Barbara Vignaux
Le Monde Diplomatique
Traducido para Rebelión por Rocío Anguiano

El 13 de agosto de 2004, en el campo burundés de Gatumba, fueron asesinados 152 refugiados tutsis congoleños. Esta masacre intensificó las tensiones interétnicas en Burundi, pequeño país fronterizo de Ruanda. Desde entonces, los acuerdos de paz, apadrinados por las Naciones Unidas y la Unión Africana, se enfrentan a serios obstáculos. Estos acuerdos debían alcanzar, antes del 31 de octubre de 2004, la aprobación de una Constitución que repartiera el poder entre hutus y tutsis y la convocatoria de elecciones generales. El Burundi de hoy es la Ruanda de 1994". Este es, con esas u otras palabras, el temor que nos han transmitido dos hombres completamente distintos: Paul Nkunzimana, decano de la facultad de psicología de la Universidad de Bujumbura, y Joseph Ndayizeye, vicepresidente de la liga Iteka ("dignidad" en kirundi), una asociación para la defensa de los derechos humanos. La masacre de 152 refugiados tutsis congoleños (banyamulengues), el 13 de agosto de 2004 en el campo de Gatumba, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC), ha venido a aumentar esta insistente inquietud. Pero además, las tensiones políticas podrían provocar el aplazamiento de las elecciones generales.

Burundi, país olvidado en la sombra mediática del drama ruandés, es de forma regular el escenario de conflictos étnicos aterradores: en los diez días que siguieron al asesinato del presidente Melchior Ndadaye, el 21 de octubre de 1993, a manos de oficiales tutsis, "decenas de miles" de tutsis y de hutus moderados fueron masacrados, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este jefe de Estado, el primero de la etnia hutu, había sido elegido cuatro meses antes, tras las primeras elecciones democráticas del país. La amenaza de genocidio planea sobre este Estado limítrofe de Ruanda. Los acuerdos de paz de Arusha (Tanzania), firmados en agosto de 2000 entre el gobierno y diecisiete partidos políticos, han sido rechazados por los tutsis de la asociación Poder de Autodefensa (PA) y por los hutus de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL). Los cerca de 3 000 rebeldes de las FNL, apoyados por movimientos milenaristas y por las iglesias adventistas locales, mantienen un odio tenaz hacia los tutsis, a los que acusan de fomentar el genocidio de los hutus. Además, fueron ellos quienes revindicaron la responsabilidad de la masacre de Gatumba.
Las maquinaciones de la potencia colonial belga, que prosiguieron en los primeros años de la independencia en 1962, rompieron el equilibrio entre las etnias tutsi, hutu y ganwa (1). Después, fueron los tutsis, aunque eran una minoría (aproximadamente el 20% de la población), los que controlaron las instituciones –especialmente, justicia y ejército- y el partido único de la Unidad para el progreso nacional (Uprona) (2), alimentando resentimiento y desconfianza. Según la tesis oficial, las masacres de 1993 solo fueron la expresión de la "ira popular" frente a la negativa de los tutsis a aceptar el veredicto de las urnas.
Hay dos cosas que hacen dudar de esta "espontaneidad". En primer lugar, los tutsis fueron agrupados, con distintos pretextos, en las escuelas, las iglesias o las oficinas comunales, antes de ser allí masacrados. Además, en 1996, una comisión de investigación de las Naciones Unidas calificó estas masacres de "acto de genocidio" y en una resolución de 5 de marzo del mismo año, el Consejo del Seguridad incluso se manifestó: "profundamente preocupado por los actos de violencia que se cometen en Burundi y por la incitación al odio étnico y a la violencia que siguen difundiendo algunas cadenas de radio, así como por la proliferación de las llamadas a la exclusión y al genocidio". Al recuerdo de esos crímenes se añade otro motivo de preocupación: la permeabilidad de las fronteras en el África de los Grandes Lagos y la dimensión regional del conflicto hutus/tutsis, cuyo último ejemplo ha sido la matanza de Gatumba. En Burundi, la rebelión armada hutu está vinculada a las milicias ruandesas interahamwe, responsables del genocidio de 1994, que actúan en la RDC.
