Avanzar en las reformas

Juan Girtz

I.- Un tiempo de iniciativas

    La derecha española ruge lamiendo sus heridas. El gobierno “republicano” de Zapatero ha conseguido impactar en zonas sensibles del otrora compacto bloque conservador en que descansó su hegemonía política durante dos legislaturas.

    Primero ha sido su intervención en el campo de la vida cotidiana y las costumbres, allí donde se asientan todo el cúmulo de prejuicios, temores y resentimientos del que se nutre el alma y el sentido (común) más reaccionarios: la ley contra la violencia de género, la del matrimonio y el derecho de adopción de los homosexuales, la anunciada sobre la igualdad entre hombre y mujer, etc.

    Después ha venido su enfoque del problema territorial, basado en una no por declarada menos evidente  perspectiva federalizante que ha despertado todos los fantasmas atávicos relacionados con el mito de la unidad de España, invocación de última instancia por el mantenimiento secular del cloque histórico dominante en nuestro país.

    Y, finalmente, el tratamiento del llamado “problema terrorista”, distanciando de los energuménicos anhelos aznaristas de hacer doblar la rodilla, no a ETA, sino a la parte abertzale de la sociedad vasca. Con este punto los límites del estallido de la rabia fascistoide han sido desbordados y Rajoy no ha dudado en invocar a los muertos para acusar de traición al presidente del Gobierno. La manifestación contra el proceso de paz en Euskadi y las que se preparan contra el traslado del archivo de Salamanca y contra la ley de matrimonios de homosexuales, es una señal del estado de movilización social al que se ha lanzado la derecha española.

    Es así como un gobierno constituido de forma sorprendente incluso para sí mismo, está inmerso en un proceso sin precedentes de ruptura –siquiera sea parcial- del consenso y los equívocos con los que se construyó la arquitectura política y constitucional de la transición. Un talante y unas formas en ocasiones melifluas, no son óbice para que en un año, Zapatero haya chocado más y más intensamente con la derecha de lo que hizo González en sus catorce años de mandato.

    Es verdad que tenemos en la actualidad una derecha política muy crecida tras ocho años de gobierno y un apoyo electoral de más de diez millones de votos. Sus dirigentes y militantes –más que sus votantes- no terminan de creerse que han perdido las elecciones y se mantienen en una permanente actitud vetadora y deslegitimadora de toda iniciativa gubernamental.

    Todo ello explica el clima de crispación política pero no reduce el alcance de alguna de estas iniciativas. A quienes las desdeñan como superficiales o periféricas a la centralidad del conflicto social, es preciso recordarles cuantas veces la suerte de ese conflicto se ha desnivelado del lado de los poderosos por su dominio absoluto de estos aspectos pretendidamente secundarios. A través de su control sobre la educación, la familia y la religión, las clases dominantes han conseguido contar con un apoyo social muy importante, con frecuencia decisivo entre las clases subalternas.

    Recordar estos hechos no implica desconocer otras características del gobierno Zapatero, la principal de las cuales tienen que ver con la presencia como Ministro de Economía de quien inició todavía con González la cruzada contra el déficit público y durante ocho años fue su principal guardián como comisario europeo. No parece factible, desde luego, que bajo su dirección la política económica vaya a experimentar ningún giro significativo.

    No es siquiera pensable del giro en el marco de la Constitución Europea actualmente en proceso de ratificación. Los límites para una política económica y social están señalados en el texto constitucional y especialmente en su Parte Tercera. Pero lo están sobretodo en la amenaza de la desinversión que esta Constitución consagran, dictando normas para el mercado interior y dejando la política social en manos de los Estados miembros.

II.- Economía

    La economía española se ha beneficiado de los efectos de la UEM de los bajos tipos de interés y de los bajos costes salariales propiciados por la política de concertación de UGT y CCOO, y sobre todo, de la presión a la baja de los salarios por la abundante oferta de mano de obra inmigrante. Estos factores han generado un modelo de crecimiento basado en la expansión del sector de la construcción, el alto nivel de consumo interno, el asimismo elevado nivel de endeudamiento de las familias.

    El gobierno es consciente de la necesidad de acometer sustanciales cambios en el modelo productivo antes de que la burbuja inmobiliaria pudiera estallar por efecto, entre otros, de una más que probable subida de los tipos de interés, casi inevitable ante un crecimiento de la inflación que merma aún más la competitividad de la economía española.

