El Ministerio británico del Interior planea introducir nuevas medidas de control ciudadano para prevenir futuros atentados, como más controles fronterizos y el acceso de la Policía a llamadas telefónicas y correos electrónicos
Londres propondrá a la Unión Europea poder controlar las llamadas y mensajes telefónicos y los correos electrónicos

 
 Efe
 
El ministro del Interior, Charles Clarke, ha adelantado que planteará algunas de estas medidas -las que requieren un consenso internacional- en la reunión de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar el próximo miércoles en Bruselas, a petición de la Presidencia británica.

En declaraciones a la BBC, Clarke explicó que los atentados del pasado jueves en Londres ponen en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad hasta nuevos límites.

El ministro considera crucial que las fuerzas de seguridad tengan acceso a registros de llamadas, mensajes de texto por teléfono móvil y correos electrónicos.

"Los registros de telecomunicaciones, sean por teléfono o correo electrónico, que revelan qué llamada se hizo desde que número a qué otro número y a qué hora, son de mucha utilidad para los servicios de seguridad", argumentó.

"No me refiero al contenido de las llamadas, sino al hecho de que se hiciera la llamada en cuestión", aclaró el ministro, para añadir que esos registros, que las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a facilitar a la Policía, deberían además conservarse por algún tiempo.

Un recorte de libertades inédito en Reino Unido

La introducción de esa medida, que Clarke planteará el miércoles a sus colegas europeos, sería un paso inédito en el Reino Unido, un país en que los derechos a la intimidad y la libertad individual se consideran preciados tesoros.

Además, el Ministerio endurecerá los controles fronterizos y se comprobarán los detalles de las personas a su entrada y salida del Reino Unido, para constatar que "han cumplido todos los requisitos".

Paralelamente, indicó Clarke, el Gobierno continuará utilizando las llamadas "órdenes de control", que le autorizan a mantener bajo arresto domiciliario a individuos sospechosos de terrorismo que no pueden ser procesados por falta de pruebas.

"Esta legislación es justo lo que necesitábamos", insistió Clarke, en alusión a que, en el momento de su aprobación, esta ley fue polémica por considerar algunos que atenta contra los derechos humanos