Prof. Juan Carlos Sánchez

Cuando analizamos la coyuntura socioeconómica, en general, nos encontramos con la fría compañía de los números y de la estadística pero ello nos impide, en ciertas ocasiones, advertir ciertas situaciones que pasan disimuladamente tras el disfraz de la ocupación.

El Estado sigue sosteniendo una vieja costumbre, heredada del menemismo, tal como la contratación de mano de obra en calidad de autónomos, sin que ella tenga los beneficios sociales establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. En tanto, el sector privado, clásico imitador de lo estatal, también realiza esta práctica nefasta e inclusive, como sabemos, aumenta la apuesta: directamente emplea a trabajadores en negro.

Se suele considerar como excluidos a quienes se encuentran desocupados, sin planes sociales que los ayude a paliar sus necesidades básicas, pero se nos escapa la situación de aquellos que son integrantes de la enorme legión de contratados en el Estado y de trabajadores sin regularizar en el sector privado.

Es, precisamente, esta situación, la de exclusión con respecto a sus derechos sociales, de la que hablamos y que resulta irritante para quienes siguen buscando empleo y para aquellos que, al analizar los Boletines Oficiales, nos damos cuenta de la gran arbitrariedad con la cual se contrata para la planta permanente y temporaria en el Estado y de la gran impunidad del sector privado, a pesar del 'capitalismo en serio' tan proclamado.

Se trata de seres humanos, a los cuales la necesidad los ha llevado a aceptar los términos leoninos de una relación laboral que no acepta enfermedades, ni vacaciones; que no admite vacaciones ni asignaciones familiares y que lleva a la mayor esclavitud conocida desde la Asamblea del año XIII.

Seguramente, si ellos fueran parientes, amigos o clientes de los funcionarios conseguirían el 'beneficio' de la planta permanente o, por lo menos, de una contratación tal que les permita gozar de los derechos sociales como cualquier otro trabajador. Lo mismo puede decirse, sin dudas, con respecto a la situación laboral de las personas con discapacidad, quienes tienen derecho a ocupar el 4% del personal de la Administración Pública Nacional por imperio de la Ley Nº 25.689, la cual aún no está reglamentada y el 5% del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo prescripto por el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución de esta Ciudad y reglamentado por la Ley Nº 1502, en igual situación jurídica a la norma anteriormente citada.

Hijos y entenados, en el Estado y plena vigencia del vale todo para el sector privado, amparado por quienes deberían controlar su actividad y no lo hacen, por quienes han preferido mirar para otro lado antes que inquietar a sus aliados en el poder...

No se trata solamente de solucionar, hoy por hoy, la problemática derivada del flagelo de la desocupación que, sin dudas, es acuciante sino también de promover la igualdad de oportunidades para quienes tienen el privilegio de tener una ocupación rentada.

Entre pasantías y contratos basura, el panorama laboral argentino está reducido a una mera servidumbre y de la mano de la corrupción de quienes están en el poder o no lo están, pero que contribuyen generosamente a ella. Universidades, empresas transnacionales, medianas y pequeñas; todas, absolutamente todas, siguen su derrotero de la mano del atajo conveniente con el funcionario de turno.

Mientras tanto, miles y miles de argentinas y de argentinos siguen sufriendo el cercenamiento de sus legítimos derechos, tengan o no discapacidad, tengan o no estudios universitarios o terciarios...

Parece ser que solamente vale el parentesco, el amiguismo y el clientelismo en el Estado y la voluntad monárquica de los grandes o pequeños empleadores del sector privado, pues el Derecho es algo que no conocen ni los funcionarios ni los empresarios porque lo único que conocen es la conveniencia y el capricho...

* Juan Carlos Sánchez es Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en I.S.P.'Dr. Joaquín V. González'.