El Movimiento Pachakutik, brazo político de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentó un proyecto de ley que prevé la convocatoria de referendos para revocar los mandatos presidenciales.

EL Universo

Ricardo Ulcuango, diputado de Pachakutik, presentó al Parlamento unicameral ecuatoriano una propuesta que incluye también normas para la revocación del cargo del vicepresidente y de "todos los dignatarios de elección popular".
La reforma, explicó Ulcuango, permitiría crear mecanismos legales para hacer viable la voluntad popular, "cuando ésta determine que la acción de los funcionarios carece de legitimidad".
Según este legislador, la revocación del mandato obligará a las autoridades a trabajar en pro de los intereses de las mayorías, con lo cuál se pondría un freno a la posibilidad de corrupción gubernamental.
La propuesta de los indígenas se conoce mientras fuerzas de la oposición intentan procesar en la Cámara al jefe del Estado, Lucio Gutiérrez, a quien acusan de presunta "traición a la Patria" y de "uso indebido de recursos públicos".
Eduardo Vargas, asesor del grupo parlamentario indígena, comentó a EFE que la propuesta "no tiene una dedicatoria" concreta contra Gutiérrez, aunque opinó que el actual presidente ha dado motivos para que la oposición insinúe varias alternativas orientadas a recortar su período.
Explicó que con esa posible nueva ley el Tribunal Supremo Electoral podría convocar un referendo cuando el 25 por ciento de la población apruebe el proceso.
El referendo tendría efecto inmediato si la mayoría absoluta de los sufragios condenan a los funcionarios, añadió Vargas al precisar que si se trata del jefe del Estado éste sería sustituido por el vicepresidente, o si éste también es censurado por el presidente del Congreso.
El proyecto establece que el gobernante sustituto tendría la obligación de convocar elecciones generales en un plazo máximo de tres meses, con el fin de que la población designe a las nuevas autoridades por el periodo que le faltara cumplir al destituido.
Además, apuntó que la historia reciente de Ecuador da claras muestras de "rupturas democráticas" o momentos de crisis institucional, que se han solucionado con destituciones de varios gobernantes en procesos poco claros.
Mencionó, por ejemplo, la destitución del como presidente de Abdalá Bucaram en 1997, tras escasos seis meses en el poder, cuando el Congreso lo declaró "incapaz mental para gobernar", aunque no hubo un juicio médico que avalara ese fallo.
A Bucaram le sucedió por dos días su vicepresidenta Rosalía Arteaga, y luego el Congreso designó a Fabián Alarcón como presidente interino, en un proceso confuso en el Congreso.
También recordó el derrocamiento de Jamil Mahuad, en enero de 2000, después de una insurrección civil y militar que discurrió en medio de una farragosa situación institucional, con dos triunviratos efímeros que se disolvieron para entregar el poder al entonces vicepresidente, Gustavo Noboa.
Vargas comentó que en esos dos procesos la población tuvo una activa participación, aunque al final fue aislada por los políticos en la búsqueda de soluciones.
Con la ley sobre la revocación se "evitaría recurrir a rupturas democráticas como la única salida frente a las crisis provocadas por mandatos antipopulares", dijo Vargas.
Sin embargo, reconoció que la propuesta ha originado resistencias en los partidos políticos tradicionales, que según dijo podrían estar "asustados de que en algún momento la ley se vuelva contra ellos".
Según el asesor parlamentario, para la aprobación de la propuesta "se necesita la voluntad política de los partidos", pero agregó que ahora hay una "coyuntura favorable para comenzar este debate".
Excluyó que el proyecto legal esté inspirado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, aunque admitió que en su elaboración se usó el principio de "derecho comparado".
Vargas precisó que el proyecto ha sido apoyado por varios legisladores del izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD), Izquierda Democrática (socialdemócrata), e incluso por la legisladora Ximena Bohórquez, esposa del presidente Lucio Gutiérrez.