    Pero es asimismo consciente  que el modelo económico a superar está profundamente enraizado en la sociedad española, de que a lo largo de los años se ha ido tejiendo un bloque social cohesionado por los comunes intereses derivados del negocio del suelo y la construcción. Un bloque social del que participan políticos de todos los partidos junto a empresarios de la construcción, financieros, altos funcionarios, empresas de servicios al mercado y también- y así debe ser subrayado- una amplísima base social de asalariados, propietarios y rentistas, que defienden con uñas y dientes la continuidad de los beneficios fiscales que disfrutan por la compra de su vivienda y por las rentas que genera una vez amortizada la inversión.

    Se ha visto en una reciente encuesta en el periódico “Cinco días” en lo que la mayoría de los consultados era contraria a suprimir ni siquiera a reducir los referidos beneficios fiscales.

    Es difícil exagerar la importancia de este fenómeno en nuestro país y aunque la profundización en el mismo desbordaría los límites de este artículo, es indispensable señalar algunos elementos pertinentes para calibrar los obstáculos que la existencia de este bloque social supone para la posibilidad de un cambio en el modelo productivo orientado en la dirección de su modernización con mayores dosis de justicia social, democracia y sostenibilidad.

    La política de la vivienda. Con un parque de más de 20 millones de viviendas y a un ritmo de construcción en torno a las 500.000 viviendas anuales de mercado de la vivienda representa el soporte fundamental de la expresión del sector de la construcción pero también de las espectaculares tasas de beneficios del negocio bancario alimentado, en muy buena medida, por el crédito hipotecario. Es fácil comprender las resistencias de este sector a un cambio de modelo en el que pudiera verse afectado siquiera fuera parcialmente el ritmo de incremento de sus beneficios.

    La política de infraestructuras. Reivindicada por todos los partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, identificada con la modernidad, la mejora de la productividad y la competitividad y la cohesión social, la política de infraestructuras ha sido una constante a lo lardo de todos los gobiernos desde la época de la dictadura. De la influencia de las grandes corporaciones de la construcción de obra pública en los gobiernos, es buena muestra que todos los planes de infraestructuras acordados con SEOPAN previamente a su aprobación por el gobierno (cuando no elevados directamente por sus equipos técnicos).

    Desde 1986 este sector ha sido el principal beneficiario de las ayudas comunitarias a España, especialmente a través del FEDER y el Fondo de Cohesión en perjuicio de algunos otros como las políticas sociales o las de XXX
    
    La presión que ejerce sobre el gobierno es intenso y múltiple y con frecuencia utiliza entre sus recursos a las  administraciones territoriales y a los sindicatos. El volumen de empleos generados y su condición de sector de entrada en el mercado laboral para la mano de obra inmigrante, aumentan su capacidad de presión hasta límites insospechados.

    La extensión al campo de la gestión de los servicios públicos. Anticipándose al final de la financiación comunitaria, todas las grandes corporaciones (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr, etc.) se han lanzado a capturar el gran negocio de la gestión de los servicios públicos favorecidos por las políticas de privatizaciones llevadas a cabo  -no sólo- por los gobiernos del PP. Ya controlaban la explotación de las autopistas de peaje y la conservación de las autovías. El paso siguiente ha sido el gran negocio del agua, primero en abastecimiento, luego en saneamiento y depuración, estimulados por el gran volumen de recursos financieros de la UE que estos servicios eran capaces de captar. Lo mismo la pasado con la gestión de los desechos urbanos. La gestión de los espacios naturales protegidos, por no hablar de la lucha contra los incendios forestales.

    El salto cualitativo se produce al calor de la liberalización de los servicios postulada por el AGCS y la Directiva Bolkestein, momentáneamente frenada. La sanidad, y los servicios sociales se convierten ahora en el bocado más apetecible para los inversores privados, entre cuyas iniciativas aparecen en lugar destacado, cuando no como promotores, los grandes de la construcción.

    El suelo y la construcción como financiadores de los partidos políticos. Aún  queriendo evitar cualquier tipo de truculencias no es posible dejar de recordar esta patología del sistema político que ayuda a comprender la influencia del sector de la construcción en los procesos de decisión política, especialmente en los ámbitos de poder local. El fenómeno es tan conocido que no cabe sino indicar la urgencia –y la dificultad- de acometer profundas reformas legislativas en el campo del urbanismo desde luego, pero también en el de la financiación de los partidos políticos para poner coto a esta fuente de corrupción y envilecimiento de la democracia en nuestro país.

III.- Urdiendo nuevos acuerdos

    Baste con lo dicho hasta aquí para ilustrar la envergadura de los obstáculos a superar en la transición hacia el modelo económico deseado. El problema  principal reside, con ser importante, en la adopción de las decisiones políticas y legislativas que impulsen esta transición. El problema central estratégico estriba en la creación de las condiciones que hagan posible levantar un bloque histórico, un gran acuerdo de grupos y sectores sociales aglutinados por el común interés de superar la hegemonía de la coalición inmobiliario-rentista en la vida política, económica y social de nuestro país.

