Revisión que englobe lo económico-social

Emilio Marin
La Arena

¿Cómo andamos de derechos humanos?

Los ministros de Néstor Kirchner alegan diferencias de fondo con Eduardo Duhalde en materia de derechos humanos. Efectivamente, en ese terreno existen sino diferencias al menos matices entre los dos referentes peronistas. Sin embargo, analizando el conjunto de los derechos humanos, incluyendo los económico-sociales, se puede concluir que el panorama no es muy auspicioso que digamos en la Argentina de hoy. La falta de interés presidencial en declarar en la causa Kosteki-Santillán así lo demuestra.
LO DIFERENTE
El ministro del Interior fue el encargado de exagerar las diferencias entre Kirchner y Duhalde en derechos humanos. Lo de Aníbal Fernández no fue inocente sino una justificación política para la presentación de dos listas justicialistas en Buenos Aires.
¿Y son diferentes? Parcialmente sí, lo que de ninguna manera explica aquella presentación electoral por cuerda separada pues la misma no tiene fundamentación ideológica sino de disputa de cargos entre diferentes familias como las retratadas por Francis Ford Coppola.
La diferencia estriba en que Kirchner auspició en agosto de 2003 la anulación parlamentaria de las leyes de punto final y obediencia debida, que al caer dejaron en cueros a varios ex represores. La "nueva" Corte Suprema, con su fallo del 14 de junio último, avaló dicha anulación. De ese modo, a los 150 genocidas presos VIP se podrán agregar entre 500 y mil militares más, en su mayoría retirados.
Ese engrosamiento de los reos no será poca cosa para la verdad y justicia que demanda la mayoría de la población. Los Duhalde, en cambio, han estado siempre en contra de revisar los crímenes cometidos al socaire del terrorismo de Estado. Lo reiteró Chiche de Duhalde, al pedir "mano dura" con los piqueteros y dejar el pasado para los historiadores.
Se podría mencionar también la visita de Kirchner y su esposa a la iglesia de los palotinos en Roma, en abril. Cristina Fernández repitió el gesto en Buenos Aires, al concurrir a la misa en memoria de los cinco religiosos de esa orden asesinados por las hordas masseristas en 1976.
En marzo de 2004, Duhalde y la ex jefa de las manzaneras no estuvieron de acuerdo en expropiar el predio de la ESMA y donarlo para construir allí un museo de la memoria. A su pesar, trámites similares facilitarán hacer lo propio con El Olimpo y otros centros de exterminio.
Sin embargo, también hay coincidencias en este terreno entre los dos caudillos peronistas. La anulación de las leyes del perdón dejó intactos los dos decretos menemistas (de octubre de 1989 y diciembre de 1990) de indulto a los ex comandantes. Es fácil entender por qué Duhalde y Kirchner no auspiciaron su anulación: tendrían que rendir cuentas de sendos instrumentos de la impunidad. Es que ambos compartieron largos trechos de la administración Menem (como vicepresidente y gobernador el bonaerense, como gobernador el patagónico), sin objetar los indultos.
LAS CONCIDENCIAS
No vaya uno a creerse que en derechos humanos Kirchner está limpio de manchas. Baste recordar la apaleada a los manifestantes que organizó siendo gobernador, en abril de 2002 en Río Gallegos. Fue su manera de contener los reclamos de "Que se vayan todos".
La provincia de Santa Cruz gobernada por su delfín Sergio Acevedo, siguió siendo escenario de represión a los ocupados y desocupados. Hubo tomas de lugares de trabajo y cortes de ruta en Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, reprimidas con fiereza por los efectivos policiales y gendarmes. Los trabajadores habían puesto "el dedo en el enchufe", al cuestionar los privilegios de las petroleras amigas del jefe de Estado.
En esas tres oportunidades hubo gente golpeada, torturas en comisarías y detenidos por largo tiempo (caso de los desocupados de Termap, entre ellos tres madres). Se los trató casi como en la época videlista. El abogado de esos presos políticos, el justicialista Ramón Amaya, declaró en noviembre de 2004: "me siento como en el ´76".
Uno de los crímenes más atroces de los últimos tiempos fue el perpetrado por la policía bonaerense contra los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2002. El responsable político más encumbrado de esas muertes es Duhalde, a la sazón presidente organizador del esquema represivo para que los desocupados no pudieran concretar el anunciado corte del Puente Pueyrredón.
Como suele ocurrir en la justicia argentina, la causa ha llegado a juicio oral contra 8 policías pero los gobernantes de entonces no han sido citados por el Juzgado Nº 7 de Lomas de Zamora. Kirchner sí fue requerido como testigo por la defensa, pero faltó aduciendo "compromisos de gobierno". Los letrados tenían alguna esperanza de que repitiera el compromiso de esclarecimiento hecho en 2003 a Alberto Santillán, padre de Darío, Vanessa Kosteki, hermana de Maxi, y otros familiares, recibidos en la Casa Rosada. K hizo mutis por el foro. Las suyas fueron promesas llevadas por el viento de las "razones de Estado".
