Osvaldo Agustín Marcón

El Litoral.com

Los índices de pobreza en la población infanto-juvenil son la versión científica de lo que a diario puede observarse en las calles de muchos grandes centros urbanos: un aluvión de niños en situación en riesgo social.
El fenómeno no es nuevo pero sí su actual complejidad tanto por su dimensión como por su naturaleza (por ejemplo, el consumo de drogas). Ya no es posible mejorar la situación mediante los paliativos tradicionales, locales y por ende fragmentarios. Al contrario, urge la puesta en marcha de un proceso que transforme la situación a partir de algunas de sus invariantes, es decir de algunos elementos problemáticos que estén mayoritariamente presentes por lo que superándolos se garantizaría una transformación no perfecta pero sí eficaz, base necesaria para desde allí atender la singularidad de cada caso. Se requiere de una política social del orden de lo revolucionario que, como toda revolución, exige una importante inversión en términos de recursos materiales e inmateriales.
Ahora bien ¿es posible identificar algunas invariantes en la problemática? Dos aspectos pueden proponerse como dimensiones siempre presentes en al menos un sector mayoritario de la niñez en riesgo social. Ellas no aparecen como novedad sino que es la propia comunidad la que las postula como factores decisivos.
Una primera es la escolar. La mayoría de estos niños están siendo vulnerados en su derecho a una escolarización de calidad, lo que equivale también a decir una educación adecuada según sus particulares necesidades. Se sabe que el desgranamiento escolar se profundiza alrededor del tercer ciclo de la EGB por lo que siendo la educación sistemática la vía regia para la inclusión social tenemos que tal desgranamiento es factor de exclusión. La experiencia muestra cómo una escolarización de alta intensidad disminuye las situaciones sociales de riesgo. Por otra parte lo educativo (entendido como lo escolar) integra uno de los conjuntos de valores con más consenso social.
La segunda dimensión es la profundidad con la que las carencias materiales impactan sobre la conducta infanto juvenil. La conciencia de pobre, de no tener entidad en la distribución de riquezas, de contemplar recursos (ropas, bicicletas, etc.) que jamás formarán parte de su cotidianeidad, moldea formas de conducta difíciles de comprender desde lugares socioeconómicamente satisfechos. Amplios sectores infanto juveniles dan muestras de ser particularmente sensibles ante cualquier dispositivo que los beneficie en la distribución de riquezas. Es muy común que cuando al niño madurativamente en condiciones de entender este aspecto de la realidad social se brinda alguna posibilidad él reaccione satisfactoriamente. Está fuera de discusión que la entrega de recursos económicos no cambia por sí misma conductas profundamente arraigadas pero sí tiene un impacto cuantitativa y cualitativamente significativo que puede ser pensado como vía a explotar en un proceso masivo de conversión de la problemática infanto-juvenil pero justamente para negar dicha masividad atendiendo la singularidad de cada caso. Ya existen experiencias comunitarias y también algunos programas gubernamentales que coinciden en algún punto con esta idea. Se trata de amplificarlos desde -vale insistir- una perspectiva revolucionaria.
Estaría justificada entonces la propuesta de evaluar un posible Programa de Restauración de Derechos Educativos para la Niñez Excluida. No se trata de ampliar el abanico de subsidios ya existentes (becas) sino de, hechos los arreglos técnicos que sean necesarios -incluidos los jurídicos- abonar una suma mensual como retribución que devuelva parte de la quita producida en la distribución de riquezas y que a la vez permita al adolescente solventar sus estudios. No se trata de dinero que se entregue al grupo familiar o a los padres sino que, según su edad, pertenezca al propio joven quien deberá devolver un adecuado rendimiento escolar, para lo cual sería también necesario un abanico de proyectos de apoyo integrados al mencionado Programa.
Puede pensarse que ésta es una alternativa económicamente inviable y carente de legitimidad en cuanto modelo de abordaje de la problemática. Si bien muchas otras críticas serían más valiosas centrémonos ahora en atender la económica. Recordemos al respecto que los costos que el Estado debe afrontar luego mediante la institucionalización o el tratamiento ambulatorio de estos niños supera lo que costaría esta "inversión" (acéptese el término) preventiva. O simplemente podrían hacerse algunos cálculos en términos de no-producción de estos niños en su futuro de adultos no escolarizados. O si quiere una mirada aún más economicista, puede pensárselos en términos de sujetos que no serán consumidores plenos. No es novedad que la prevención es siempre mucho más barata que la atención de las problemáticas sociales cuando ya están instaladas.
En cuanto a la legitimidad desde el punto de vista del modelo de abordaje recordemos que como sociedad ya estamos aportando una significativa cantidad de recursos para asegurar la educación de adolescentes y jóvenes que integrarán las fuerzas armadas (FF.AA., Policía, etc). No se hace referencia aquí solamente a los recursos aportados para el mantenimiento de edificios, equipamiento, etc., sino que -por el contrario y muy concretamente- estamos recordando que mensualmente se pagan sueldos a miles de jóvenes cadetes que estudian para integrarse a los mencionados cuerpos armados (ergo: salida laboral asegurada), jóvenes que en no pocos casos estarían también condenados a la exclusión social si no contaran con esta posibilidad pues provienen de similares situaciones sociales. Por analogía entonces ¿por qué no pagar también "sueldos" para que jóvenes estudiantes civiles se preparen eficazmente para ser plenos y eficaces miembros de la República y del sistema de producción y consumo social?
Un programa de este tipo conjugaría, como se dijo, aquellas dos grandes necesidades (educación y salario) que se encuentran en la base de la exclusión social infanto juvenil. El dinero simboliza demasiado para estos niños y responde, en concreto, a necesidades de elevado valor para ellos.
Se trataría de establecer un primer motivo para que la escuela recupere sentido para ellos, y a partir de allí reconstruir una cadena de sentidos que reubique lo escolar como factor de inclusión social. Un proceso así de revolucionario impondría también una multiplicidad de necesidades en términos de políticas sociales y educacionales (docentes, escuelas, etc.)
Por tercera vez: no se ha hablado en este artículo de "más becas" sino de una concreta y costosa revolución que restaure masivamente la educación como derecho social conculcado. Es factible pues los recursos hoy existen.

"Las revoluciones se producen en los callejones sin salida" (Bertolt Brecht).