Así lo hizo saber la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Agosto 6 de 2004 En un comunicado, la agencia de la ONU lamentó el "desenlace fatal" de estos hechos ocurridos el jueves en el municipio de Saravena, en el conflictivo departamento de Arauca, cuando según los militares los sindicalistas estaban reunidos en una vivienda con rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y se enfrentaron a tiros con la tropa.
La ONU solicita a las autoridades competentes garantizar una investigación imparcial, rápida y efectiva de los hechos acaecidos en Caño Seco (Saravena)", subrayó la nota.
La delegación recordó que dos de los dirigentes muertos, Jorge Prieto y Héctor Martínez, contaban desde 2002 con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los sindicatos y organismos de derechos humanos rechazaron la acción del Ejército, asegurando que fue una "ejecución extrajudicial".
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Rodríguez, consideró "temeraria" la versión oficial. "No sé de dónde sacan que eran guerrilleros, declaró.
"Estos hechos muestran la continuidad de la política de exterminio contra el sindicalismo colombiano", dijo Rodríguez.
Al denunciar que existe un "complot" contra el movimiento obrero, Rodríguez exigió una investigación independiente y reveló que la CUT denunció el miércoles ante el Gobierno un plan de los paramilitares de extrema derecha para asesinar a la dirigencia sindical de Arauca.
Por su parte, el general Luis García, comandante de la II División militar, dijo que Prieto, Martínez y Leonel Goyeneche estaban en posesión de dos pistolas, tres tacos de dinamita y cuatro metros de cordón detonante, y que dispararon contra los militares por lo que fueron "dados de baja".
Pero Gloria Flórez, directora de la organización privada Minga, indicó el viernes que según un testigo los sindicalistas "fueron sacados por el Ejército de una casa y ejecutados extrajudicialmente".
Prieto era presidente en Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (Anthoc), Goyeneche tesorero regional de la CUT, y Martínez dirigente de una asociación campesina.
En la acción fueron capturados Samuel Morales, presidente en Arauca de la CUT, y Raquel Castro, también sindicalista.
El Gobierno aseguró que los sindicalistas tenían vínculos con el Eln, mientras que la Fiscalía confirmó el viernes que tenían orden de arresto.
"Efectivamente se trataba de dirigentes sindicales, pero también estaban metidos, según los informes de inteligencia, en actividades no relacionadas con su trabajo", afirmó el vicepresidente Francisco Santos.
Domingo Tovar, responsable de derechos humanos de la CUT, aseguró el viernes a la AFP que sólo Morales tenía orden de captura, y recordó que Goyeneche y Martínez estuvieron presos 14 meses tras ser capturados a fines de 2002, pero fueron absueltos.
Los tres sindicalistas habían denunciado violaciones de los derechos humanos en Arauca, incluido un bombardeo de la aviación militar que mató a 18 campesinos en diciembre de 1998, por el cual el Estado fue condenado en mayo último, recordaron fuentes de su entorno.
Durante una ceremonia militar, el presidente Alvaro Uribe reiteró el viernes el compromiso del Gobierno con la seguridad de los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos. "Renovemos hoy nuestro compromiso de proteger al sindicalista y al empresario, a la comunidad indígena o a la afrocolombiana, al habitante urbano de la zona de riesgo", dijo.
Según la CUT, sólo desde el año 2000 han sido asesinados 574 sindicalistas en Colombia, país al cual organismos internacionales consideran el más peligroso del mundo para ejercer esa actividad.
Con AFP