Ante las negociaciones entre el gobierno nacional y las empresas privatizadas, diversos medios de comunicación han salido a defender sin pudor los intereses de estas últimas. En el diario La Nación, por ejemplo, la nota editorial del Domingo 23 de enero con título 'Reestatizar sería un grave error' afirma: 'La experiencia argentina con las empresas del Estado ha sido suficientemente clara. A fines de la década del ochenta, el déficit y el deterioro de los servicios habían alcanzado una notable gravedad. (...) Sigue aún fresco el recuerdo de las dificultades para conseguir un teléfono y de su mal funcionamiento, así como los cortes de luz, la baja presión del gas, las demoras de los puertos, la congestión de las autopistas, entre otros.' Es notable (aunque entendible) que para el autor la historia de la humanidad comience a fines de la década del ochenta, y no recuerde qué pasó antes de aquel momento.
En 1976 un grupo de empleados estatales sin formación para la administración pública ni nada que se le parezca decidió que, ya que el Estado les había pagado sus sueldos para aprender a usar armas, las usarían para gobernar el país de allí en más, sin preguntar en las urnas la opinión de nadie. Durante los casi ocho interminables años de esta dictadura militar, cabe recordar, todos los servicios fueron estatales, además de los aeropuertos, los canales de televisión, Aerolíneas Argentinas, YPF, las rutas y autopistas, etc. Habría que preguntarse en qué situación encontraron todas estas cosas los generales que decidieron gobernar el país por la fuerza y manejar todas sus empresas, y en qué situación las dejaron cuando tuvieron que irse.
Dados todos los crímenes atroces que cometieron los militares mientras gobernaban, hay entre nosotros una cierta tendencia a olvidar otras barbaridades que son motivo de escándalo suficiente aún si no hubieran maltratado a nadie. Aún si hubieran sido elegidos por voluntad popular. Los militares no sólo torturaron, violaron y mataron hombres, mujeres y niños: también robaron todo lo que pudieron. Y como el poder que tenían era absoluto, lo que pudieron robar, lamentablemente, fue mucho.
Se sabe que después de secuestrar a alguien se apropiaban de todas sus pertenencias, inclusive su inmueble. Así robaron miles de casas, departamentos, lotes y quintas con todo su contenido. Pero no sólo robaron a sus víctimas directas. También robaron todo lo que pudieron a las personas que no secuestraron ni torturaron, vaciando las empresas del Estado. Así los trabajadores de aquel entonces y sus hijos y sus nietos comenzaron a cargar sobre sus espaldas una deuda ilegal que no pidieron, a través de los préstamos que la generosidad del norte le otorgaba a las empresas controladas por los dictadores. El dinero, dada la honradez e integridad moral de éstos, fue rápida y abundantemente a parar a sus bolsillos. Lo que según el diario La Nación está fresco en la memoria, (el mal funcionamiento de los servicios), no es consecuencia de que eran estatales, sino consecuencia de su malintencionado vaciamiento.
Lo que comenzó la dictadura militar lo terminó la década menemista y es historia conocida: para terminar de convencer a los usuarios de que había que privatizar, les hicieron la vida imposible y se llevaron hasta los ceniceros. Después de la actuación de interventores como María Julia, el servicio era paupérrimo, la gente rogaba privatización y la empresa valía mucho menos. Así las compraron los que las tienen ahora: baratitas, subsidiadas y con una clientela cautiva que se ponía contenta porque el tren ahora estaba pintado, al menos por afuera, o porque el teléfono tenía botones.
Es notable también que el diario hable del mal funcionamiento del servicio como si fueran un 'recuerdo'. Obviamente el columnista no vive en una zona donde para llegar hay que tomar el tren Sarmiento, o donde no hay agua potable ni cloacas, donde la luz es un milagro impagable, y donde para llegar al teléfono más cercano, uno semi público que hay el quiosco de la vuelta, hay que caminar dos cuadras en el barro.
Los servicios mejoraron, sí, después del vaciamiento. Pero sólo en los lugares donde vive gente que los puede pagar. En mi barrio, para conectar una casa a la red cloacal que pasaba por la puerta, cobraban mil pesos-dólares en cómodas cuotas, que presuntamente salieron al exterior de inmediato, para nunca más volver.
A pesar de lo que aparenta, la derecha no está preocupada. El temor a la reestatización es sobreactuado, como sobreactúa la dureza de las negociaciones el gobierno. El objetivo de una es el lobby y el del otro la ilusión óptica de un gobierno de centroizquierda que se enfrenta a las multinacionales.
Como un perro guardián que se come el bife bien jugoso que le robó a una vecina que venía distraída, las derecha ladra y muestra los dientes con furia aunque sabe que el que se acerca es el carnicero, un amigo que siempre le tira huesos. No viene a quitarle nada. Cuando la vecina mira puede amagar, pretender que intenta quitarle el bife para sacar crédito, para que la vecina lo vea, obnubilada, y se quede impresionada con su valentía. El perro lo sabe, pero se presta al juego porque la ganancia es doble: se asegura de que al carnicero nunca se le ocurra tocar el bife, y a la vez de que la vecina quede bien convencida de que el hombre es valiente, que hizo lo más que pudo. Si el perro no gruñera, obligría al hombre a realmente quitarle el bife o a quedar como un cobarde.
Así como toda la deuda que tomaron los militares y las empresas bajo su control debería ser cancelada por ser ilegal, las empresas vaciadas por éstos y sus posteriores interventores y compradores deberían ser devueltas a sus dueños, que son los ciudadanos. Pero lo hecho hasta ahora por el gobierno con YPF, Aguas Argentinas y las concesionarias de rutas y trenes, por dar unos ejemplos, no se diferencia de lo que viene haciendo el carnicero para seducir a la vecina. La derecha argentina, bien lo sabe, no tiene de qué preocuparse.
