Comisión de Derechos Humanos de Corrientes

Graves hechos de violencia institucional conmocionan nuestra Provincia, se suceden las denuncias por abuso policial, torturas, maltrato a detenidos, muertes por golpes y "gatillo fácil". Los últimos casos, que han descubierto fatalmente esta situación a los ojos de toda la comunidad, no se pueden esconder o disimular, como en otras circunstancias, culpabilizando a la víctima. Hoy la comunidad se moviliza y reclama, y con razón, ante la muerte de un cabo de policía, a consecuencia de ese exhaustivo entrenamiento, en el que lo preparaban para reprimir el delito, o le hace cargos al gobierno por la muerte de un dirigente barrial, de su mismo signo político; pero en verdad estas dolorosas pérdidas suman más víctimas a los casos de violencia institucional que involucran a la Policía Provincial.
Lamentablemente esta misma comunidad indignada, no siempre guarda registro ni memoria, de tantos casos precedentes, sin mas respuesta judicial, ni administrativa que la repercusión mediática, ni tiene total dimensión de las vidas humanas perdidas que no trascendieron la esfera del dolor familiar. Muchos son en Corrientes los casos de ciudadanos que han muerto a manos de fuerzas de seguridad, ciudadanos anónimos, pobres y desprotegidos, muchas veces sin abogados que los patrocinen, cuyos familiares desde hace años transitan calles, despachos judiciales, audiencias con distintos integrantes del Superior Tribual de Justicia, con Ministros y Subsecretarios, redacciones de medios de comunicación, en soledad y sin obtener respuesta. Estas prácticas de violencia las más de las veces se descargan en forma indiscriminada en los barrios pobres, sobre los sectores juveniles y sobre minorías marginadas buscando infundir el temor a la "autoridad", terror y disciplinamiento social, con el saldo de un severo recorte a las libertades democráticas, lo que sin dudas agrega mayores padecimientos a vastos sectores con necesidades básicas insatisfechas.-
Si bien nuestro país es signatario de la CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, de la CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO y de otros tratados internacionales que tienen jerarquía de norma suprema en nuestro país, esa supremacía formal no se traduce en una política de prevención por parte del Estado Argentino de la tortura, ni de homicidios y desapariciones cuya autoría es imputable a funcionarios de las fuerzas de seguridad federal y provinciales. (Informe Correpi)
A este cuadro ya preocupante para la vigencia de los derechos humanos se suma la promoción que distintos funcionarios políticos han hecho de la violencia ejercida desde el estado, de la reducción de los controles sobre las fuerzas de seguridad y de la violación de la ley como instrumentos adecuados para conjurar las demandas de seguridad de los habitantes.- (Informe CELS)
De manera sistemática en nuestra provincia se demuestra no solo el desinterés por erradicar prácticas violatorias de los DDHH, sino un alto grado de adhesión que sólo puede atribuirse a la decisión institucional de brindar aval político a los perpetradores y que se realiza en la práctica a través del encubrimiento oficial que garantiza, aun cuando el hecho sea detectado, el máximo nivel posible de impunidad.
Hoy el Gobierno de Ricardo Colombi desoye la extendida preocupación popular, mantiene al Subsecretario de Seguridad Manuel Aguirre, quien ciegamente, a costa de la verdad y la justicia, respalda cualquier desmán policial -de los tantos denunciados- y avala a un Jefe de Policía, que publica – y por ende adhiere- en el boletín policial, una carta del comisario general retirado Luis Munilla Barros, instándolo a subordinarse al poder político, solo en lo "estrictamente protocolar". Nadie en Corrientes desconoce la tradición de mano dura de Munilla, y su participación en hechos represivos desde las movilizaciones estudiantiles de 1969, hasta las desapariciones y secuestros de Ayala y Wettengel, quienes sin dudas pasaron por la Jefatura de Policía, donde éste cumplía tareas para el Área Militar 231, durante la última dictadura militar.
