Desde hace décadas mujeres feministas venimos poniendo en debate el tema del aborto y las consecuencias de su status legal actual en la vida y la salud de las mujeres.

Hoy, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito es asumida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 200 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, al ámbito académico y científico, trabajadores de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos. Organizaciones y personalidades que asumimos un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y defendemos el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.

*¿en que nos basamos y qué proponemos?

Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

Al mismo tiempo, exigimos la inmediata la reglamentación de la atención humanizada del post-aborto, y la efectiva atención a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud o ante situaciones de violación, que el artículo 86 del Código Penal ya exime de pena.

Despenalizar el aborto significa:

Apoyar la despenalización del aborto significa que las decisiones reproductivas pertenecen a la conciencia (de la mujer o la pareja), y no al Estado o a las Iglesias.

Es reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado.

Es reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas.

Es aceptar honestamente y sin hipocresías que una gran proporción de hijos que se tienen por obligación, luego son maltratados o abandonados. La maternidad debe ser una decisión de las mujeres.

Significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres.

La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, pero sí exige del Estado garantizar las opciones, el acompañamiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones.

La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y en la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.

Es necesaria la redistribución de las riquezas con equidad de género, para lograr un mundo en el que todas y todos estemos verdaderamente incluidos.

La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. Mientras que las de los sectores mejor ubicados social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos, máxime cuando fuentes estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación afirman que el 70% de las muertes por gestación son totalmente evitables.

En razón de la defensa de los Derechos Humanos, el derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte sustancial interdependiente e indivisible de aquellos. Por lo tanto, exigen el mismo grado de garantías del Estado para que se efectivicen en simultaneidad con los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales.

Trabajar por el derecho al aborto supone ampliar la democracia, dado que garantizar este derecho implica escuchar a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. No pocas mujeres son sometidas por la fuerza, por sus compañeros o maridos, en la intimidad de sus camas. Una verdadera democracia debe atender nuestra salud, nuestra vida y nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado. Atender las necesidades y opciones reproductivas aliviaría la pesada carga que significa enfrentar la maternidad en soledad y el aborto en la clandestinidad.

No se puede obligar a la ab-negación –negación de sí misma–, al sacrificio, a sanciones jurídicas o morales a una mujer, cuando evalúa a conciencia, en un contexto determinado, su imposibilidad de continuar un embarazo. Obligarla a seguir adelante, asumiendo una maternidad que no ha elegido, significa considerarla un mero objeto, una incubadora al servicio de la reproducción, sin su consentimiento.

Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no pueden ni deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas, inclusive cuando esas decisiones se vinculan a la sexualidad o reproducción humana. Necesitamos un Estado que no imponga reglas desde una teología moral, y que ejecute políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen. Necesitamos políticas públicas para todas y todos en el respeto por la democracia, la pluralidad y la legítima diversidad que supone un estado que descansa en la soberanía popular y no en un poder emanado de arriba, que legisla en nombre de Dios y de lo "supuestamente sagrado".

Ni las iglesias, ni el estado, ni la corporación médica, puede sustituir a las mujeres en una decisión personalísima, forzándonos a tomar cada embarazo que no se pudo evitar –por las razones que fueren– como un destino único e inevitable. Queremos que se garanticen medios para cumplir con nuestro derecho a decidir sobre el curso de nuestras vidas. Es un requisito imprescindible el sostenimiento de un estado laico, que posibilite la libertad de decidir, la libertad religiosa y el pluralismo.

Quienes con distintas creencias y cosmovisiones, estamos en esta Campaña, sabemos que la mejor forma de garantizar la libertad religiosa y de cultos es el amparo de un estado laico.

-Desde hace veinte años miles de mujeres de distintas extracciones y provincias de Argentina nos congregamos anualmente en los Encuentros Nacionales de Mujeres, espacio visible del movimiento de mujeres en nuestro país.

-En febrero de este año, las declaraciones del Ministro de Salud de la Nación a favor de la despenalización del aborto, como clara respuesta a la gravedad sanitaria que implica su clandestinidad, y la maldición fascista emitida por el Obispo Baseotto, habilitan un contexto político favorable para el debate sobre la despenalización y legalización.

Este enfrentamiento del gobierno con la iglesia, que vinculó un tema tan sensible como las desapariciones forzadas de personas durante la dictadura, con la cuestión del aborto, ha provocado un acercamiento del movimiento por los derechos humanos a nuestra problemática y a nuestras reivindicaciones.

Todo el trabajo de acumulación histórica que venimos realizando, con las distintas acciones de cada sector involucrado, lo hemos articulado bajo una campaña que nos dé fuerza, visibilidad y concreción de objetivos, para posicionarnos en el debate como interlocutoras válidas y dialogar con el poder legislativo, judicial y ejecutivo, los movimientos sociales, los partidos políticos, los efectores de salud, las universidades.

-Visibilizar el problema de la práctica del aborto en condiciones de ilegalidad y ofrecer la oportunidad de que hombres y mujeres se pronuncien al respecto

-Poner en juego nuestra convicción y nuestra capacidad de trabajo para garantizar que se cumplan nuestros derechos

-Instalar eficazmente nuestras demandas y sostener el tema en la agenda pública

-Elaborar un proyecto de ley que despenalice y legalice el aborto en todo el territorio nacional, debatiendo los puntos centrales que deben ser garantizados por el Estado.

-Presionar para lograr su tratamiento y aprobación en los organismos legislativos, responsables de modificar el status legal del aborto.

Si tu organización acuerda con éstos, o parte de estos objetivos y postulados, ya sos parte de la campaña!!!

Podés acercarte o escribir a alguna de las personas referentes nacionales para incorporar la adhesión de tu grupo, ser activa en la recolección de firmas y demás actividades que se vienen desarrollando.

Cecilia Lipszyc: cecilial@arnet.com.ar - ( 011) 154.175-0007