No cesan las atrocidades y montajes en las diferentes regiones de Colombia. La
instauración de laboratorios de guerra que desde la tétrica seguridad
democrática agencia la corte narcoparamilitar, con Álvaro Uribe Vélez a la
cabeza, viene de manera sistemática desangrando el diario vivir de una patria
saqueada y asesinada por los que se reclaman dueños de la nación.
Es así como al departamento de Arauca, al oriente del país, lo siguen
convirtiendo en un territorio presa del terrorismo de Estado. El pasado 6 de
agosto, unidades del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro asesinaron a tres
reconocidos líderes sindicales que se habían caracterizado por su entrega
permanente a la defensa de su región y de los derechos humanos.
En el municipio de Saravena, vereda Caño Seco (Arauca), los dirigentes
sindicales LEONEL COYONECHE de la Dirección Regional de la CUT (Central Unitaria
de Trabajadores), JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUSERO presidente de la Asociación
Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTOHC) y HECTOR ALIRIO MARTINEZ,
Presidente del Sindicato Agrario, fueron ultrajados y masacrados.
En el mismo hecho fueron también detenidos los líderes sindicales SAMUEL MORALES
FLOREZ, presidente de la CUT, subdirectiva de Arauca y RAQUEL CASTRO CAICEDO,
dirigente sindical del magisterio.
A pesar de que estos destacados dirigentes ya habían denunciado en meses
anteriores la iniciación de un "plan pistola", diseñado por el ejército y los
paramilitares contra el movimiento sindical y popular de Arauca, el gobierno
nacional fue, una vez más, indiferente ante las denuncias para permitir dar
rienda suelta a su estrategia fascista.
Los tres líderes sindicales asesinados contaban con medidas cautelares de
protección, expedidas en el año 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA. Sus vidas fueron amenazadas desde el momento que comenzaron a
denunciar, nacional e internacionalmente, el bombardeo de la aviación militar
que mató a 18 campesinos en diciembre de 1998, por el cual el Estado fue
condenado en mayo del año en curso.
Ya unos meses atrás los paramilitares habían asesinado a 11 personas,
desparecieron a otra, produjeron el desplazamiento de 100 familias, hurtaron
innumerables bienes materiales y cometieron otros actos de terrorismo contra los
habitantes de la zona rural de Tame.
El pueblo araucano se ha caracterizado por un gran nivel de organización
comunitaria. El empuje por ver a su región próspera lo ha llevado a exigir ante
el gobierno nacional el cumplimiento de sus justos derechos, como por ejemplo la
inversión social que por concepto de regalías genera la producción del petróleo,
recursos estos que siguen quedando en el bolsillo de los politiqueros corruptos.
Además, esta región es la gran despensa agropecuaria que alimenta a Bogotá,
Cúcuta, Bucaramanga y Venezuela. Por la inmensa variedad de recursos naturales
del departamento, es que sus pobladores se organizan y reclaman lo que les
pertenece.
La respuesta del gobierno ha sido de represión e ir convirtiendo a Arauca en un
laboratorio de guerra que le permita capitalizar toda la riqueza de la región,
otorgando jugosos contratos a conocidos paramilitares, como el caso del
exgeneral Rito Alejo Del Río.
Por otro lado se ha continuado el saqueo a manos de empresas extranjeras como la
OXY y la Repsol, quienes vienen también perjudicando y exterminando las culturas
indígenas U´was y Sikuanis.
Recordemos que desde el año 2001 la administración de Arauca pasó a manos
directas del presidente de la república, primero a través de un gobernador
militar y ahora con gobernador paramilitar. De ahí que la situación que viven
los araucanos es de continua guerra. Arauca es el departamento más militarizado
del país y, por si fuera poco, tiene una base militar gringa.
La beligerancia justa de sus líderes y organizaciones la han estigmatizado
calificándola de delincuencial y terrorista, tal como en este último crimen lo
aseveró Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, al señalar que los tres
líderes sindicales además de ser delincuentes, estaban vinculados al ELN.
