Agencia lavaca

El Tribunal Superior de Santa Cruz dictó la excarcelación de los seis detenidos por reclamar trabajo en Caleta Olivia. El fallo hace hincapié en el principio de inocencia y, sobre todo, realiza un llamamiento a no criminaizar la protesta social. La sentencia cita trabajos de Raúl Zaffaroni, Roberto Gargarella y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Vamos a viajar a Buenos Aires para visitar a los presos de la Legislatura", prometió Jorge Mansilla, uno de los liberados.

Jorge Mansilla, Hugo Iglesias y Mauricio Perancho escuchaban la radio portátil con atención nerviosa. La transmisión se entrecortaba. Para luchar contra las interferencias, acercaban sus cabezas al parlante casi hasta chocarlas. De pronto, a las 12.30 del mediodía, los tres pegaron un salto, se abrazaron y gritaron de tal forma que se alborotó toda la comisaría 3era. de Caleta Olivia, donde estaban detenidos desde setiembre pasado. Así, por una transmisión en vivo, se enteraron de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz había dictado su excarcelación, junto a la de Elsa Orosco, Selva Sánchez y Marcela Constancio, todos procesados por pedir trabajo en la playa de tanques de la petrolera Termap.
La comisaría recibió la orden de liberarlos de inmediato y, dos horas más tarde, los tres hombres ya estaban en la calle. A la salida, militantes partidarios y sociales los esperaban ansiosos. Todos juntos marcharon inmediatamente hasta la seccional cuarta, donde estaban detenidas Orosco y Sánchez. Marcela Constancio, a quien le habían concedido la prisión domiciliaria, aguardaba en su casa.
El mayor tribunal provincial hizo lugar a un recurso de casación y nulidad presentado por el abogado Ramón Amaya. La sentencia que dicta la excarcelación hace hincapié en el principio de inocencia de las personas sometidas a procesos. Señala que sólo puede ser restringido en el caso de que haya elementos de pruebas suficientes que permitan inferir que los acusados puedan fugarse o interferir en la investigación. Pero lo más importante, es que los jueces realizaron un llamamiento a no aplicar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Para argumentar en esa dirección citaron a prestigiosos juristas como el ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obra de Roberto Gargarella, "El Derecho ante los Cortes de Rutas".
"El t ribunal plantea que los cargos formulados deben ser debatidos en un juicio oral y público, y da a entender un error de calificación. Este fallo puede ser utilizado a nivel nacional, sienta jurisprudencia a lo largo y ancho del país. Menciona explícitamente la prohibicion de criminalizar la protesta social", asegura Amaya.
La sentencia se dictó en un Tribunal que estaba colmado. En primera fila escuchaba el dirigente piquetero Néstor Pitrola, escoltado por numerosas banderas de distintas organizaciones. "Este es el resultado de la movilización de numerosas organizaciones partidarias, políticas y sociales que manifestaron su solidaridad", subrayó Amaya.
"Estamos felices, pero la lucha sigue", aclaró Mansilla. "Tenemos que pelear por el desprocesamiento nuestro y por la libertad de los detenidos de la Legislatura. No queremos más presos políticos en la Argentina. Primero nos pondremos al día con la familia, que hace mucho que nos extraña. Y después viajaremos a Buenos Aires para ver a los presos políticos de Ezeiza y Devoto", prometió Mansilla. Mañana mismo, además, se presentará junto a Iglesias ante las operadoras petroleras que los denunciaron. Antes de ser detenidos, ambos estaban realizando un curso de capacitación para comenzar a trabajar en ellas.
Todo había comenzado el 19 de agosto de 2004, cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron "trabajo genuino" frente a la Municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron para reclamar a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.
La tensión se había resuelto con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos– y aseguró que no iba a haber represalias.
Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos. La acción duró dos días. El desbande fue tal que arriaron a familias enteras. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas.
Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las tres manifestantes fueron detenidas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. El maltrato que sufrieron en la comisaría Cuarta fue una de las denuncias que hicieron cuando –el 26 de octubre- iniciaron una huelga de hambre a la que poco después se sumaron los hombres detenidos. Exigían mejores condiciones de detención, ayuda financiera y médica para sus familias y el traslado de Mansilla -uno de los detenidos-, quien recibía malos tratos en la seccional Primera de Caleta Olivia, donde fue alojado junto a presos comunes.
Los habían acusado de "usurpación con impedimento de funciones públicas", "privación ilegítima de la libertad y daños", "usurpación" y "entorpecimiento de la actividad económica". La justicia consideraba, hasta hoy, que la sumatoria de estos cargos no permitía la excarcelación.
Nunca hubo testigos que individualicen a estas personas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias no estuvieron en el momento en que ocurrió todo porque asistían a un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: habían conseguido sus puestos de trabajo en una manifestación anterior.