Esta relación con estructuras y metodologías represivas, heredadas del Terrorismo de Estado no la hacemos solamente los organismos de derechos. Según declaraciones del suegro del cabo fallecido, Juan Ramón Romero, comisario retirado de la Policía el actual plan de estudios de la Escuela "General San Martín" ya estaba en vigencia en el año 1977. "Eran años en los que los programas de formación eran de extracción militar y en vez de educar efectivos para seguridad de la sociedad se adiestraban criminales destinados a reprimir y matar" Diario El Litoral, 24/03/05. Cabe aquí consignar que los gobiernos constitucionales de José A Romero Feris, Ricardo Leconte, Intervención Federal Durañona-Bello-Tonelli, Raúl Romero Feris, Pedro Braillard Poccard, Gobierno de Coalición Ruben Perié, Intervención Federal Mestre- Aguad, y Ricardo Colombi han conducido los destinos de esta provincia de 1983 a la fecha, y que ninguno de ellos ha producido cambios sustanciales, hasta que la muerte desborda y se impone el reclamo de cambios, como hoy día.-
Mas elementos que vinculen a nuestra policía provincial con una metodología represiva aún no erradicada surgen por ejemplo de asociar que quien fuera Jefe de la Policía de Corrientes, entre 1989 y 1992 , el Coronel Roberto Romeo Bin, está hoy detenido en La Liguria, imputado de crímenes de lesa humanidad que se investigan en el Juzgado Federal de Ira Instancia de Corrientes, y que en esa misma causa está pedida la detención del Comisario Inspector Manuel Ulibarrie, hoy responsable de una agencia de seguridad que hasta hace muy poco custodiaba dependencias de la U.N.N.E.
Las situaciones aquí expuestas generan en la sociedad la peligrosa sensación de impunidad y de protección hacia quienes, amparados por el uniforme, cometen abusos y delitos gravísimos, en vez de servir a la comunidad . Si bien hay honrosas excepciones de funcionarios judiciales que han actuado correctamente en la investigación y sanción de hechos de violencia y delitos cometidos por policías, lo común es observar una serie de prácticas judiciales que evitan cuestionar la legalidad del accionar policial y niegan a las victimas y a sus familiares el derecho a esclarecer los hechos y obtener una reparación frente a las agresiones y daños sufridos.
Para refrendar este análisis, adjuntamos una nómina -incompleta, sin dudas- de los 21 casos de homicidio por violencia institucional o entorpecimiento, encubrimiento, complicidad, sin resolución judicial, acotada exclusivamente a la gestión AGUIRRE/FLEITAS y solo de la primera circunscripción judicial. (En ese período pasaron 3 Ministros de Gobierno Pedro Cassani (PL) Raúl Balestra (PL) y Jorge Barrionuevo (PJ) )
2001- Ramón Alberto Arapí
2001- Walter Alegre (muerte en supuesto "enfrentamiento")
2001- Silvana Rivero (Entorpecimiento y encubrimiento policial)
2002- Ramon Eduardo Pimienta
2002- Daniel Augusto Saucedo (Entorpecimiento y encubrimiento policial)
2002- Maximiliano David Lopez
2002- Julio Nestor Hormaechea
2002- Lisandro Enrique Cabral
2002- Raúl Salvador Meza
2003- Isabelino (Tato) Romero Prefectura Naval Argentina)
2003- Antonio Maciel
2003- Jorge Luis Villalba
2003- Rubén Dario Mendoza
2003- Juan Carlos Balbastro
2003- Patricia Elizabeth Bicchini (muerta por cabo policia, intentan fraguar suicidio)
2003- José Tomás Azula (Prefectura Naval Argentina)
2004- Carlos Soto (muerto en unidad penal 1, en circunstancias poco claras)
2004- Ramón Baltasar Arce
2004- Luque (Saladas)
2005- Luis Arias (muerto post-cirugía hemorragia cerebral) Comisaría 8va
2005- Cabo Cristian Torre