Las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD), creadas por partidarios del asesinado presidente Ndadaye y que constituyen el principal grupo rebelde con más de 10 000 hombres, firmaron un alto el fuego en diciembre de 2002. En contrapartida, obtuvieron varios puestos en el gobierno de transición formado en noviembre de 2001 y presidido, desde mayo de 2003, por el hutu Domitien Ndayizeye. Un equipo provisional pluriétnico, compuesto por representantes de la Uprona y dos partidos con predomino hutu, el Frente para la Democracia de Burundi (Frodebu) y las FDD, quedaron a cargo de la redacción de una nueva constitución y la organización de elecciones generales antes del 31 de octubre de 2004, en lo que constituye un tremendo desafío: el 6 de agosto de 2004, en Pretoria, se firmó un acuerdo para repartir el poder entre tutsis y hutus tras cuatro años de negociaciones, pero no lo firmaron ni la Uprona ni las FNL. Este acuerdo prevé el 40% de los cargos para los tutsis y el 60% para los hutus. Además, el proyecto de Constitución, que fue aprobado por los hutus, ha sido rechazado por los partidos tutsis.
En este peligroso contexto, agravado por el estancamiento del proceso de paz en la RDC y la rigidez del régimen de Kigali, la comunidad burundesa tutsi teme una "solución final" a la ruandesa. Es cierto que tras diez años de una guerra civil que habría causado al menos 300 000 muertos, la calma ha vuelto a la mayor parte del territorio. Los combates, esporádicos se concentran en una zona del territorio alrededor de la capital, Bujumbara rural, feudo de las FNL. Sin embargo, para los tutsis, el peligro persiste. Los acuerdos de reconciliación de Pretoria, firmados el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2003 bajo los auspicios de Nelson Mandela, prevén la creación de un ejercito nacional que integre elementos gubernamentales y de las fuerzas rebeldes (3). La primera unidad mixta se creó en abril de 2004. Ahora bien, la incorporación de los rebeldes hutus diluirá la homogeneidad étnica (tutsi) hasta ahora muy marcada de los mandos del ejercito. Al mismo tiempo, el acantonamiento y el desarme de los antiguos combatientes, que se calculan en varias docenas de miles, apenas progresa.
Además, el progresivo regreso de los refugiados de Tanzania reforzará el predominio demográfico de los hutus, quizá a unas pocas semanas de las elecciones. La emigración hutu se remonta a la sangrienta represión de la tentativa de golpe de estado de 1972, en la que, según la ONU, el ejército, dirigido por los tutsis, habría masacrado a 250 000 hutus. Desde 2002, habrían entrado en Burundi más de 150 000 refugiados y antes de que acabe 2004, se espera que lleguen aproximadamente otros 150 000, sobre un total de 800 000 refugiados. Burundi, cuya población es de 6,8 millones de habitantes, cuenta además con 280 000 desplazados permanentes y entre 40 000 y 60 000 desplazados temporales cada mes, especialmente en el Bujumbura rural (4). En este país en un 90% agrícola, el retorno de los refugiados y de los desplazados agudizará el problema fundamental: la densidad demográfica alcanza 250 habitantes por km2 y la superficie media de la explotación familiar no supera la media hectárea. Además, las tierras abandonadas en 1972 y en 1993 han sido ocupadas, ya que las masacres representaron una buena ocasión para deshacerse de los vecinos cuya propiedad se codiciaba. Con el fin de reducir los litigios, el gobierno decidió que los refugiados de 1972 no podrían reivindicar sus propiedades, al contrario que los de 1993.
Guardaespaldas para los antiguos asesinos.
