Los niños y los trabajadores del Hospital Garrahan
Hugo Alberto de Pedro
El reclamo salarial llevado adelante por los trabajadores no médicos del
Hospital de Pediatría "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" ha puesto en evidencia las
miserias de una Argentina que solamente puede encontrar su futuro, de mantenerse
las políticas actuales, aún más postrada en las necesidades insatisfechas de su
pueblo.
Los ciudadanos argentinos han sido enfrentados nuevamente desde un Estado,
empecinado en mantenerse como centro de toda decisión que abarque tanto al
ámbito publico como privado, con una impronta únicamente financiera y un
autoritarismo puesto de manifiesto en sus comportamientos y acciones. Esto es
comprobable con un rápido vistazo de la realidad sin mayores esfuerzos.
Este enfrentamiento está siendo presentado como entre las niñas y niños que
necesaria y humanamente deben ser asistidos en sus problemas de salud contra los
trabajadores que también humana y necesariamente deben ser atendidos en sus
reclamos por aumentos salariales y cambios en las condiciones de trabajo.
Obviamente que pretender presentar a los trabajadores del Garrahan como
"terroristas sanitarios" es obra de un personaje alejado de la realidad, o bien
quizás más cerca de algún problema mental. Lo mismo le cabe a otros funcionarios
que andan declarando que el conflicto es "salvaje" y "político". Claro que esos
miembros de los poderes ejecutivos ganan muy por encima de lo que reclaman los
asalariados, pero sin embargo todos forman parte de la ciudadanía.
Los argentinos con memoria, y los bien informados sobre los hechos del pasado,
recordamos que la persecución y la desaparición de las comisiones internas de
los lugares de trabajo fueron llevadas adelante durante un gobierno peronista y
continuada por la dictadura militar que le sobrevino en el año 1976 hasta los
extremos genocidas por todos conocidos. El problema que encontraban por entonces
era justamente que los trabajadores deseaban ponerse al frente de las
reivindicaciones que los burócratas sindicales pretendían desconocer o bien
negociar, que para el caso es lo mismo. Ahora la historia y la histeria oficial
vuelven a estar presentes, no siendo un dato menor.
Parte de los empleados del Garrahan han tomado en sus propias manos el reclamo
sostenido por sus derechos, en un determinante ejemplo que deben partir de las
asambleas de los trabajadores las verdaderas decisiones soberanas al momento de
fijar posiciones, reclamar reivindicaciones y definir los planes de lucha. Es
una de las formas de hacer realidad esa democracia participativa que siempre
defendemos y propiciamos y que está muy lejos de lo verificado dentro de la
representación que impone un sistema institucional político siempre más cerca de
la corrupción, las mafias y el acuerdismo de la dirigencia toda.
El riesgo de muerte por la falta de atención adecuada, preventiva y urgente de
los niños y adolescentes es muy anterior a cualquier conflicto laboral, una
cuestión que siempre ha merecido las condenas suficientes pero que nunca ha sido
solucionada por los gobiernos competentes, que para el caso del Garrahan son el
Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los medios de comunicación y de información son también responsables de que la
opinión pública no esté debidamente ilustrada sobre la situación planteada en
este hospital pediátrico y, como en muchos otros casos, lo utiliza para aumentar
la preferencia de la audiencia y conseguir mayores pautas publicitarias de la
política gubernativa. Un ejemplo palmario es la insistencia sobre que se espera
que suceda algún serio inconveniente en la salud o en la vida de un internado
para cargar todas las culpas en las espaldas de los huelguistas. Son esos mismos
medios que se preocupan de denunciar la situación por la que pasa la salud en
nuestro país cuando los hechos se tornan lamentablemente tan visibles e
inhumanos, que nos les queda más remedio que cubrirlos periodísticamente y tan
rápidamente como olvidan su seguimiento posterior. Queda claro que los gobiernos
no toman nota de esas situaciones.
Existe un hecho que no es menor al momento analizar los ataques que reciben los
trabajadores en conflicto. Éste es que la comisión interna de ATE-CTA
(Asociación de Trabajadores del Estado - Central de los Trabajadores Argentinos)
en el hospital está compuesta por algunos delegados que pertenecen al
pensamiento marxista y trotskista, aunque son los mismos trabajadores los que
exigen mayor firmeza en los reclamos y las negociaciones que deben llevarse a
cabo. Necesario es volver a reiterar el recuerdo sobre nuestras historias.
El conflicto planteado debería resolverse de inmediato, porque ambos gobiernos
poseen los fondos necesarios para hacer frente al aumento salarial solicitado.
Además que sería una señal clara e inequívoca de que los discursos pueden
condecirse con los hechos; porque de lo contrario ningún político que tenga en
sus manos la posibilidad de acordar los ajustes teniendo como base la canasta
básica familiar podría en el futuro hablar de distribución de la riqueza, mejora
en las condiciones laborales y menos aún seguir presentándose en público como
abanderados de un progresismo que desafortunadamente se encargan de confirmar a
diario que no es tal.
De la misma forma que se cumple puntualmente con los organismos internacionales
de crédito, que se aumentan las reservas, que se licitan bonos con altas tasas
de interés y que se están dilapidando dineros públicos en la campaña política;
el Estado tiene la obligación de destinar los dineros que sean necesarios para
atender los temas que hacen a la salud pública, no solamente en salarios, sino
también en los presupuestos que la garanticen su equipamiento, funcionamiento y
atención de excelencia.
En síntesis los gobiernos tienen la ineludible obligación de dar estricto
cumplimiento a todos los preceptos constitucionales y a los tratados
internacionales que complementan los derechos y garantías para todo el pueblo.