    No es una tarea fácil ni siquiera tenemos la seguridad  que el gobierno del PSOE esté comprometido con ella en profundidad. En ocasiones parece que más se inclina por un equilibrio que respetando en lo esencial el poder del bloque dominante lo amplíe incorporando algunas otras fracciones o sectores más modernizantes y alejados de la cultura clientelar.

    De nada vale especular con las intenciones gubernamentales. El rumbo de su política dependerá del acuerdo social que resulte más favorable para la pretensión de continuidad en el gobierno y de alcanzar el máximo número de gobiernos locales y de CCAA.

    Es evidente que “sólo” Zapatero no acometerá la reforma fiscal que una transición económico y social en serio, requeriría. Pero tampoco habría acometido su diseño de España plural (una forma vergonzante de federalismo) si el PSC y el PSE no lo estuvieran señalando ese como el único cambio para no perderse entre las posiciones independientistas y soberanistas, y la trampa del “constitucionalismo españolista”.

    El PSOE no quiere romper con el PP. Obtiene renta de su actual radicalización pero no quiere abandonar el centro político y teme que distanciándose del PP y de su base social, tendría que ir más lejos de lo que desea en el camino de las reformas políticas y económicas. Pero es un gobierno en minoría que no tiene suscrito acuerdo de legislatura alguno y que precisa urdir acuerdos ante cada iniciativa o proyecto político.

    Sus socios de izquierda, ERC e IU, son los más sólidos apoyos pero tienen muy mermada su capacidad de presión. El primero, que inteligentemente ha apostado por el acuerdo con el PSOE para lograr avances en el autogobierno en Catalunya, que le otorguen la hegemonía en el nacionalismo, no forzará nada que arriesgue este su principal objetivo, sabedor que no será abandonado por su electorado más de izquierda.  IV (ó IU para entendernos) es demasiado débil para imponer nada  que el PSOE no esté dispuesto a conceder (por ejemplo la revisión de la composición del CSN). En su composición interna, IU propiamente dicha está necesitada de todo el amparo gubernamental para capear sus dificultades internas y conseguir estabilizar su nueva marca electoral sin que eso provoque ninguna tentación “refundadora”.

    Descartados sus socios parlamentarios, sólo el movimiento sindical tiene el peso y la representatividad social suficiente como para mover al gobierno –o, al menos, obligarlo a considerarlo- en la dirección deseada. Se echa de menos en este contexto la voz del sindicalismo de clase, señalando una orientación adecuada para el cambio en la política económica. No basta con perseverar en las reformas del mercado laboral (discutibles, por lo demás, si se quedan en los enunciados) es preciso señalar rumbos alternativos a la política económica. No es solamente la atribución constitucional de la representación general de los intereses de los trabajadores la que les legitima esta toma de posición. Es sobre todo la constatación de que el mundo del trabajo, aparte de lo que cada trabajador haga como ciudadano, debe hacer oír su voz equilibrando así las posiciones del mundo de los negocios mediáticamente dominantes.

    El movimiento sindical ha hecho un esfuerzo notable de apoyo al gobierno Zapatero pidiendo el sí en el referéndum sobre el TCE. Su argumento principal para ello ha sido la defensa del modelo social europeo, un conjunto interrelacionado de instituciones y derechos sociales, condicionamientos de la política económica y la construcción del mercado interior.

    En otros países (Francia por ejemplo) el movimiento sindical no parece haber visto garantizado de forma suficiente este conjunto de derechos e instituciones y ha rechazado firmemente el proyecto.

    Sea cual fuere la salida del actual impasse de la UE, España no podrá seguir manteniendo el modelo de crecimiento inaugurado en 1995. Los procesos de deslocalización. En buena medida consagrados en el proyecto de Tratado Constitucional Europeo, convierten en insostenible un modelo de bajo productividad y (relativos) bajos salarios.

    Se están acabando los tiempos en que negocios especulativos y rápidos y de altos beneficios generaban muchos empleos aunque fueran precarios y de baja calidad. La cobertura de los déficits en gasto sanitario, gastos sociales y gastos ambientales pueden suponer una elevada generación de empleo (directo o indirecto si aumenta la tasa de participación femenina) si se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes. También serán necesarias cuantiosas inversiones para mejorar las tasas de productividad y de valor añadido. Una reforma fiscal seria y profunda puede ser la ocasión histórica de comenzar a fraguar un gran acuerdo social por el crecimiento económico sostenible y con derechos y justicia social.
    

Madrid, 9 de junio 2005.

                                  JUAN GIRTZ