Dado que todavía no se ha iniciado el censo electoral, la votación prevista para el otoño de 2004 podría ser aplazada, mientras que los hutus piensan todavía que la victoria electoral de 1993 les fue robada. Es cierto que, señala Silvestre Barancira, el (único) psiquiatra del país, "la gente ya no se dejaría agrupar [para ser asesinada] como en 1993". Pero la instauración en Bujumbura de un poder hutu fuerte podría provocar el retorno de las milicias interahamwes de la RDC y una reacción de la Ruanda del presidente Paul Kagamé. Además, tras la matanza de Gatumba, el jefe del Estado ruandés denunció la impotencia de la comunidad internacional.
La formación de un gobierno mixto, prevista tras las elecciones, aviva las discusiones sobre las cuotas étnicas que servirán de base a su composición. Los tutsis, que temen ser apartados del poder, piden que se mantenga, en el Parlamento, en el gobierno, en el ejército y en la administración, el reparto que rige las instituciones transitorias: el 40% para los tutsis y el 60% para los hutus. Pero el acuerdo base del 6 de agosto no aleja todos los temores: para Venant Bamboneyeho presidente de la asociación AC Genocidio, que por lo demás no ve otra alternativa, las cuotas son una "maldición": "¿Y por qué no poner la etnia en el carné de identidad?" exclama "Eso es lo que llevó a Ruanda a la catástrofe: para seleccionar a la gente se le pedía el carné de identidad".
En octubre de 2003, se puso en marcha una fuerza de paz gestionada por la Unión Africana (UA). Sin embargo, la cercanía de las elecciones, junto con las dificultades de gestión y financiación encontradas por la UA, en su primera experiencia de este tipo, han convencido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) de retomar el control de las operaciones y de elevar los efectivos de 2 800 a 5 000 hombres. La ONU, que, en virtud de los acuerdos de Arusha firmados en agosto de 2002, se comprometió a proteger a los refugiados hutus, se encuentra ahora en la delicada situación de tener que proveer de guardaespaldas a los antiguos asesinos, con el antecedente de la desastrosa experiencia de Ruanda.
El enfrentamiento durante décadas de violencia pesa sobre el proceso de reconciliación. La ONU se muestra aún hoy incapaz de constituir una comisión internacional de investigación y un tribunal penal internacional ad hoc, como se preveía en los acuerdos de Arusha. En lo que concierne a los hechos, el imperativo de reconciliación es contrario al de justicia: los protocolos de Pretoria concedieron la inmunidad a los soldados y a los antiguos rebeldes en términos bastante vagos para ser definitivos. Ofreciéndoles un puesto en el gobierno "se ha recompensado a la gente que más ha asesinado", concluye Ndayizeye de la liga Iteka. Por otra parte, la ley de represión del crimen de genocidio, de los crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, promulgada el pasado mes de mayo, es tan compleja que, en realidad, es imposible aplicarla. Según la asociación Abogados Sin Fronteras (ASF) solo se habría encarcelado a 8 000 personas por el "contencioso de 1993", frente a las más de 110 000 del genocidio ruandés. Ahora bien, juzgar a esos presuntos genocidas ruandeses va a resultar difícil: "Las personas detenidas se niegan a comparecer ya que piensan que la amnistía provisional de la que se beneficiaron los dirigentes en el exilio debería serles aplicada. Además, afirman que las masacres de 1993 fueron reciprocas, pero solo se ha arrestado a los hutus" explica Fidel Luvengika Nsita, abogado colegiado en Bruselas y jefe de la misión de ASF en Bujumbura.
Cuando, a pesar de estas dificultades, se llega a dictar una sentencia, su aplicación resulta una excepción: "Hasta hoy, ninguna de las victimas ha recibido una indemnización. En total, la cantidad de condenados que han sido ejecutados no llega ni a diez" explica Etienne Ntiyankundiye, abogado miembro de AC Genocidio. Dado que la justicia se encuentra saturada, el 90% de los casos han sido aplazados. Para colmo, el demandante debe alimentar al acusado durante toda la fase de instrucción, lo que desanima a muchas victimas en un país clasificado en el tercer puesto de los más pobres del mundo.
