Adolfo Pérez Esquivel*

Después de la caída del Muro de Berlín muchos pensamos que el mundo entraba en una etapa de colaboración y el fortalecimiento de las democracias. Nos equivocamos y debemos asumir la situación. Todas esas esperanzas fueron derrumbadas por los intereses políticos, económicos, militares e ideológicos.

Estados Unidos se transformó en un imperio que busca imponer el totalitarismo globalizado. Para lograrlo necesita del control de los gobiernos y el sometimiento de los organismos internacionales como la ONU, el FMI, el BM, entre otros. La llegada de George Bush al gobierno y los ataques terroristas por grupos fundamentalistas a las torres gemelas el 11 septiembre del 2001, le permitió a su gobierno iniciar la imposición de políticas de 'guerras preventivas para justificar lo injustificable'.

Las guerras contra Afganistán e Irak marcan con fuerza esa decisión del gobierno de Estados Unidos quien ejerce el terrorismo de Estado, las torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos con total y absoluta impunidad. Desconociendo todos los Pactos, Protocolos, Convenciones Internacionales, la Corte Penal Internacional y exigiendo a otros países la inmunidad a sus tropas para cometer todo tipo de violaciones y no ser juzgados por los tribunales de los países donde pudieran cometer delitos.

En éste marco de situación el gobierno de Estados Unidos busca imponer leyes anti terrorista a la medida de sus intereses, para el control de las organizaciones y grupos que considera enemigos. Presiona a gobiernos de otros países para que las aprueben junto a leyes de control social, para que todos aquellos que no concuerdan con sus políticas, sean considerados terroristas, abiertos o encubiertos, calificando a quienes lo son y quienes pueden llegarlo a serlo.

Entre esas categorizaciones están Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Fidel Castro en Cuba, país que soporta mas de 45 años de bloqueo, Corea del Norte. Acusa a la resistencia en Afganistán e Irak , de terroristas, cuando son países invadidos por Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados que cometen toda clase de atrocidades.

El gobierno de George Bush, omite, silencia, el terrorismo de Estado que aplica a otros países y justifica la impunidad jurídica. Es necesario hacer memoria de la aplicación del terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos: la invasión, bombardeos y asesinatos de la población civil en Panamá; diez años de ataques y guerra de baja intensidad contra Nicaragua y bombardeos y minado de los puertos de ese país por parte de la CIA; las invasiones a Haití, la detención y expulsión del presidente Bernard Aristide, las dictaduras militares que apoyaron en América Latina, la gran complicidad y apoyo dado al dictador Augusto Pinochet por el entonces secretario de Estado Henry Kissinger. Y Rusia, con su presidente Putin, aplica la represión y el terrorismo de Estado contra las ex - colonias de la Unión Soviética; la invasión de China al Tibet , provocando genocidio y etnocidio que perdura hasta el día de hoy con y el silencio cómplice de las grandes potencias y de la ONU.

La ley anti-terrorista en la Argentina, que se encuentra para su aprobación en el Parlamento, a pedido del gobierno de Estados Unidos. No definen el delito de terrorismo. Se dirige únicamente al terrorismo de grupos que actúan en la clandestinidad como las guerrillas, pero obvian toda mención al terrorismo de Estado que sufrimos en el país y en todo el continente latinoamericano a raíz de las dictaduras militares.

Juristas y especialistas internacionales han afirmado que es necesario definir y precisar sobre el terrorismo y evitar que las indefiniciones y caracterización del delito permitan interpretaciones arbitrarias por parte de los gobiernos. Es necesario evitar que esa ley sea usada para reprimir las protestas sociales y a la oposición política.

Es fundamental que la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos examinen detenidamente los alcances de la ley y eviten caer en la manipulación y presiones sobre el gobierno nacional para imponer una ley que, en lugar de solucionar un grave problema que acecha a la sociedad, esconda intencionadamente las prácticas de reprimir las protestas sociales y justifique el control social. Volveríamos a políticas aberrantes que ya hemos vivido en el país y en todo el continente.

Debemos hacer memoria y poner en evidencias el terrorismo de Estado vivido en la Argentina y en América Latina. Es una larga lista de la tragedia humana y de los pueblos. En Argentina, esa política costó 30 mil desaparecidos, en Guatemala más de 200 mil muertos y desaparecidos, en El Salvador más de 70 mil muertos. ¿Cómo olvidar el sufrimiento y vida de los pueblos?

Reclamamos al gobierno y a los legisladores actuar con responsabilidad histórica y no caer bajo presiones o facilismos hipócritas que tanto han costado al pueblo argentino, Un ejemplo son las leyes de impunidad, de las que, hasta el día de hoy sufrimos sus consecuencias.


* Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz, 1980 y director del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en Argentina.