La clase obrera de la Patagonia Argentina viene protagonizando una serie de luchas históricas que sacuden a las sociedades de las provincias del extremo sur del país. Con el templado espíritu de los peones rurales que efectuaron la Patagonia Rebelde, los obreros y los trabajadores de Santa Cruz y Chubut han dado claras muestras de que están dispuestos a luchar por su dignidad.

Marcelo García.
Periodista e investigador

La alta conflictividad social que se viene experimentando en todo el país no escapa a la Patagonia Argentina. Los obreros y los trabajadores ocupados y desocupados han iniciado una oleada de luchas casi sin precedentes en las provincias del extremo sur del país.
Los 37 días de huelga de los obreros de la pesca en Chubut y los casi 50 días de los trabajadores municipales y provinciales de Santa Cruz son una demostración más que en la Patagonia no todo funciona como los gobernadores y el Estado Nacional se empeñan en demostrar.
Los salarios siguen estando en niveles bajísimos, mucho más aún si se tiene en cuenta que los estándares de vida patagónicos han tenido incrementos descomunales. Por ejemplo, los precios de la canasta familiar en Comodoro Rivadavia (ciudad más importante de la Patagonia) están entre un 40 y un 50 por ciento por encima de los resto del país. Si a esto se le suma que para vivir en las frías tierras del extremo sur de la Argentina hace falta más luz, más gas, más leña, más kerosén, más alimentos con potencial calórico, etc.; el nivel de vida se hace casi inalcanzable para cualquier trabajador.
Aunque inconscientemente los trabajadores patagónicos han retomado el ejemplo de los peones rurales de la histórica Patagonia Rebelde y se pusieron en pié de guerra contra estos gobiernos y patronales opresoras que pretenden seguir pagando lo mismos que hace 10 o 15 años atrás.
Las importantes huelgas patagónicas bien pueden ser divididas en dos grandes actos, aunque mucho de lo que hoy sucede tiene que ver y tuvo sus antecedentes en el paro que los trabajadores petroleros santacruceños realizaron en marzo del 2004, que se entendió por casi un mes y que le torció el brazo a las multinacionales del sector.
El aumento de 260 pesos en concepto de ayuda alimentaria que obtuvieron los petroleros de santacruceños hace un año hoy es el motivo por el que los petroleros chubutenses han iniciado un plan de lucha. Porque aunque Chubut y Santa Cruz son provincias vecinas y los trabajadores petroleros desempeñan funciones indistintamente en ambas provincias, las petroleras se han negado a los petroleros de Chubut a pagar la cifra que sí abonan en Santa Cruz.
Buena de estas peleas también tuvieron sus inicios y los constantes y continuos cortes de ruta de los desocupados chubutenses y santacruceños que en casi toda la cuenca petrolera del Golfo San Jorge conquistaron más de 1.000 puestos de trabajo genuinos y pagaron el precio de seis piqueteros presos, hoy liberados, en Santa Cruz.
Primer acto
En el orden cronológico inverso, por estos días de junio se viene desarrollando uno de los mayores paros estatales de la historia de la provincia del presidente Néstor Kirchner. A punto de cumplir 50 días de lucha (las protestas escalonadas se iniciaron sobre finales de abril) los estatales provinciales y municipales de casi toda Santa Cruz son parte de luchas que se han extendido a casi la totalidad de la provincia y que en algunas localidades del norte santacruceño se han convertido en verdaderas puebladas, tal es el caso de Pico Truncado y Caleta Olivia.
Reclamando un aumento de pesos en los sueldos básicos los municipales caletenses iniciaron un plan de lucha escalonado que terminó desencadenando un paro por tiempo indeterminado en Caleta Olivia al que se sumaron localidades como Pico Truncado, Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno, Puerto Deseado, San Julián, etc. En fin, la casi totalidad de las localidades del norte y el centro de Santa Cruz son parte del paro y los múltiples cortes de ruta que estallaron en la provincia.
