Un féretro con los restos de un bebé y una carta intimidatoria fueron arrojados en plena Santa Fé para amenazar al juez federal Reynaldo Rodríguez quien procesó, detuvo y trabó embargo contra siete represores de la última dictadura. La causa se inició después de que el ex presidente Fernando de la Rúa denegara la extradición de seis integrantes del grupo de tareas La Patota. "De ninguna manera me van a intimidar. Voy a seguir trabajando como juez de la Constitución", aseguró el magistrado.

Agencia La Vaca

29 años después y, sin embargo, continúan -intactas- las mismas prácticas.

Un féretro, con los restos de un bebé, fue arrojado el domingo a la noche en la puerta de una radio santafesina para intimidar al juez federal Reynaldo Rodríguez, el mismo que lleva adelante una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"Creía que eran prácticas totalmente superadas. Hace 22 años que vivimos en democracia, un sistema que por cierto tiene muchos defectos, pero es el menos malo que encontramos. Hay muchos jueces en el país que están llevando causas de este tipo, ignoro porque esta situación se da conmigo", dijo el juez Rodríguez en diálogo con la lavaca.

El domingo 20, un desconocido se comunicó telefónicamente con el canal Cable & Diario para decir que una bomba había sido colocada en LT 10, Radio Universidad del Litoral. Unos minutos más tarde, un puñado de personas se amparó la oscuridad que ya dominaba todo -eran las 10 de la noche-, y lanzó hacia la puerta de esa emisora el pequeño y viejo ataúd acompañado de una carta pegada en la parte externa que estaba dirigida al magistrado. El escrito era tan amenazante como burlón. "De ninguna manera me van a intimidar. Voy a seguir trabajando como juez de la Constitución", aseguró el magistrado, que ya detuvo a siete represores de la dictadura y citó para principios de abril a dos altos jefes militares para indagarlos por delitos de lesa humanidad. Se trata de los coroneles retirados Juan Orlando Rolón y Domingo Manuel. Marcellini. EL primero fue jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército cuando el comandante era el general Ramón Genaro Díaz Bessone y a fines de 1976 quedó a cargo de la jefatura del Área 212, en Santa Fe. Marcellini, a su vez, fue jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122.

Otro de los citados para la indagatoria de esta semana era el ex jefe de inteligencia de la Policía provincial, el comisario general Carlos Osmar Rebechi, quien habría fallecido de cáncer en mayo pasado. "Estoy muerto, pero muerto de risa por cómo los subversivos manejan la Justicia", decía la carta intimidatoria que estaba dirigida al juez.

"Yo lo lamento por los familiares de Rebechi, a quien les pido disculpas. Ignoraba que este comisario había fallecido. No fue mi intención ofenderlos. Sólo quise llamarlo a indagatoria porque entendía que eso es lo que correspondía. De todas maneras, he pedido al Registro Civil el certificado de defunción porque es la única forma de acreditar que una persona falleció", señaló Rodríguez. Rebecchi había sido denunciado por una de sus víctimas, José Schulman, querellante en la causa y por el abogado Jorge Pedrazza, quien dijo que se trataba de uno de los torturadores más temibles. También forman parte de la querella Daniel García y Alba Sánchez. La pareja fue detenida a fines de 1977 y alojada en un centro clandestino de Villa California, en San José del Rincón, denominado "El Borgia".

El ataúd utilizado mide 1,20 m y en su interior se hallaron restos óseos de un niño, por lo que se estima que fue extraído de algún cementerio, aunque no existen datos certeros al respecto. La investigación por las amenazas quedó a cargo del juez de Instrucción José Manuel García Porta.

Este no es el primera amenaza que recibe el juez Rodríguez desde que lleva adelante esta causa. En la fachada del Juzgado Federal -sobre calle Monseñor Zazpe- apareció una pintada que decía: "Gracias juez Rodríguez. Montoneros". Además, el 19 de enero pasado, el domicilio particular del secretario del juzgado, Miguel Abásolo, fue violentado por desconocidos cuando el funcionario salió a cenar con su familia. Al regresar, encontraron la puerta forzada, la casa revuelta y quienes ingresaron sólo se llevaron una pistola calibre 22 y dos frascos de perfume. No obstante, Rodríguez desvinculó este hecho -que se investiga en el Juzgado de Instrucción N 7, a cargo de Diego de la Torre- de las actuaciones de la causa contra los represores. "Este es un juzgado multifuero que lleva más de 40.000 causas. Puede haber muchas motivaciones. Yo tengo mis sospechas, pero no puedo probarlas", manifestó el magistrado a lavaca.

El 17 de febrero pasado, Rodríguez proceso y detuvo al ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa; al ex jefe de la comisaría 4ª y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario José Facino; a dos ex oficiales del Departamento Inteligencia de la Policía de la provincia: Héctor "Pollo" Colombini y Eduardo "Curro" Ramos y dos ex carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada: Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aebi, alias La Carcelera. En la misma situación se encuentra el ex juez federal Víctor Brusa, antecesor en el cargo del propio Reynaldo Rodríguez y acusado de participar de sesiones de tortura en La Casita y en la comisaría 4ta. de Santa Fe, que según el informe de la CONADEP se había convertido en uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Brusa -ya en democracia- también fue acusado de atropellar con una moto acuática a un hombre y abandonarlo en medio del río. "Como juez debo analizar a las personas por lo que han hecho y advertir si su comportamiento se adecua al Código Penal. No debo juzgarlos por su nombre o sus cargos públicos. Brusa, mi antecesor, esta en esa situación, debo administrar justicia independientemente de los apellidos", explicó Rodríguez y se excusó de opinar sobre el significado de que un hombre de la Justicia se encuentre en esta situación procesal.

Los siete imputados están acusadosde conformar una asociación ilícita y cometer los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, en concurso real. Todo eso por haber integrado el grupo de tareas santafesino conocido como "La patota". "Entendí que era la articulación de un aparato represivo y que para su funcionamiento debía existir una vinculación de voluntades tendientes a lograr ese objetivo, previamente pergeniado", subrayó el juez ante lavaca. Según su fallo, se trataba de "un pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo". Por eso, además de la prisión preventiva, les trabó un embargo sobre sus bienes por 5 millones 600 mil pesos.

La causa fue iniciada por el juez español Baltasar Garzón, a quien el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa le denegó un pedido de extradición -cursado el 19 de septiembre de 2001, a través del juez federal porteño Gabriel Cavallo- para detener y trasladar a Madrid a Brusa y otros cinco represores santafesinos.

Las extradiciones no se concedieron, pero de todas formas el gobierno ordenó al Ministerio Público para que siguiera esa causa en territorio argentino. El expediente fue abierto en la Justicia federal, recayó en el juzgado de Reynaldo Rodríguez en el año 2002, y derivó en las últimas detenciones luego de haber sido declaradas inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Rodríguez fue uno de los primeros jueces del país en declarar la "inconstitucionalidad, invalidez y nulidad" de aquellas normas y la "imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad".

"Si algo caracterizó mi desempeño es que no tuve precipitaciones. Soy un hombre de la Constitución y para mí respetar las garantías constitucionales son fundamentales. Pasaron más de dos años y una veintena de testigos hasta que tomé estas decisiones", aclaró el magistrado

A la mañana siguiente de haber recibido la amenaza, el mismo Rodríguez se comunicó con el ministro de Interior, Aníbal Fernández, para informarle de lo sucedido y poco después, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Rosatti, lo llamó para transmitirle la solidaridad del presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, y a pesar de la gravedad del caso, la macraba amenaza pasó inadvertido entre los candiles porteños.