aseveró que el mecanismo recompensas, mediante la cual se logró la captura de Granda sobornando funcionarios extranjeros para secuestrar, "es un instrumento legítimo de los Estados, que ayuda en el proceso de derrotar el terrorismo".
Se da la circunstancia de que el mismo gobierno que destinó millón y medio de dólares para sobornar funcionarios de otros países, renunció a utilizar la vía legal cursando orden de detención a la Interpol contra el representante de las FARC.
A esta posición de defensa de soborno de funcionarios, secuestro en países extranjeros y traslado del secuestrado en un maletero del coche hacia un país vecino, es decir, la Operación Cóndor de las dictaduras de los años 70, Estados Unidos le denomina en su comunicado oficial "declaración llena de liderazgo y moderación".
Una operación similar a la ejecutada por el gobierno colombiano y defendida por Estados Unidos, hubiera sido la de secuestrar al ex secretario de Defensa norteamericano Henry Kissinger cuando el juez español Baltasar Garzón requirió su presencia para declarar como imputado en el sumario por genocidio por el denominado Plan Cóndor.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, exigió el viernes al gobierno de Bogotá disculpas por lo que consideró una violación de la soberanía de su país, dado que la detención de Granda se produjo en Caracas para ser llevado a Colombia.