Prof. Juan Carlos Sánchez

Mientras el Ministro de Salud y Medio Ambiente de la Nación, Dr. Ginés González García, hace gala de su hipocresía en numerosos ámbitos y gasta ingentes recursos en la difusión de las bondades de la política que se ejecuta en el ministerio a su cargo, nos encontramos ante un panorama desolador en la salud pública argentina que impide el ejercicio del derecho humano a la salud a gran parte de la población argentina.

Hospitales sin insumos, programas a la medida diseñada por el Banco Mundial y una limitada cobertura son los principales rasgos de una política sanitaria que no contempla a la salud como un derecho ciudadano, tan sólo lo es para quienes gozan del privilegio de tener una obra social (cuando cumplen con su verdadera función) o una prepaga.

Por otra parte, nos encontramos ante una notoria ausencia del Estado en materia de control de medicamentos pues la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) deja bastante que desear porque es una mala copia de la FDA norteamericana, cuyo rol ha sido fuertemente cuestionado a raíz del escándalo con el Vioxx del laboratorio Merck Sharp & Dhorne.

En suma, nos encontramos ante una política estatal que perpetúa las desigualdades sanitarias en consonancia con los postulados de los organismos multilaterales de crédito; es decir, perpetúa el neoliberalismo sanitario instaurado durante la década menemista con el fin deliberado de inducir al clientelismo político, por un lado y por otro, sin dudas, a desentenderse del derecho ciudadano a una salud de calidad en abierta violación a los Derechos Humanos.

La salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado a toda la ciudadanía; en particular, a todos aquellos que no disponen de los medios necesarios para su atención médica, como ocurre con las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables como los ancianos y los desocupados. Sin embargo, puede observarse con claridad que el sector público como el privado han elegido el camino de la eficiencia en lugar de la eficacia; es decir, han tomado lo sanitario como una mera relación de costo - beneficio y olvidando que, ante todo, no hay enfermedades sino enfermos.

Hace poco tiempo, nos visitó el médico Gianni Tognoni, uno de los elaboradores de la lista de medicamentos genéricos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), quien ha puesto en evidencia el gran negocio de los laboratorios, cuya fabricación de medicamentos está destinada más al incremento de la facturación que a la investigación de nuevas y mejores medicinas para un mejor cuidado de la salud. Sin embargo, esta visita fue poco reflejada en los medios nacionales en consonancia con los postulados de Ginés González García, quien no duda en retirar la pauta publicitaria al medio que ose cuestionarlo.

Argentina necesita una política nacional de salud y no, un pésimo Plan Federal destinado a la atención focalizada (y en general, pésima) de los ciudadanos en precaria condición socioeconómica; una profunda reforma del Sistema de Obras Sociales y comenzar con la articulación del subsector público con el privado, como también una política en materia de medicamentos, cuya prioridad debe ser la fabricación en laboratorios de jurisdicción nacional, como el Instituto Malbrán, y de otras jurisdicciones provinciales y municipales con el fin de un aprovisionamiento con menores costos para la salud pública y el control eficaz a los laboratorios que proveen a las droguerías y a las farmacias.

Se trata simplemente que la salud deje de ser para pocos y que se constituya en un derecho ciudadano para que, de una vez, se acaben las penurias para muchos...


* Juan Carlos Sánchez es Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en I.S.P.'Dr. Joaquín V. González'.