Cidaf. Angola, Congo-Brazza, Guinea Ecuatorial

La ONG británica Global Witness ha publicado el 25 de marzo de este año un Informe, titulado Tiempo para la transparencia, que pone de relieve la escandalosa situación de varios países ricos, inmensamente en más de un caso, en recursos naturales cuyas poblaciones malviven en la pobreza, si no en la miseria. La riqueza de todos es acaparada por unos pocos y las compañías transnacionales son cómplices y parte activa en este saqueo. Global Witness denuncia la situación en varios países - reproducimos algunos de los párrafos que el informe dedica a los casos de Angola, Congo-Brazzaville y Guinea Ecuatorial ("Dictatorial") - e insta a gobiernos, instituciones financieras, empresas a adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) por que "Se necesitan un conjunto de políticas conectadas para obligar a las empresas de extracción a que publiquen los pagos que efectúan a los gobiernos país por país, y para obligar a los gobiernos huéspedes a que publiquen lo que recaudan. (...) La transparencia funciona a favor de casi todos los interesados - ciudadanos, empresas, gobiernos donantes y la comunidad internacional en general - excepto para la elite corrupta que engorda gracias a la malversación sistemática de los bienes públicos". "A nivel mundial los ingresos provenientes del petróleo, del gas y de la minería, que deberían financiar el desarrollo económico sostenible, han sido objeto de malversación y mala gestión. Este informe de Global Witness considera cinco ejemplos representativos de este problema: Kazajstán, Congo Brazzaville, Angola, Guinea Ecuatorial y Nauru.

En estos países, los gobiernos ni siquiera facilitan información básica sobre los ingresos que perciben de los recursos naturales. Tampoco las empresas petrolíferas, mineras y de gas publican ninguna información sobre los pagos que efectúan a los gobiernos. Como consecuencia, enormes sumas de dinero no están sujetas a control alguno, y las élites deshonestas pueden extraer todo tipo de 'pagos de facilitación' de las compañías que probablemente preferirían no pagar ningún soborno. Las investigaciones revelan también que algunas empresas han facilitado de buena gana pagos oficiosos, malversación de activos del estado, y otras actividades nefastas como el envío de armas, como parte de un método anticompetitivo y sumergido de obtener negocios con regímenes irresponsables. El ciudadano medio, a quien a menudo pertenecen los recursos de su país en el marco de su constitución, se queda sin la información necesaria para exigir a sus gobiernos que le den cuenta de la gestión de sus recursos. El resultado final es una letanía de corrupción, decadencia social, aumento de la pobreza, refuerzo de gobiernos autoritarios y desasosiego político, que puede en última instancia conducir al fracaso estatal y a la difusión de la inestabilidad a través de las regiones.

Congo Brazzaville es uno de los estados petrolíferos que está más estrechamente asociado con el legado de tráfico de influencias y negocios sucios en África por la hoy notoria empresa petrolífera estatal francesa, Elf Aquitaine (ahora Total). Elf trató el Congo como su colonia, comprando a la élite dirigente y ayudándola a hipotecar los futuros ingresos del país procedentes del petróleo a cambio de muy costosos préstamos. Parece que la empresa incluso llegó a financiar a ambos bandos en la guerra civil, como hizo también en Angola.

Si bien en Francia se ha encarcelado a antiguos funcionarios directivos por la 'estafa de los activos de la empresa', aún sigue en pie su legado de opacidad y contabilidad espeluznante. Pese a las inmensas deudas actuales y un supuesto programa de cooperación con la comunidad internacional para reestructurar las finanzas del Congo, el gobierno ha entrado en tratos aún más arcanos y tortuosos, a fin de evitar que la comunidad internacional y sus propios ciudadanos le sometan a un escrutinio financiero. De hecho, la empresa petrolífera nacional Société Nationale des Pétroles du Congo tiene beneficios de millones de dólares pero, según el FMI, ésta no paga ni un sólo céntimo de su ganancia a las arcas del gobierno.

En Angola, documentos del FMI y otras fuentes presentan nuevas pruebas que confirman las denuncias previamente hechas por Global Witness en cuanto a que, desde 1996, no se ha explicado lo que ha sucedido con la suma de más de mil millones de dólares por año de los ingresos del país derivados del petróleo, que representa casi un cuarto de los ingresos anuales del estado. Entretanto, uno de cada cuatro niños angoleños mueren antes de la edad de cinco años y un millón de angoleños desplazados en el país siguen dependiendo de la ayuda alimentaria internacional. Este informe destaca las últimas revelaciones del escándalo 'Angolagate', en el cual las élites políticas y del mundo de los negocios en Francia, Angola y otros lugares se sirvieron de la guerra civil del país para desviar los ingresos provenientes del petróleo. Hace poco, en una investigación suiza, ha salido a luz que el mismo Presidente Dos Santos ha recibido el pago de millones de dólares. El gobierno continúa en busca de préstamos respaldados por el petróleo y pagando altos intereses que son financiados por estructuras extranjeras opacas e irresponsables. La gran preocupación actual es que la élite de Angola simplemente pasará del pillaje en tiempos de guerra de los activos públicos a especular con la reconstrucción.

En Guinea Ecuatorial, las empresas petrolíferas parecen dispuestas a hacer negocios con el brutal régimen del Presidente Obiang Nguema. El gobierno del país se ha visto empañado por las acusaciones de corrupción, violencia política, abuso de los derechos humanos y narcotráfico. Aunque el 'boom' de la producción petrolífera ha producido un impresionante aumento del PIB, las condiciones de vida continúan siendo de las peores de África. Esto podría ser porque el dinero procedente del petróleo del país esté en el extranjero: recientemente, diversos periodistas han destapado pruebas de que importantes empresas petrolíferas de EE.UU. están realizando pagos directamente en una cuenta bajo el control del Presidente en el Banco Riggs, en el céntrico barrio de Washington DC.

El Banco Riggs se ha encargado de la compra de mansiones de millones de dólares para Obiang y su familia. La relación entre los ingresos del Estado y las finanzas personales del Presidente no parece muy clara. El gobierno mantiene que es completamente abierto y transparente respecto a los ingresos que percibe del petróleo pero, hasta la fecha, la única forma en que la información ha pasado al dominio público ha sido cuando los medios de comunicación internacionales la han llevado hasta allí".

Ramón Arozarena