Argentina: La lucha continúa
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Adolescentes detenidos en Tucumán
De los campos clandestinos a las jaulas de la democracia
Por: Marcos Taire
Argenpress
Descubren y denuncian el estado de abandono y el trato cruel e inhumano que sufren los menores de edad detenidos en Tucumán. Jaulas de alambre en el interior de un regimiento que fue campo clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Los chicos no tienen agua, ni luz ni camas. Comen en el piso, como animales.
Una treintena de chicos, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 18 años,
están detenidos en la Alcaidía de Menores del Departamento Central de la Policía
de Tucumán, en condiciones infrahumanas. Así lo denunció el legislador José
Cano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura
provincial, quien presentó un recurso de amparo. El legislador dijo que la
realidad que vio es patética y destacó que él trabajó once años en el Servicio
Penitenciario y jamás ha visto algo semejante.
Los menores se encuentran alojados en dos enormes jaulas de alambre tejido, que
a su vez están subdivididas en espacios más reducidos, de un metro por dos, que
contiene a cada uno de los chicos. No tienen cama, no hay luz eléctrica ni agua
corriente. En ese lugar deben permanecer las 24 horas del día, ya que las
autoridades policiales no les permiten salir al exterior para realizar
actividades físicas por temor a las fugas.
El doctor Cano hizo una visita sorpresiva al lugar respondiendo a denuncias
anónimas. Una vez constatada la veracidad de las mismas, criticó duramente a las
autoridades provinciales. Según el legislador, 'se transfieren responsabilidades
a la Policía, que no está capacitada para manejar esta situación'. Los
organismos que tienen directa responsabilidad en el tema de los menores en
conflicto con la ley con las secretarías de Seguridad, Políticas Sociales y
Derechos Humanos, a cargo de Oscar Nieva, Beatriz Mirkin y Bernardo Lobo Buggeau,
quienes hasta el momento han permanecido en silencio.
El estado en que se encuentran los menores, casi niños, víctimas directas de las
políticas de exclusión social en una de las provincias más castigadas por la
desocupación y el hambre, se parece a la situación que vivieron miles de
tucumanos secuestrados por el terrorismo de estado.
El Departamento Central de Policía está ubicado en lo que fue el Regimiento 19 ,
dependiente de la Quinta Brigada de Infantería del Tercer Cuerpo de Ejército..
Allí funcionó un centro clandestino de detención, en el que fueron martirizadas
decenas de personas. El jefe de ese regimiento era el teniente coronel Alais,
una década después jefe de la caravana de tanques que nunca llegó para defender
a Alfonsín de los carapintadas. Y en la antigua Jefatura de Policía, antes de su
traslado al actual emplazamiento, funcionó uno de los mayores campos de
concentración de la provincia. Los sucesivos comandante de la Quinta Brigada
fueron los generales Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi. Su jefe inmediato era
Luciano Benjamín Menéndez.
La Policía de Tucumán desempeñó un papel central durante el terrorismo de
estado. Supervisado por un oficial del Ejército, en la vieja Jefatura funcionó
el SIC (Servicio de Información Confidencial) que tenía un campo de
concentración donde se torturó y asesinó a centenares de tucumanos. Su jefe era
el comisario Roberto Heriberto Albornoz, un 'hombre del Ejército' que se destacó
por su ferocidad en la represión. Una vez instaurada la democracia, en 1983, los
jefes policiales y los agentes que participaron en secuestros, torturas y
asesinatos a lo largo y ancho de la provincia, fueron mantenidos en sus cargos,
hasta la jubilación o separación por otros hechos delictivos. Actualmente,
muchos familiares de esos represores están en actividad.
El relato del legislador Cano, acerca del trato al que son sometidos los menores
en la Alcaidía de la Jefatura de Policía, no difiere mucho de los relatos de los
sobrevivientes de los campos de concentración del terrorismo de estado: 'cuando
comen -dice- lo hacen en el piso, como si fueran animales'.
Los menores detenidos son adolescentes acusados de delitos, la mayoría de ellos
robos o hurtos. El lugar donde están tiene capacidad para 50 detenidos.
Actualmente hay 35, en el patético estado que describe el legislador.
Teóricamente, 27 policías vigilan a los menores, quienes también cuentan con dos
médicos, dos psicólogos y dos asistentes sociales. Hasta ahora ninguno de ellos
había denunciado el estado deplorable, inhumano e ilegal en que se encuentran
los chicos.