La política oficial en derechos humanos

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sostiene que tanto la política hacia el pasado como hacia el presente forman parte de una misma tarea: "Tenemos un área de memoria que tiene que ver con la base de datos de los detenidos-desaparecidos y con los proyectos de recuperación de los centros clandestinos, cuyo peso está en función al nivel del trauma y brutalidad de la tragedia. Pero también hay otras áreas que tienen que ver con la promoción, difusión y recepción de denuncias sobre derechos vulnerados. Los derechos sociales, económicos y culturales tienen un peso importante", afirma Ana Barrio, responsable del Área de prensa de dicho organismo. Sin embargo, hay aclaraciones que merecen ser mencionadas: "Cuando recibimos una denuncia, gestionamos ante las distintas áreas de gobierno la resolución de esa situación. Pero la pelea por la vivienda, la salud, la educación es una pelea que excede a un organismo público, la tarea que puede hacerse es aportar a la concientización para esa pelea. Lo que tiene que ver con el cambio de rumbo de las políticas económicas es una lucha de la sociedad".

Si no es tarea de un Organismo de Derechos Humanos, entonces, ¿en quiénes reside la responsabilidad de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos como lo son, entre tantos otros, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, a la libertad de expresión, a la protesta?

 Hace poco más de un año el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, abría las puertas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención más importante de la última dictadura militar, con la intención de transformarlo en un Museo de la Memoria. Para ello invitaba a los organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en general a darle una forma definitiva al proyecto.

Por ahora, la ESMA no está abierta de manera irrestricta. Las visitas deben ser autorizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con respecto a la ejecución de alguno de los proyectos presentados todavía no hay ninguna decisión tomada, una comisión bipartita evaluará su factibilidad, después el Jefe de Gobierno y el Presidente de la Nación tomarán la decisión final.

En la Ciudad de Buenos Aires, son cuatro los Espacios para la Memoria que actualmente están en funcionamiento: "El Parque de la Memoria, en Costanera Norte; el Olimpo, un centro clandestino que funcionaba en Virrey Cevallos al 600, que pertenecía a la Fuerza Área y la ESMA. Además estamos trabajando en la excavación de lo que era el centro clandestino del Club Atlético, en Paseo Colón y San Juan", cuenta Barrio. Y agrega: "Si bien cada lugar tiene su particularidad, hay una base común que es la recuperación no sólo del sitio histórico sino de la memoria de lo que allí sucedió, de la memoria de los que por allí pasaron, y de la denuncia de quienes ejecutaron el terrorismo de estado".

La nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Suprema Corte de Justicia, el último 14 de junio viene a completar, por el momento, el trabajo realizado en materia de Derechos Humanos, con la mirada puesta en el pasado. Queda abierto ahora el camino para que los genocidas de ayer sean procesados y llevados a juicio oral y público. Al respecto Gerardo Etcheverry, abogado militante en la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), comenta: "Indudablemente es un paso hacia el juicio y castigo, pero el apoyo a la nulidad de las leyes de impunidad se hace en la convicción de que hay tan pocas pruebas que muy pocos militares en actividad van ser afectados. La enorme mayoría de los desaparecedores no están identificados y el Estado no dio ningún paso para dar a publicidad los legajos de cada uno de los funcionarios que prestaron servicio en las agencias policiales y militares. Esto es una política de defensa de las instituciones, no una garantía de justicia".

 Si bien mucho se ha hablado de sucesivas purgas y descabezamientos en las cúpulas de las fuerzas de seguridad, por parte del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, "lo que hicieron en realidad –según señala el representante de CORREPI- fue disminuir, a través de una serie de modificaciones internas, los cargos más altos en el organigrama; entonces quedó una cantidad de gente sin funciones. Esto tiene un plazo de un año, en estos días es probable que varios de ese centenar estén de nuevo en la fuerza o reclamando que los reintegren. Fue una purga falsa. Si el Estado quisiera que los miembros de las instituciones que, supuestamente, persiguen la comisión de delitos no sean delincuentes tendrían que echarlos, pero lo que le quedaría en cualquiera de las fuerzas sería muy poco".

Según un informe realizado por CORREPI, desde el 25 de mayo de 2003, el Estado ha asesinado a 229 personas con el gatillo fácil o la tortura, hasta diciembre de 2004 (ver cifras en recuadro). El resultado: el Estado asesina a una persona cada 55 horas."No se trata de hechos aislados, sino de prácticas sistemáticas y de políticas que surgen desde las instituciones -dice Etcheverry-, no podemos pensar que porque se juzgue a un porcentaje ínfimo de los autores, hay realmente un cambio en las políticas de la institución". Y agrega: "Buena parte de las políticas de este gobierno busca la recreación de consensos sobre las instituciones, y fundamentalmente sobre las instituciones represivas ¿Cuál es la forma de recrearlas? Plantear que hubo un pasado, la dictadura, y que hoy hay un presente y un futuro ajenos a todo eso, en los cuales no se violan ni se violarán los derechos humanos".

 La cantidad de presos políticos es más alta que en cualquier otro momento. En la actualidad existen alrededor de unas 4.000 personas procesadas y una veintena de encarcelados.

Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige un Código de Convivencia que constantemente pone en cuestión la vigencia de ciertas garantías individuales como las de trabajar, protestar. Etcheverry comenta al respecto: "El gobierno tiene un discurso garantista y una práctica absolutamente represiva. Eso se vio cuando la bancada kirchnerista apoyó el Código Contravencional; en algún aspecto mostraron sus disidencias con las líneas más duras, pero en otros aspectos los proyectos de algunos kirchneristas eran más duros que los proyectos macristas".

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, la respuesta ante casos de denuncias relacionados con el Código Contravencional consisten en derivar a las personas hacia otras instancias, ya que –como cuenta Ana Barrio- "cuando los casos tienen que ver con instancias de judicialización nuestra intervención es limitada, nosotros no estamos en condiciones de patrocinar un caso. Si viene un vendedor ambulante, nosotros lo derivamos a un patrocinio jurídico gratuito y seguimos el caso, pero no tenemos capacidad de intervención directa".