"Los ruandeses han identificado el mal, lo que no ha ocurrido aquí. La justicia perfecta no existe, pero al menos en Ruanda existe una justicia simbólica. El deber de mantener la memoria y el destino de los supervivientes allí se toman en serio", señala Bamboneyeho. Las organizaciones tutsis siguen pidiendo que se reconozca el "genocidio" de 1993 y luchando contra esta "forma de revisionismo" que consiste en hablar de ello "en plural". Estas reivindicaciones chocan con una gran dificultad: ¿Cómo calificar una "intención" o una "tentativa" de genocidio? ¿Qué pasa con los sucesos de 1972?
En julio de 2002, el gobierno burundés pidió la creación de una nueva comisión internacional, encargada de investigar las masacres cometidas, esta vez, después de la independencia. Este es el principal problema de la cuestión étnica en Burundi: "cada uno habla de su genocidio", resume Esdras Ndikumana, corresponsal de Radio France Internationale en Bujumbara. Adrien Sindayigaya, director adjunto de Ijambo ("palabra" en kirundi), una radio que aboga por la reconciliación, habla de un "doble genocidio": 1972 y 1993. Así, se ha creado un círculo vicioso de venganza: entre los genocidas de 1993 se encontraban los huérfanos de 1972 y entre los primeros asesinados, los antiguos asesinos.
Además de la creación de la comisión nacional Verdad y Reconciliación (cuyo proyecto de ley fue aprobado a principios de septiembre), los acuerdos de Arusha habían previsto la instauración de un comité científico encargado de escribir, con todas las ambigüedades que comporta semejante ejercicio, la historia de Burundi desde sus orígenes. Bajo la protección de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el comité reúne a historiadores burundeses y extranjeros de distintas sensibilidades y debe redactar una obra de referencia, base de los futuros manuales escolares del país. Para Emile Mworoha, presidente de la célula de organización en Bujumbura, historiador, diputado y ex ministro de cultura "un proyecto así debe permitir la reconciliación de los burundeses con ellos mismos y con su historia". ¿Puede la historia reconciliar a un pueblo dividido? Para Jean-Pierre Chrétien, historiador francés del comité, podría al menos contribuir a rescatar aspectos políticos y sociales que han sido desechados con demasiada frecuencia en beneficio de una lectura "racial" de los hechos.
Sean cuales sean sus raíces "la etnicidad, causada por los sangrientos enfrentamientos es muy real" considera Barancira. Los términos "tutsi" y "hutu", que sus vecinos ruandeses pronuncian en voz baja, se oyen sin cesar en boca de los burundeses. El debate sobre el reparto étnico del poder es revelador de las dificultades para conjugar esta realidad basada en identidades con el principio democrático "un hombre, un voto". Una solución duradera para la crisis de Burundi está todavía por inventar.
(1) Bélgica consolidó e instrumentalizó las diferencias étnicas. Además, sería la responsable del asesinato en 1961 del primer ministro Louis Rwagasore, cuyos orígenes principescos garantizaban la autoridad antes de la proclamación de la República, en 1966. Véase Jean-Claude Willame "Aux sources de l’hécatombe rwandaise", Cahiers africains, nº 14, L’Harmattan, Paris, 1995.
(2) Véase Colette Braeckman, "L’Interminable descente aux enfers du Burundi", Le Monde diplomatique, julio de 1995.
(3) Véase Willy Nindorea, "Médiations tanzaniennes dans les Grands Lacs", Le Monde diplomatique, octubre de 2002.
(4) Véase Les Civils dans la guerre au Burundi : victimes au quotidien, Human Rights Watch, diciembre de 2003.