En la mismísima casa del presidente Kirchner se inició una de las huelgas más profundas y duras de los últimos tiempos en la Argentina, pero claro se trata de la provincia que fue gobernada por el actual primer mandatario nacional y es este motivo suficiente como para que el conflicto no sea cubierto por los grandes medios de prensa y sea minimizado cuando se habla de estos laburantes patagónicos.
Los empleados estatales y municipales piden un aumento de 200 pesos al básico porque están cansados que los incrementos salariales sean en negro y que luego de una larga década kirchnerista más del 70 por ciento de sus salarios esté por fuera del básico y sea parte de los aumentos no remunerativos o parte del presentismo.
El gobierno de Sergio Acevedo, ex vicegobernador de Kirchner y ex secretario de la SIDE, se ha mantenido intransigente ante los reclamos de los trabajadores y se ha cansado de acusarlos de ser partícipes de una interna política del justicialismo. Desde que Acevedo llegó a la gobernación de Santa Cruz se rumorea que está enfrentado con el presidente.
Aunque el tiempo pasa, los trabajadores siguen fuertes en su pelea y lejos de debilitarse cada día que pasa están más fuertes. El primer viernes de junio, a los 40 días de iniciado el paro, en Caleta Olivia se efectuó una movilización sin precedentes que reunió a casi 10.000 personas. De la misma tomaron parte los trabajadores en huelga, los comerciantes y hasta las mujeres de los efectivos policiales, quines dicho sea de paso se negarían a reprimir a los huelguistas.
Como si todo esto fuera poco en Pico Truncado se produjo un paro cívico al que se sumó la casi totalidad de los habitantes y la jueza de instrucción (Ruata de Leone) debió negociar con los estatales piqueteros un cronograma de apertura de los cortes de ruta y fue así como logró que cada ocho horas se permita el tránsito durante 30 minutos.
Para desprestigiar la lucha de los trabajadores en las primeras horas del martes 7 de junio se especula que las autoridades municipales de Caleta Olivia instalaron un artefacto explosivo en la Municipalidad que causó serio daños y rápidamente culparon a los huelguistas del "vandalismo".
Segundo acto
La otra contienda salarial significativa de la región la han protagonizado los trabajadores de la pesca de la provincia del Chubut. Luego de 37 días de huelga los fileteros (denominación que reciben los obreros que industrializan los filetes de merluza) consiguieron a finales de mayo un triunfo histórico: incrementaron la hora de trabajo en un 80 por ciento y consiguieron que las empresas del sector firmen un acuerdo para abonarles una garantía horaria que significa percibir un salario mínimo de casi 1.300 pesos más allá de la materia prima que haya para procesar.
La lucha de los fileteros de Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia fue durísima y debieron soportar la embestida de las grandes empresas pesqueras nacionales y de las multinacionales del sector. Hasta la embajada de España en la Argentina intervino extraoficialmente para defender los intereses de los empresarios pesqueros de la península ibérica.
Los obreros de la pesca lucharon a brazo partido, cortaron el tránsito en los tres puertos del Chubut, tomaron municipalidades y marcharon los más de 70 kilómetros que distancian a Puerto Madryn en la costa chubutense de la ciudad capital de Rawson.
Tras cinco semanas de huelga consiguieron el aumento que reclamaban y le marcaron el camino al resto de los trabajadores del Chubut y la región. En medio del conflicto de la pesca se produjo una huelga de la CTA y la CGT chubutense en solidaridad con los fileteros, lo que se transformó en un hecho histórico para la región.
La mayoría de los obreros del sector concluyó su contienda a finales de mayo, pero los trabajadores de la empresa Barillari aún siguen con su huelga ya que esta pesquera se ha negado a pagarles los aumentos conseguidos y es por eso que los puestos de Comodoro Rivadavia (en Chubut) y de Caleta Paula (en Santa Cruz) siguen paralizados por los reclamos aún no resueltos.
Mientras estos incumplimientos se suceden los gobiernos de las provincias de Chubut y Santa Cruz no han tomado ni una sola medida contra Barillari. Los gobiernos provinciales son los que otorgan los permisos de pesca a las empresas privadas para realizar las capturas en sus aguas jurisdiccionales y ante esta situación ninguno de los dos Estados ha suspendido o quitado estas autorizaciones de pesca.