Argentina: La lucha continúa
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Procesan al hijo de Massera por el robo de bienes a secuestrados en la ESMA
De tal palo, el juez encontró la astilla
La Justicia dictó el procesamiento, embargó y confirmó la prisión de Enrique
Eduardo Massera por la apropiación de los bienes de un grupo de empresarios
secuestrados y asesinados por orden de su padre. Es el primer avance judicial
sobre la estructura civil de la rapiña dictatorial.
Por Susana Viau
Página 12
El
juez federal Sergio Torres denegó la eximición de prisión y procesó ayer a
Enrique Eduardo Massera, hijo mayor del ex almirante homónimo, por su
participación en el proceso de secuestro, desapoderamiento y muerte de los
empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y
Horacio Palma. A los cuatro desaparecidos les fueron arrebatados –entre muchos
otros bienes– valiosos terrenos ubicados en la localidad de Chacras de Coria,
que luego fueron loteados y vendidos. En los sótanos de la Escuela de Mecánica
de la Armada y con la esperanza de poder así salvar sus vidas, los propietarios
de esas tierras, valuadas en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar
la cesión en beneficio de un grupo de oficiales de la marina que, actuando con
seudónimo, legalizaron el despojo. En 1982, Massera traspasó esos terrenos a
Misa Chico, una sociedad que integraban su hermano Carlos, su hijo, el detenido
Eduardo Enrique, y Pedro Añon, presidente del Partido por la Democracia Social (PDS),
fundado para sostener sus ambiciones políticas. Junto a Massera hijo fueron
procesados tres marinos y tres civiles que formaron parte de esa estructura
financiera habilitada para la rapiña.
El auto de procesamiento dictado por el juez Torres incluye al ex jefe de
operaciones de la ESMA Jorge Perren y a los oficiales navales Eduardo García
Velazco y Alberto Eduardo González Menotti, a quienes se ordenó trabar embargo a
sus bienes por 1.250.000 pesos. Perren fue encartado en su condición de jefe de
los grupos de tareas y, por lo tanto, responsable de la orden de secuestro de
los cuatro empresarios; Velasco y González Menotti, en calidad de miembros de
G.T. que los detuvo. Resulta significativo que los procesamientos hayan
abarcado, asimismo, a los contadores Susana Esther Venditto de Fiorentino y
Domingo Limardo y al cuidador de caballos Aldo Maver. Venditto y Limardo
participaron como síndicos y directores de Misa Chico, la sociedad armada por
Massera a fines de 1981 para blanquear sus riquezas, cuando, ya fuera de la
Junta y de la Comandancia en Jefe de la marina, pensó en continuar la política
por otros medios y lanzarse como candidato del PDS. Maver, un hombre del turf
relativamente conocido por los asiduos a Palermo y San Isidro, tuvo en su poder
y vendió algunos de los caballos de carrera que le fueron robados al abogado
Conrado Gómez.
Por estos hechos habían sido procesados hace casi veinte años el abogado
mendocino Manuel Andrés Campoy –a cuyo nombre se puso Will-Ri, el primer eslabón
de la cadena de sociedades armada para borrar los rastros del delito– y Oscar
Maglie, un teniente de fragata escribano que revistaba como tal en la
Prefectura, en el Registro de Buques y protocolizó algunos de los primeros pasos
del desapoderamiento. Sin embargo, esos procesamientos quedaron posteriormente
sin efecto. De persistir en esa línea de investigación, Torres sería el primer
juez que avanza sobre la red civil que colaboró en el enriquecimiento de los
oficiales de las Fuerzas Armadas, a expensas de las propiedades de sus víctimas.
La afirmación de que los militares no estaban solos en esa empresa llamada
Proceso de Reorganización Nacional deja así de tener un anclaje ideológico para
mostrar su base material. Al emitir su decisión, el juez Torres sostuvo que los
Massera padre e hijo tenían, además de la participación accionaria, el "absoluto
control" de Will-Ri y Misa Chico. Massera hijo fue considerado partícipe del
delito de "privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con
violencia o amenazas; extorsión y asociación ilícita". El magistrado entiende
que existe un cúmulo de testimonios que prueban de manera contundente la
"participación" de Eduardo Enrique Massera en los hechos que se juzgan.
Ambiciones que matan
La tragedia que se investiga en los tribunales de Comodoro Py comenzó a
principios de enero de 1977 con los secuestros concatenados del abogado Conrado
Gómez, en la Capital, en un piso de la avenida Santa Fe, donde también fue
capturado un puñado de militantes de la estructura de finanzasde Montoneros, del
contador Horacio Palma, en su casa de Hurlingham, en la provincia de Buenos
Aires, y del octogenario Victorio Cerutti y su yerno Omar Masera Pincolini, en
Mendoza. Todos ellos eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de
la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria. Los cuatro
hombres fueron conducidos a la ESMA, centro en el que fueron vistos por algunos
de los sobrevivientes que testimoniaron en la causa. Allí, bajo tortura y bajo
coacción moral se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus
bienes. Gómez, contaron algunos testigos, abría sus propiedades de a poco, para
prolongar el tiempo y continuar negociando su supervivencia. Fue un intento
inútil: estaba escrito que no tendrían escapatoria. Los marinos, con falsa
documentación, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y
directores de las sucesivas sociedades constituidas al efecto.
Pero no todos eran fantasmas y nombres ficticios: un enjambre de escribanos,
contadores, abogados prestaron sus nombres para que el almirante pudiera
alcanzar sus metas: Venditto, Maglie, Ariel Sosa Moliné, Oscar Cédola y la
actual jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García, quien tiene
congelado un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura y por
sus fueros no puede ser convocada ante el tribunal. En 1983, siendo ya evidente
que el sueño presidencial del ex almirante era sólo eso, un sueño, los socios de
Misa Chico simulan vender nuevamente los terrenos de Chacras de Coria y utilizan
para ello el "know how" aportado por Guardia de Hierro que facilita, asimismo,
algunas de las sociedades comerciales de las que disponía para sus propias
actividades financieras. Hace unos meses, al prestar declaración indagatoria,
Eduardo Enrique Massera afirmó que habían utilizado su nombre, que al fundarse
Misa Chico él era muy joven y que la acusación que se le formulaba "ofende mi
inteligencia". Luego de leer su descargo, un funcionario judicial comentó: "Esto
lo escuché un par de veces. Una a Vito Corleone, en El Padrino, y otra a Víctor
Stinfale".