El asesinato de 574 dirigentes sindicales entre el año 2000 y lo corrido del
2004, evidencia el plan de exterminio que en las últimas décadas se ha venido
perpetrando, de manera impune, contra el movimiento sindical colombiano. Estos
hechos ratifican lastimosamente que Colombia es el país más peligroso del mundo
para ejercer esa actividad.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sigue descansando sobre la estructura de
guerra sucia y otorga beneficios de protección a las transnacionales y a la
oligarquía narcoparamilitar, que no cesa de enriquecerse. Es así como funciona
la "seguridad democrática".
Por otro lado, no olvidemos que la incidencia del ejecutivo en la rama judicial
es cada vez más descarada. Por eso, no solo estigmatiza al dirigente sindical,
sino que también permite que el ejército manipule las pruebas y haga montajes,
tal como pretende hacer con los tres dirigentes asesinados, al decir que "ellos
eran miembros de la guerrilla y murieron en combate", cuando en realidad fueron
sacados de la casa y fusilados.
La estrategia del terrorismo de Estado sigue materializando su obra. Arauca es
ahora su punta de lanza. Paramilitarizan la administración departamental,
incrementan el pie de fuerza en combinación y complacencia con los
paramilitares, ejecutan crímenes selectivos y masacres, ocasionan grandes
desplazamientos para adueñarse por la vía de la violencia de la propiedades que
con sudor ha logrado construir la población, adelantan periódicamente
allanamientos y detenciones masivas, penalizan la protesta social y sindical.
Con todo esto Uribe Vélez quiere seguir consolidando su proyecto de exterminio
en Arauca para después desarrollarlo en todo el país.
Este gobierno necesita mostrar resultados al imperialismo, por eso se desborda
salvajemente en complacerlo, para no perder las prebendas que recoge a costa de
la sangre de los colombianos. De paso garantiza al gobierno de los EEUU para
que, desde Arauca, se siga conspirando contra el legítimo gobierno de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
Creemos que la gran respuesta de masas que viene haciendo la comunidad de
Arauca, a raíz del crimen perpetrado contra los tres dirigentes sindicales, debe
reproducirse a nivel nacional. El movimiento social colombiano tiene el derecho
a revelarse contra todo tipo de opresión, a movilizarse, denunciar y
desenmascarar la estructura terrorista del Estado colombiano.
El pueblo está obligado a no dejarse matar. A no permitir el flagelo del exilio
dentro de su mismo país. Mantenernos en resistencia beligerante ha de ser
siempre nuestra actitud progresista y revolucionaria.
El terrorismo del imperio, desdoblado hoy por hoy en Álvaro Uribe Vélez, sus
Generales y los capos del narcoparamilitarismo, habrán de caer gracias a la
acción decidida de un pueblo que viene levantándose, haciendo conciencia de su
historia, de su valentía y de su coherencia en el diseño político, social y
humano de un nuevo país. El EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL, siempre mantendrá su compromiso
revolucionario y contribuirá a aportar sus ideas al lado de las otras
organizaciones hermanas, para que junto al movimiento social colombiano,
logremos derrotar a los que pretenden acabar la esperanza de los araucanos y de
las demás regiones del país.
La impunidad, el genocidio, la seguridad democrática, el Plan Colombia y el Plan
Patriota, el paramilitarismo y la ofensiva mediática, son hijos de un sistema
que pretende globalizar a su antojo el futuro de nuestro país y del mundo.
Por eso, nuestro pueblo se levanta y se organiza. Nosotros, con las otras
guerrillas revolucionarias acompañamos, desde todos los espacios posibles, la
materialización de los sueños realizables: una Colombia libre, digna de ser
vivida por una nueva generación de colombianos dispuestos a recuperar y defender
lo que nos pertenece.
El asesinato de estos tres líderes sindicales, que pagaron con sus vidas el
precio de la lucha por la conquista de los derechos, señala la necesidad de
crear y fortalecer un gran movimiento social y político que sea capaz de generar
un nuevo escenario para poner fin al conflicto social y armado en Colombia.
