Prórroga de licencias de empresas de radio y televisión por 10 años

'El Gobierno Nacional capituló frente a los grupos de poder que controlan la prensa hegemónica'

 Editorial / Argenpress.info

En un extenso comunicado la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura (FETRACOM-CTA) comunica que 'repudia la decisión del Gobierno nacional que acaba de sancionar el Decreto 527/05 que establece de suspensión del plazo de licencias de empresas de radio y TV por 10 años. De esta manera los actuales propietarios de medios se ven beneficiados por una medida que suspende el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince más diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término original. Una vez más, la política de comunicación se resuelve por decreto sin discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión 22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la sociedad argentina (en particular a las organizaciones sin fines de lucro). El Gobierno claudica ante los grupos económicos que manejan la prensa hegemónica y que han sido cómplices del saqueo sufrido por nuestra Patria a manos del régimen de dominación neoliberal'.

Sobre el decreto 527/2005 manifiesta que 'beneficia especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982.. Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay democracia posible mientras las mayorías están amordazadas. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad. Deberían ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. Sin embargo este Gobierno prorroga las licencias entregadas por la dictadura y el menemismo, dejando afuera a miles de otros aspirantes a utilizarlas. Este Decreto mantiene y consolida la vigencia de la norma dictatorial N° 22.285 que además de estar inspirada en los criterios de la doctrina de la seguridad nacional propios de quienes usurparon el Poder en 1976, es absolutamente centralizada, autoritaria y discriminatoria. El esquema de concentración de los medios en nuestro país consolidado por 10 años más por el Decreto 527/05, caracteriza el actual estado de situación ostensiblemente violatorio del principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que textualmente indica: 'Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.' La única solución es una nueva Ley que respete nuestra Constitución Nacional asegurando el Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos los sectores y el pluralismo a partir de la premisa de que la radiodifusión es una forma de ejercicio de esos derechos y no una simple actividad comercial. Este Decreto 527 es inconstitucional. Viola el principio de igualdad ante la Ley y viola el derecho a la información y la libertad de expresión, consagrados en el art 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución Nacional'.

Concentración económica, concentración mediática

Además indica que 'en las últimas dos décadas se produjo el más espectacular proceso de concentración económica a escala mundial, regional y nacional. Las industrias culturales, las telecomunicaciones y más puntualmente los medios de comunicación, formaron parte de este proceso. Un grupo de megaempresas mundiales tiene la posibilidad de comunicarse y de promover su ideología a gran parte de la humanidad y con ello la instalación del pensamiento único. Nuestro país no fue ajeno a esta situación. El mapa de concentración de medios durante, fundamentalmente, la década menemista muestra a seis grupos económicos controlando buena parte de la circulación de la información en la Argentina. Muchos de estos grupos están acusados, por distintas comisiones de investigación del Congreso nacional, de no poder demostrar los orígenes del dinero con que obtuvieron numerosos medios de comunicación. Buena parte de la sociedad, por no decir casi la mayoría, tiene absoluto desconocimiento sobre quienes son las personas y los intereses que se mueven detrás de cada medio. Sabemos que no existirá democracia informativa sin que exista democracia económica. Sabemos que la concentración mediática tiene sus correlatos en las provincias, cuyo poder feudal se expresa en la propiedad de los medios. Los grupos empresarios que se vieron beneficiados con excepciones económicas, amparados en la figura de industrias culturales, son los que sistemáticamente burlan los estatutos y convenios de los trabajadores de la comunicación y ahora han vuelto a recibir la bendición del Gobierno nacional. Varias de estas empresas concentradas evaden contribuciones patronales previsionales, retienen aportes de los sueldos sin ingresarlos a sus destinos correspondientes, no realizan los aportes sindicales ni de obra social y alteran balances, todo en la más absoluta impunidad. Por ello la FETRACOM-CTA exige la aplicación de la ley contra las patronales que tienen trabajadores en negro, no realizan aportes y mienten sobre la verdadera conformación societaria de algunas empresas. La FETRACOM-CTA reclama al Gobierno nacional la participación de nuestras entidades y de todos los trabajadores de los medios y la cultura en el debate sobre qué tipo de comunicación queremos para el país. Es inaceptable que resoluciones directas o discusiones de leyes, que afectan a miles de trabajadores de prensa y a millones de habitantes de Argentina, la tomen algunos funcionarios y empresarios encerrados entre cuatro paredes como ha ocurrido con la firma de este decreto arrancado por la presión de las corporaciones de la prensa hegemònica del régimen. La FETRACOM-CTA se pronuncia a favor del desarrollo, fortalecimiento y otorgamiento de licencias a más de 5.000 radios AM y FM de todo el país, en las que trabajan 50.000 profesionales de la comunicación. La FETRACOM-CTA qua ha impulsado el amplio acceso al espectro comunicacional de cooperativas, organizaciones sociales, culturales u otras formas de gestión social, no previstas por la ley de la dictadura militar, entiende que el fallo de la Corte Suprema de la Nación, donde declara la inconstitucionalidad del Art. 45 de la ley de Radiodifusión ya debería haber sido ratificado por el Congreso de la Nación. Los trabajadores de prensa y de la cultura somos los principales generadores y productores de contenidos de los medios y no vamos a ser invitados de piedra en la discusión sobre qué comunicación queremos para el país. Queremos medios públicos pluralistas y con participación activa de los trabajadores. Apoyamos el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social, y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios comunicacionales'. Termina diciendo 'asumimos la defensa del trabajo periodístico, el trabajo en los medios de comunicación, como condición necesaria para que el Derecho a la Información sea respetado como lo que es : un derecho humano. Son tiempos de compromisos, de tomar posiciones ante los problemas, de luchar contra aquello que no se quiere. No hay espacio para los neutrales. No existe la neutralidad'. 'Un Mundo Mejor es Posible, una Cultura Mejor es Posible, una Comunicación Mejor es Posible', concluye.