El sábado se cumplirá el primer aniversario de las detenciones tras la represión en las inmediaciones de la Legislatura porteña, cuando la cúpula macrista e ibarrista quería sancionar el código contravencional antipobres. Quince personas quedaron presas y pasaron un año en Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, sin pruebas en su contra. Algunos, como se apreció en el programa de TV de Rolando Graña, simplemente habían tocado el bombo esa tarde, como parte de los vendedores ambulantes y desocupados criminalizados por las mayores penas del código de Santiago de Estrada, macrista y ex funcionario de la dictadura militar.
Aún con todas las críticas que merezcan los puntos de vista de Raúl Castells, no deja de ser una gruesa contradicción democrática que esté detenido por exigir comida a McDonalds en tanto Domingo Cavallo disfruta de su piso en Palermo. "Cavallo genocida de jubilados" reza el afiche del sindicato del personal de la Afip pegado en las paredes porteñas. Pronto lo taparán con otro: "Cavallo y Sonia diputados".
NI A LA PLAYA
Los trabajadores que defienden el salario y condiciones de trabajo suelen chocar con la intransigencia de las patronales privadas y estatales.  
Ya mencionamos los avatares santacruceños: en junio último las víctimas fueron los municipales de Pico Truncado. En abril la policía de Salta había reprimido ferozmente a las maestras que urgían al gobernador Juan Carlos Romero por un aumento de sus básicos. Esas docentes habían instalado unas carpas en plaza céntrica, "delito" que acaba de costarles a los municipales de Villa Mercedes una dura carga policial.
Santa Cruz, Salta y San Luis son provincias gobernadas por el kirchnerismo, el menemismo y el adolfismo. En las tres, los trabajadores cobran y no precisamente en euros.
Sin embargo esas embestidas policiales no han logrado abortar los conflictos laborales. ¿Podrán pararlos? Es improbable porque la política económica y social vigente sigue las líneas troncales fijadas por las grandes empresas y afecta a amplias franjas de la población.  
Eso explica que incluso corrientes gremiales afines al presidente deban promover acciones en su contra. Por caso, la Marcha de los Chicos del Pueblo, fogoneada por la CTA, llegó con miles de adolescentes a la Plaza de Mayo en nombre de los 9 millones de menores de 18 años que viven en la pobreza. El presidente no los recibió ese 1 de julio pues estaba ocupado con "Manu" Ginóbili y el embajador de EE.UU., Lino Gutiérrez. Con ellos sí tuvo tiempo, ganas de hablar y sacarse fotos: la fama de un personaje tan querido como el 20 de los Spurs puede tener rédito electoral.
Según el Indec, el 42 por ciento de los argentinos es pobre. Ese índice aumentó pues la entidad estimó en junio que una familia tipo necesitó 778 pesos para pasar el umbral de la pobreza. Kirchner reconoció en su discurso del 9 de julio en Tucumán que el país aún está en el infierno. Esto tornó innecesario abundar sobre lo vapuleados que aún están los derechos humanos en su rubro económico-social.
Ante tantas acusaciones, el oficialismo podría alegar en su defensa los fallos de la justicia que favorecieron a dos luchadores extranjeros requeridos de extradición. Josu Lariz Iriondo y Sergio Apablaza Guerra quedaron libres en Buenos Aires, lo que motivó la airada protesta de los gobiernos de Madrid y Santiago de Chile, más los envenenados editoriales de la prensa del establishment ("Crímenes de lesa humanidad", tituló el suyo La Nación, 7/7).
Esos fallos progresistas dieron pie a que Wall Street Journal pontificara ante Bush: "No cuenten con que la Argentina ayude a combatir el terrorismo". Ese artículo fue reproducido el 12/7 por la "tribuna de doctrina", receptáculo de las notas de la derecha, como esa de M. Anastasia O´Grady y otras de Andrés Oppenheimer, Carlos A. Montaner, etc.
Kirchner discrepa en casos puntuales con la Casa Blanca pero coincide en cuestiones de fondo. Las agencias de Mar del Plata informaron cómo se está "blindando" la ciudad para recibir al texano y otros 33 presidentes en la IV Cumbre de las Américas. Ya están operando 7 mil policías, agentes de la SIDE y gendarmería, que podrían aumentarse a diez mil. Se vedará el acceso de la gente a 150 manzanas de La Feliz, censándose a los habitantes de ese perímetro y dando credenciales para ingresar y salir. Los agentes de la CIA y el FBI de Bush ya hicieron cinco inspecciones, dando instrucciones al comando conjunto dirigido por el comisario Carlos Pardal, de la Federal.  
Es de desear que con tantos uniformados de "gatillo fácil", las cosas no terminen con muertos, como en junio de 2001 en Génova, durante la cumbre del Grupo de los 8.
EMILIO MARÍN